En Ecuador, la muerte de al menos cinco criminales de alto perfil en los últimos diez años ha sido puesta en duda por las autoridades. Grietas en los procedimientos del Estado, debilidades en la identificación de cadáveres e inconsistencias entre las versiones del SNAI y la Policía arropan con un velo de sospechas la veracidad de estos fallecimientos.
*La Historia se suma a una alianza conformada por nueve medios ecuatorianos para la difusión de esta investigación de la Plataforma para el Periodismo en las Américas, CONNECTAS.
Cuando están en la cúspide, algunos criminales sueñan con ser invisibles para evitar a sus enemigos. Y en Ecuador, al menos dos han fingido su muerte y otros tres han dejado una estela de inconsistencias, dudas e impunidad tras el reporte oficial de su fallecimiento.
El caso más significativo es el de Leandro Antonio Norero Tigua, señalado como financista de bandas delictivas como Lobos, Tiguerones y Chone Killers que, con un proceso abierto por narcotráfico en Ecuador en 2018, no tuvo obstáculos para hacerse pasar por muerto. En octubre de 2021, una banda conocida como Los Fantasmas, difundió un video que lo señalaba como cabeza de organizaciones narco criminales. Algo que para ese momento parecía descabellado, físicamente imposible, porque luego de que Perú inició un proceso por narcotráfico en su contra —que venía con una solicitud de extradición— su defensa presentó un certificado que aseguraba que Norero había fallecido por covid-19 en 2020.
Ese mismo año, aunque estaba ‘muerto’, Norero pagó de impuesto a la renta en Ecuador 50.394 dólares, mientras en 2019 había pagado 8.375 dólares, según información del sitio web del Servicio de Rentas Internas (SRI). Además, en 2021, fue registrado como accionista de Ashimha-Life, según consta en la web de la Superintendencia de Compañías de Ecuador. Esa empresa es, a su vez, accionista de Avilmat, que en 2021 obtuvo dos contratos con el Municipio de Manta, en Manabí, por más de tres millones de dólares.
Hasta que, en mayo de 2022, el exministro del Interior, Patricio Carrillo, anunció que se había dado un golpe a contra la cabeza de una importante estructura criminal. Se trató del allanamiento de la mansión de Leadro Norero, donde hallaron USD 6.5 millones en efectivo, 42 lingotes de oro, así como decenas de relojes y bolsos de lujo, entre otros artículos de valor. Además del narxo, tres de sus familiares fueron detenidos.
El caso de Norero parece absurdo, pero no es el único. El Estado ecuatoriano no ha podido eliminar las dudas sobre las muertes de al menos otros cuatro criminales de alto perfil en los últimos diez años. Policías, funcionarios y exaltos funcionarios dudan de la muerte de Wilmer Chavarría alias Pipo, líder de Los Lobos; Junior Roldán, cabecilla de Las Águilas; Freddy Anchundia, líder de los R7 y Pablo Miguel Córdova Coronel, procesado por narcotráfico.
A través de consultas con funcionarios y exfuncionarios, análisis sobre el contexto de sus muertes, revisión de certificados de defunción y seguimiento al patrimonio de los implicados, esta investigación periodística ha identificado fallas importantes en los procedimientos de instituciones del Estado, debilidades en la identificación de cadáveres y descoordinación en la cooperación judicial, que hacen factible que los narcotraficantes utilicen la táctica de hacerse pasar por muertos para desaparecer.
La segunda muerte oficial de Leandro Norero Tigua —esta vez dentro de la cárcel de Cotopaxi— fue anunciada el 3 de octubre de 2022 por el SNAI, justo el día que iba a ser vinculado a un nuevo proceso penal por narcotráfico, la tercera causa en su contra.
Un año después, con sustento en los teléfonos celulares incautados en la celda de Norero, la Fiscalía emprendió la investigación Metástasis, que desnudó los nexos entre el narcotráfico, la justicia y la fuerza pública ecuatoriana. Hubo cerca de 40 capturas, incluida la del presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Wilman Terán. Así como jueces y oficiles de policía que aparecían en los chats de alias ‘El Patrón’. Entonces se hizo evidente la relación entre Norero y el director de las prisiones ecuatorianas y ex director Antinarcóticos de la Policía, Pablo Ramírez. Luego del destape del caso Metástasis, la Fiscalía asignó a un grupo de agentes la investigación de la muerte del narcotraficante.
En febrero de 2024, bajo requerimiento de esta investigación, se difundió el informe de la autopsia realizada a Leandro Norero, en la que se detalla que su cuerpo estaba “desnudo, decapitado, desmembrado, con múltiples lesiones cortopunzantes y con signos de quemaduras”, y que fue analizado por los forenses el 5 de octubre de 2022, dos días después de su asesinato.
Pero no fue hasta octubre de 2023, un año después de su muerte, que se realizó un informe de cotejamiento genético de hermandad entre las muestras de sangre tomadas a Leandro Norero y a su hermano Israel Norero, que permitió confirmar, al menos para la Fiscalía, su asesinato. La explicación a esta demora es la falta de una base de datos genética para identificar a un cadáver en ese estado. Aún no se conoce dónde fue sepultado Norero.
Las grietas
William Chavarría Barré, alias Pipo y líder de Los Lobos, supuestamente también murió en la cárcel, en una masacre ocurrida en Turi, Cuenca, el 23 de febrero de 2021. Pero el certificado de defunción, al que tuvo acceso esta investigación, describe que alias Pipo falleció por covid-19 en Santo Domingo de los Tsáchilas (a unos 430 km de Cuenca) el mismo 23 de febrero.
Además, en un informe reservado de 2022, la Policía ecuatoriana describe que, aunque Chavarría aparece como muerto por covid-19 para el Estado, “se presume que alias Pipo habría falsificado un acta de defunción como estrategia para despistar a sus enemigos y autoridades”. Incluso, el 19 de abril de 2024, el Gobierno ecuatoriano publicó una lista de objetivos militares entre los que cuenta a alias Pipo.
Es que, «cuando se dan los acontecimientos de masacres (carcelarias) no se sabe quién es quién y cuáles fueron los que realmente fallecieron”, dice por su parte el experto en seguridad Edison Romo. Lo cierto es que desde 2020 en Ecuador es mucho más fácil conseguir un certificado de defunción. Tras la emergencia por Covid-19, el país habilitó una opción en línea para inscribir defunciones. Esto para alivianar la carga de los familiares de las víctimas de la pandemia según explica el entonces director nacional del Registro Civil, Vicente Taiano. Aunque también reconoce que dicha herramienta podría ser mal utilizada, «pero habría que preguntarle a las autoridades actuales qué se está haciendo».
El certificado de defunción habilita otros trámites, como pedir la extinción de la acción penal o el archivo de una investigación de la Fiscalía. El abogado e investigador en violencia política y criminal, Luis Córdova, explica que, en efecto, la acción penal concluye con la muerte del individuo procesado.
Además, en Ecuador existen los certificados de “presunta muerte”, que funcionan igual que un certificado de defunción. Según la Dirección Nacional de Registro Civil, la figura de muerte presunta se inscribe a través de la sentencia emitida por un juez de la materia, que declara la muerte de un ciudadano que se presume se encuentra fallecido.
Uno de los investigados que usó esta figura fue Pablo Córdova Coronel, involucrado en el caso de narcotráfico Huracán de la Frontera. De acuerdo con los documentos a los que tuvo acceso esta investigación, Córdova Coronel tiene un certificado de defunción por presunta muerte. Pero hay sospechas de que así sea. Esto de acuerdo a un alto exfuncionario de la Policía ecuatoriana que pidió reservar su identidad por seguridad.
Las contradicciones sobre cómo y en dónde han muerto algunos de estos criminales, dan cabida a las sospechas. Freddy Marcelo Anchundia Loor, cabecilla de la banda narcocriminal R7, procesado por asesinato, evasión y señalado por el Gobierno de Guillermo Lasso como autor intelectual de dos de las grandes masacres carcelarias perpetradas durante su administración, fue detenido en Manabí en 2016 y trasladado a la cárcel de Turi, en Cuenca. Y en 2022, luego de una matanza en esa prisión, fue enviado a la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca en Guayaquil.
El 8 de noviembre de 2023, el SNAI (Sistema Nacional de Atención a Privados de Libertad) anunció en su cuenta de X que Anchundia había muerto dentro de dicha cárcel. Pero en el certificado de defunción de Anchundia, al que tuvo acceso esta investigación, indica que muerió el mismo día en Puerta Máquina, Antioquia (Colombia), por un presunto ahorcamiento.
Entonces, ¿en dónde murió Freddy Anchundia? Ni el SNAI, ni la Policía, ni la ministra del Interior, Mónica Palencia, han respondido a los requerimientos de información sobre estas inconsistencias asentadas en el Registro Civil de Ecuador.
La de Anchundia no es la primera muerte de un narcotraficante ecuatoriano que se investiga en el vecino país. El cabecilla de Los Águilas, Junior Alexander Roldán Paredes, llegó a controlar prisiones en Guayas, Sucumbíos y Loja. Enfrentó dos condenas por asesinato y estuvo preso desde 2009. El 14 de febrero de 2023 salió de la cárcel de Guayaquil después de que obtuviera una cuestionada calificación de parte del SNAI de “buena conducta” y abandonó la prisión en medio del despliegue de su seguridad armada, lo que provocó un enfrentamiento con la Policía.
Un mes después, sufrió un atentado en cantón El Triunfo, su bastión, se quitó el grillete electrónico y huyó. Hasta que, en mayo de 2023, el entonces comandante de la Policía ecuatoriana, Fausto Salinas, aseguró que su par colombiano le informó de la muerte de Roldán Paredes en el vecino país. En respuesta a un requerimiento de esta investigación periodística, la Fiscalía de Colombia indicó que “el 15 de mayo de 2023 se remitió el aviso consular a Ecuador y se aportó el acta de entrega del cuerpo”.
Alias ‘JR’ fue sepultado en el cementerio de Envigado (Colombia) el 18 de mayo de 2023 y el 12 de septiembre de ese mismo año se conoció que sus restos fueron robados. Supuestos familiares de Junior Roldán intentaron exhumar el cuerpo con documentos forjados y, ante la negativa del encargado del cementerio, se lo llevaron por la fuerza. La investigación del lado colombiano concluyó que sus restos fueron creados y las cenizas llegaron a Ecuador. Así lo Esto según el exsecretario de Seguridad de Envigado, Rafael Betancourt.
La Policía de Colombia respondió que el proceso investigativo por el presunto asesinato de Junior Roldán está activo, en etapa de juzgamiento, mientras en diversos medios circulan alusiones a que sigue vivo en El Triunfo, Guayas, y que no se ha nombrado un sucesor en su banda.
La comandancia de Policía ecuatoriana y la actual ministra del Interior no respondieron a los requerimientos de información enviados por los autores de este reportaje investigativo sobre si están buscando a otros “muertos”, como se evidencia en las múltiples solicitudes que se pueden ver en la investigación completa.
Las grietas en tres instituciones del Estado ecuatoriano: el servicio de prisiones, la identificación de cadáveres y los procedimientos del Registro Civil se suman a la infiltración de la corrupción y alimentan la leyenda de los narcos que operan con impunidad en las sombras.
Si le interesa conocer más sobre los casos ‘sospechosos’ de narcos ecuatorianos presuntamente muertos puede ingresar acá al reportaje completo.
