Yasuní-ITT: Empieza la explotación petrolera en polémico bloque de la Amazonía

Han pasado tres años desde que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, dio luz verde para explotar el bloque petrolero 43 en el Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana, y los primeros barriles de producción comienzan a extraerse. Pero esa no es la única novedad. El también conocido como bloque ITT -pues integra a los campos Ishpingo, Tambacocha y Tiputini- se convirtió tras un anuncio gubernamental en un megayacimiento hidrocarburífero de 1.672 millones de barriles, un 82% más de las reservas calculadas. Una magnífica noticia para un gobierno que busca US$13 000 millones para construir la mayor refinería del país, cuyos avances en estos últimos ocho años se limitan a la compra y relleno del terreno donde será construida, pero que genera desconfianza en agrupaciones ecologistas e indígenas, que advierten un manejo opaco en lo relacionado a la explotación del ITT, un proyecto desarrollado por la empresa pública Petroamazonas.

Ubicado dentro de los límites del cantón Aguarico, provincia de Orellana, gran parte de las 190.000 hectáreas de selva virgen que comprenden el ITT se encuentran dentro de la Reserva Yasuní, uno de los sitios más biodiversos del planeta. Era el más recóndito y único bloque petrolero sin explotar hasta el fracaso de la Iniciativa Yasuní ITT que lanzó el propio Correa en 2007 y proponía dejar bajo tierra reservas que hasta ese entonces se calculaban en 920 millones de barriles. Esto a cambio de una compensación económica de la Comunidad Internacional que no se concretó.

Las previsiones sobre el rendimiento del bloque 43 han aumentado considerablemente desde el nuevo hallazgo. Según dijo el ministro de Sectores Estratégicos Rafael Poveda en una entrevista a Ecuadoradio, la extracción ha superado las expectativas y con el ITT se incorporan más de 20.000 barriles diarios a la producción nacional, que se convertirán en 40.000 hasta finales de año. El pico se alcanzará en 2022 con una productividad de 300.000 barriles día, aseguró el vicepresidente Jorge Glas en una sabatina. Glas subrayó que desde ya se están usando 70 medidas de protección ambiental para minimizar el impacto en la zona. El primer campo del ITT en ser explotado es el Tiputini, ubicado en el límite del Parque Nacional Yasuní.  Progresivamente se desarrollarán los campos al interior de la reserva.

Dudas sobre el incremento de las reservas en el ITT
“Si eso fuera verdad, y si lo pueden explotar, sería la destrucción total de toda el área y la contaminación sería terrible”, sostiene para Mongabay Latam Alexandra Almeida, encargada del área de Petróleos de la ONG Acción Ecológica. Ella parte de que “no existe explotación petrolera limpia ni se trata de tecnología de punta, simplemente esa explotación causa impactos graves a la naturaleza y a la salud de las poblaciones que están ubicadas en estas zonas”. Almeida duda de la veracidad del incremento de reservas en el ITT, atribuido a un estudio de la consultora estadounidense Ryder Scott. Según dice, el anuncio arrastra una serie de irregularidades y podría obedecer a “una estrategia del Gobierno para garantizar reservas petroleras que serían el respaldo de nuevos endeudamientos”.

“Los ecuatorianos nos enteramos de los resultados del estudio, nunca de que hubo una empresa contratada para hacerlo ni con qué objetivo se la contrató”, sostiene. Con ella coincide Patricio Chávez, vocero del colectivo de ambientalistas Yasunidos, que impulsó en 2014 una consulta popular para detener la explotación al interior de la reserva amazónica. Chávez habla de la complicada situación económica que atraviesa el país, que según organismos internacionales como el Banco Mundial decrecerá un 4% este 2016, y hace hincapié en las cifras “confusas” que presenta el Gobierno. Se pregunta, por ejemplo, cómo es que las nuevas reservas de 752 millones de barriles aportarán US$ 19.500 millones a las arcas fiscales, cuando los 920 millones de barriles iniciales estaban valorados en US$ 18.000 millones.

Pero más que el dinero, a Chávez le preocupan los estragos que pueden producirse en el frágil ecosistema del Yasuní, que es además territorio ancestral de la comunidad waorani y hogar de los pueblos indígenas en aislamiento Tagaeri-Taromenane. Según asevera, durante estos tres últimos años el Gobierno y la empresa pública Petroamazonas se han caracterizado por la falta de transparencia respecto del manejo ambiental del bloque 43. Cita por ejemplo, las respuestas evasivas que recibieron del Ministerio de Ambiente a sus intentos de visitar el área de explotación. Yasunidos pretendía trazar la ruta del recorrido pero la moción no fue aceptada por Ambiente. “¿Por qué tanto secretismo del Gobierno si se supone que están haciendo bien las cosas?”, cuestiona el vocero de Yasunidos, e insiste en la conformación de una veeduría independiente integrada por sociedad civil,  delegaciones internacionales y medios de comunicación privados. Hasta entonces le toman el pulso al proyecto a través del contacto permanente que mantienen con las comunidades que viven en la zona, debido a las restricciones para llegar al sitio por la custodia de las Fuerzas Armadas. Mongabay Latam se puso en contacto con el Ministerio de Ambiente y le remitió un cuestionario sobre las medidas de protección ambientales que se han implementado en el ITT, pero aunque la entidad confirmó la recepción del mismo, no ha habido respuesta hasta la fecha.

Asamblea sin fondos
Lo cierto es que ni el legislador indígena Pepe Acacho, integrante del movimiento Pachakutik y de la Comisión  de Biodiversidad, ha podido acceder a la zona hace más de año y medio. Y eso que los miembros de dicha comisión deben acudir cada semestre para verificar el cumplimiento de la Declaratoria de Interés Nacional del bloque 43 y su vecino, el 31, por parte de la Asamblea Nacional, la única vía que da la Constitución ecuatoriana para permitir la explotación petrolera en áreas protegidas.

Acacho sostiene que el Ejecutivo ha enviado durante los tres últimos semestres informes sobre el desarrollo de ambos bloques petroleros, pero para él son solo papeles. “La realidad será diferente, pero no la podemos contrastar porque no nos hemos movilizado en estos últimos meses”. El legislador insiste en la necesidad  de verificar in situ el estado actual del ITT, ya que desde su última visita en enero de 2015 los trabajos han avanzado a pasos acelerados. Por ese motivo envió sendos oficios al presidente de la Comisión de Biodiversidad, Carlos Viteri, y a la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, ambos del partido de gobierno, Alianza País. “Pero me han indicado que por la austeridad económica que atraviesa el país, que también afecta a la Asamblea, no se puede realizar esa actividad que está pendiente año y medio”, lamenta Acacho, y cuestiona desembolsos del Legislativo en viajes, incluso internacionales, que sí realizan diputados oficialistas. “Hay prioridades que tiene que realizar la Asamblea en el marco de la función de Fiscalización, pero se están haciendo otras actividades que no son  muy importantes”.

Sobre el contenido de los informes que entrega cada seis meses el Ejecutivo, Acacho explica que en ellos se detalla “el cumplimiento de los compromisos, respeto al medio ambiente y a los derechos de los pueblos indígenas, implementación de tecnología de punta… en fin, todo es una maravilla en letras, pero no se puede determinar si aquello coincide con la realidad”. Pese a que la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea no tiene los recursos para movilizarse al ITT, la Secretaría de la Gestión de la Política promovió en octubre de 2015 la segunda “veeduría ciudadana” en los bloques 31 y 43 del Yasuní. Los elegidos fueron nueve estudiantes de universidades públicas de la capital, que realizaron un recorrido junto a técnicos de los ministerios de Ambiente, Justicia, Sectores Estratégicos y de la empresa pública Petroamazonas.

La Secretaría de la Gestión Política, que tiene rango de Ministerio y mantiene una activa agenda con movimientos sociales afines al Gobierno, recogió impresiones positivas sobre los trabajos que se efectúan en el Yasuní. “El petróleo se extrae de manera técnica, con correctos planes de remediación ambiental y como vimos, las especies están intactas”, dijo la estudiante politécnica Grace Sevillano en la radio gubernamental La Ciudadana. La encargada de la actividad y subsecretaria de Participación Ciudadana, Rosa Mireya Cárdenas, aseguró en el mismo espacio que la actividad es totalmente inclusiva, tanto que en una primera visita se integró a la veeduría una dirigente de las empleadas domésticas.

Cárdenas también se refirió a la instalación de cámaras trampa en el ITT como elemento para monitorear la presencia de pueblos indígenas en aislamiento. Pero el método no convence al asambleísta Acacho, que considera imposible abarcar un área tan extensa “con 40 cámaras”. “Tenemos información directa de parte de los compañeros waoranis sobre avistamientos y presencia de pueblos aislados en sus cultivos”, comenta. El tema también inquieta a Eduardo Pichilingue, quien estuvo al frente del Plan de Medidas Cautelares del Estado para la protección de los pueblos en aislamiento. Esto a partir de un dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según dice, hace poco visitó comunidades cercanas al ITT y escuchó comentarios similares a los de Acacho.

Tensión en el Yasuní pone en riesgo a  pueblos en aislamiento
Pichilingue relata una larga historia de conflictos y muertes entre indígenas de la etnia waorani, colonos y pueblos aislados, que ponen en peligro la supervivencia de estos últimos, y que antropólogos y entendidos en el tema asocian con la presión que ejerce la expansión de la frontera extractiva. En esa línea sostiene que es indispensable analizar las medidas de mitigación que ahora implementa el Ministerio de Justicia, las mismas que a su entender resultan escasas y poco efectivas. Además, explica que aunque hay indicios de presencia de aislados en el ITT, existen otras zonas del Yasuní donde se realiza actividad petrolera pese a que se ha documentado la presencia de pueblos en aislamiento.

Finalmente se refiere al asesinato del waorani Caiga Baihua a manos de indígenas en aislamiento. Esto ocurrió en enero pasado en la cuenca del río Shiripuno y a varios kilómetros de otro bloque petrolero, el 55 (Armadillo), que opera una empresa bielorrusa.  Un mes después del suceso, el Ministerio de Justicia suscribió un acuerdo de paz con la familia de la víctima a fin de que esta se abstenga de llevar a cabo actos violentos como los ocurridos en 2013, cuando un grupo waorani se sumergió en el espesor de la selva para vengar la muerte de los ancianos Ompore y Buganey y mataron entre 18 y 30 indígenas aislados, aunque el número exacto nunca se confirmó. Pichilingue relata que les ofrecieron una compensación consistente en una vivienda y unas cabañas ecoturísticas para su comunidad. Siete meses después, el ofrecimiento no se concreta. Mongabay Latam intentó por varios medios comunicarse con el Ministerio de Justicia, pero no obtuvo respuesta.

Milagros Aguirre, quien hasta hace poco dirigió la Fundación Alejandro Labaka, que trabaja por el bienestar de las comunidades indígenas y tiene sede en la localidad más cercana al Yasuní, Coca, también hace énfasis en la situación de tensión que se vive al interior del parque. “[Los Tagaeri-Taromenane] tienen miedo de los helicópteros, de las escopetas, de las máquinas que abren caminos… y los otros (waoranis y campesinos) tienen miedo de las lanzas. Y el miedo es mal consejero”.

Reportaje publicado originalmente en Mongabay Latam