Lo cierto es que ya son 22 años de espera y aún no se vislumbra una fecha para que se ejecute una remediación integral y los afectados de la contaminación reciban una compensación por los daños sufridos. El abogado de los afectados, Pablo Fajardo, pronostica que en dos años estaría homologada la sentencia de Lago Agrio en países donde la petrolera Chevron mantiene activos y ellos impulsan demandas. Pero no hay nada seguro.
De hecho, no habrán indemnizaciones individuales y de ejecutarse la sentencia de $9.500 millones, se invertirán en la implementación de un sistema de agua potable que beneficie a las personas que habitan dentro del área de operación de la petrolera, y otras seis medidas de reparación, para las que existe un monto previamente fijado en el dictamen (ver gráfico). Lo más costoso será la “recuperación de las condiciones naturales del suelo”, a la que se podrán destinar hasta $5.396 millones. El presupuesto lo administrará un fideicomiso constituido por el Frente de Defensa de la Amazonía, un brazo del grupo de afectados por Texaco.
Tampoco existe un plan para la remediación de los pasivos que dejó Chevron por parte del gobierno. Este portal solicitó una entrevista con la ministra de Ambiente Lorena Tapia que fue denegada por su apretada agenda. Entonces se consultó del tema vía email y el Ministerio de Ambiente (MAE) aseguró que en el tema Chevron “van a esperar que se resuelvan los litigios para actuar”, y que la solución del caso les dará “claridad sobre las actividades de remediación que efectuaría la petrolera, y por defecto aquellas que deben ser efectuadas por el Estado”. Además, Ambiente mencionó el proyecto CEREPS, que se ejecutó entre 2008 y 2011, Amazonía Vive que está a cargo de Petroamazonas y se encarga de la reparación de pasivos ambientales y el proyecto piloto Paracayu, en el campo petrolero Libertador, donde se ha sembrado 500 árboles nativos y entregado 2000 plantas de cacao para motivar a los sembradores.
Por su parte, el gobernador de Sucumbíos Yofre Poma, que fue alcalde de Lago Agrio en el periodo anterior por Alianza País y que se lanzó sin éxito a la reelección, asegura que no se pueden tocar los pasivos que dejó Texaco porque están inmersos en los arbitrajes internacionales que enfrenta el Ecuador. “Estamos haciendo unas gestiones para, a través de la Procuraduría, se quiten del listado o se aparten de las evidencias a estos pasivos donde hay poblaciones para poder como Estado intervenir, porque por más voluntad que tengamos como gobierno no lo podemos hacer por un tema jurídico”, indicó Poma.
A nivel local, el alcalde de Shushufindi Esgar Silvestre, se rehusó a hablar. Abordado a la salida de su despacho, se declaró incompetente en el tema ambiental. Dijo además que hasta el momento no ha habido acercamiento con el Frente de Defensa de la Amazonía encargado de ejecutar la indemnización de Chevron, pero que van “a estar empoderados en estos aspectos porque es importante que la ciudadanía se sienta favorecida de estos recursos en tantos años de contaminación que hemos sufrido”. Sobre la campaña del gobierno “La mano sucia de Chevron”, Silvestre aseguro que “preferiría que esos recursos que se gastan de tal naturaleza, sean invertidos en obras beneficiosas, en obras de remediación al medio ambiente de la Amazonia”.
La petrolera Chevron ha tenido una posición bien clara y ha dicho que cualquier problema después de acta del finiquito que suscribió con el gobierno de Ecuador en 1998, es problema de Petroamazonas (antes Petroecuador), la compañía estatal que asumió las operaciones después de que la multinacional saliera del país en 1992. La Historia se puso en contacto con el vocero de Chevron James Craig, quien en un inicio aceptó gustoso un pedido de entrevista. Pero una vez formuladas las preguntas, se rehusó a responder. Algunas de las interrogantes eran: ¿Chevron, independientemente de quien es el responsable de la contaminación generada, reconoce que existen afectados en el oriente ecuatoriano?, ¿La compañía ha realizado campañas de asistencia médica y social en las zonas más vulnerables?, ¿Cuánto tiempo más creen que durará esta batalla legal, y cuánto proyectan que se gastará en los distintos países del mundo donde hay causas abiertas contra Chevron?, ¿Ha existido algún acercamiento con los demandantes de Lago Agrio para intentar llegar a un acuerdo?.
Ese enfoque hizo suponer a Craig que no había “un trato equilibrado del tema”. “No hay referencia al masivo fraude de los abogados demandantes, que recurrieron a la corrupción por falta de pruebas. Se omiten 25 años de operación exclusiva de Petroecuador en esos mismos campos y su deplorable récord ambiental. Se ignora la evidencia de intromisión política en el caso, algo instigado por los abogados demandantes”, argumentó el vocero a manera de excusa.
Mientras tanto el tiempo se le acaba a ancianas como Josefina y María. Otros más jóvenes como Jéssica, aún guardan la esperanza de que algún día recibirán un resarcimiento por tantos años de contaminación. Venga de donde venga.
Jessica Isacha se avergüenza un poco cuando explica que su familia no cuenta ni con una letrina.
Este artículo forma parte del reportaje Caso Chevron: Relato de los olvidados.
También puede leer la entrevista realizada a Pablo Fajardo, abogado principal de la Unión de Afectados por Texaco en la demanda contra Chevron, dando click aquí.
