Por Periodismo de Investigación y La Historia
Ha sido un golpe a la transparencia, un apalancamiento a la censura. Ha sido un adulo entre esferas de poder, complementándose entre ellos, forzando una simbiosis que culmina en la impunidad.
No hay otra forma de definir lo hecho por el contralor general subrogante Carlos Riofrío González: calificó a todas las glosas, las órdenes de reintegró, los exámenes especiales y los informes civiles y penales que elaboró la Contraloría General del Estado como información reservada y con ello blindó al menos 32 asambleístas de la actual legislatura, que tienen pendientes en la Contraloría General del Estado.
Todo sucedió en el marco del juicio político al ex contralor Pablo Celi de la Torre. Como parte del proceso la Comisión de Fiscalización solicitó al contralor subrogante que entregue los informes de los 32 asambleístas que la anterior contralora, Valentina Zárate, dijo públicamente que existían. La respuesta de Riofrío fue que se trata de información reservada, personalísima, que entregarla vulnera los derechos de los asambleístas.
El contralor Riofrío, rehén de su miedo, cegajo de un grupo de asambleístas que pueden arruinar su estabilidad laboral, citó la Constitución de Montecristi, la Ley Orgánica de Registro de Datos Públicos, el Código Orgánico Administrativo, la Ley de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Comunicación para impedir entregar los expedientes.
La censura es el rostro de la represión informativa. El contralor Riofrío, sin inocencia, ha confundido una glosa con información privada; les ha dado carácter de confidenciales y personales a todos los informes de responsabilidades y creado un candado de reserva por 15 años.
Con vergüenza para el contralor Riofrío parte de la información que él blindo, Periodismo de Investigación y la Historia se han encargado de agruparla para que todo el país la conozca
Las glosas y procesos legales de asambleístas
La ex contralor subrogante Valentina Zárate en documentos entregados en el periodo de comparecencias al juicio político de Pablo Celi, dijo que 32 asambleístas tenían informes de responsabilidades. De esos 32 asambleístas este portal confirmó que 28 tienen glosas o informes de diversa índole, y que 22 arrastran valores confirmados que deben devolver al Estado.
Los recursos a devolver suman en total 48,2 millones, un dineral. La mayoría de casos, como era de esperarse, están en la bancada Unión por la Esperanza, UNES; le sigue Pachakutik, el Partido Social Cristiano (PSC), dos independientes, uno de la alianza SUMA-PSC y uno de Izquierda Democrática.
El hombre de los USD 34 millones
Las glosas más altas las tiene el asambleísta Pabel Muñoz López, ideólogo de UNES. Este portal intentó comunicarse con él e incluso le dejó un claro mensaje de audio en el que le consultaba las razones por las que tiene que devolver una millonaria suma de dinero.
Por dos glosas, Muñoz López debe pagar USD 34.094.724,10, Además, no tiene oportunidades de continuar con procesos administrativos que permitan caducar o desvanecer esos valores, porque las solicitudes (de recursos de revisión de resoluciones civiles que presentó) ya le fueron negadas. Es decir, sus deudas están en firme.
¿Es justo? Eso intentó preguntarle este portal, sin embargo prefirió el silencio. ¿Persecución? Difícil, porque todo se derivó del informe de auditoría DAI-AI-0835-2016, que se elaboró cuando Alianza País era gobierno. Ese informe de auditoría fue la base para levantar la glosa DNPR-00109-80, un examen especial al arrendamiento de aeronaves de la presidencia que le ordenó pagar USD 19.001.862,62
Otra glosa, la DNPR-00114-80 que se inició en base al informe de auditoría DASE-0014-2016, por el proceso de arrendamiento del Airbus A330 con matrícula HC-COH de Tame, determinó y confirmó la devolución de USD 15.087.861,48. En otras palabras, el ideólogo de la RC está pagando las facturas de Rafael Correa.
Las deudas del terremoto
La asambleísta de UNES, Lyne Katiuska Miranda Giler, tiene una glosa relacionada al Ministerio de Vivienda. El examen especial a los recursos entregados para la recuperación habitacional de los damnificados del terremoto del 16 de abril de 2016 (en un período que va entre abril de 2016 y agosto de 2017), predeterminó una devolución de $4.213.431,04. No hemos podido acceder a información adicional de resoluciones que ratifiquen o desvanezcan el valor de la glosa DNPR-02422-80 que se emitió el 21 de mayo de 2019. Este portal llamó y envió un mensaje a la asambleísta, sin respuesta.
Caso parecido enfrenta la asambleísta María Gabriela Molina Menéndez de UNES, que además es parte de la Comisión de Fiscalización. Su caso se origina cuando se desempeñó como directora distrital de Portoviejo del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Ella registra la glosa DNPR-05385-80 del 2021 que fue predeterminada el 1 de marzo de 2021 y que examinó los procesos de solicitud, calificación y entrega de recursos para operar los subsidios monetarios denominados “Bono de Acogida, alquiler y alimentación”, “Bono de Reinserción Económica y Social”; y, “Bono Emergente para la Atención Humanitaria que se entregaron luego del terremoto del 16 de abril de 2016.
La entidad estableció un monto de $898.655,00 como responsabilidad individual de la hoy asambleísta, de un total $ 8.628.589,00 que representa la glosa y que involucra a mas funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica y Social.
En esta lista también aparece la jefe de bancada de UNES, Raisa Irma Corral Álava, forzada por la CGE a pagar USD 33.000 como parte de las predeterminaciones dictaminadas en la responsabilidad DNPR-05385-80 que se emitió el pasado 1 de marzo de 2021. Corral fue directora distrital de Jama del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Esto por problemas detectados en los procesos de solicitud, calificación y entrega de recursos para operar los subsidios monetarios en favor de las víctimas del terremoto del 16 de abril de 2016.
Rafael y Luisa, unidos por una glosa
En prelación de montos la glosa que la CGE le impuso a la asambleísta Luisa Magdalena González Alcivar, también de UNES, no es tan grande pero es preponderante para entender al círculo más íntimo del ex presidente Rafael Correa. La actual asambleísta, que es una de la guardianas de los grandes secretos del ex presidente, fue glosada en base al informe de auditoria DNA1-0002-2019, que sirvió para levantar la glosa DNPR-01948-80: Examen Especial al uso de los aviones presidenciales y vuelos presidenciales en la Presidencia de la República en el período comprendido 2012- 2017, que predeterminó un faltante total de USD 9.670.445,22.
De ese monto se responsabilizó a González Alcívar por el uso irregular de USD 880.473,47. Este portal llamó al teléfono de la asambleísta, dejó un mensaje en su chat. No hubo respuesta.
Lenín Lara Rivadeneira fue ministro de Justicia y Derechos Humanos en el gobierno de Rafael Correa y luego alcalde de Esmeraldas. Hoy es parte del bloque de asambleístas de UNES y no debe recordar que una de las glosas en su contra, por USD 204.074,32, fue producto de una auditoría –la DPE-GADME-AI-0002-2018- que, paradójicamente, analizó adquisiciones de ínfima cuantía. Es decir, Lara debe pagar esa cifra por irregularidades en las compras menores cuando se desempeñó como alcalde de Esmeraldas
El ex Prefecto de Los Ríos
A otro asambleísta, también de la Comisión de Fiscalización, Marco Stalin Troya Fuertes, se le imputan cuatro glosas. La primera se emitió el 20 de mayo de 2019 y las tres restantes el 23 de septiembre de 2019. Todas se relacionan a sus acciones como prefecto de la provincia de Los Ríos, dentro de análisis de procesos contractuales o exámenes a los ingresos, gastos y anticipos de fondos.
Las cuatro glosas contra el ex prefecto suman una responsabilidad individual de USD 255.497,03. Debido al bloqueo generado por el contralor subrogante, no se pudo determinar si esos valores fueron confirmados, desvanecidos o caducados.
Rosario de glosas
El ex prefecto de Zamora Chinchipe Salvador Quishpe podría rezar un rosario por cada una de las glosas que posee y completar dos novenas. Este portal encontró 20 glosas, que suman un valor total de USD 503.541,24 como valor individual. Sin embargo el monto en firme a pagar que CGE determina hasta el momento es de USD 174.919,04.
Ocho de las glosas que lo responsabilizan se iniciaron por informes de auditoría que se realizaron en 2016, el último año de gobierno del economista Rafael Correa. Esas auditorías se relacionaron a procesos de contratación, liquidación de fondos de cuentas, comodatos, pagos por moras, responsabilidades patronales
Las auditorías que se ejecutaron desde 2017 se relacionan a exámenes técnicos a procesos de contratación, gastos por combustibles y tres exámenes a la construcción de un puente vehicular en el cantón Nangaritza.
Los pendientes de Llori
La presidenta de la Asamblea Nacional, Esperanza Guadalupe Llori Abarca, tiene terror a que se hagan públicas sus glosas y ha dicho que algunas son tan ínfimas que no superan los USD 300. Este portal revisó las cuatro glosas que posee: una del año 2011 y tres correspondientes al 2016, y los montos fácilmente superan los USD 300.
Las glosas de Llori se iniciaron por informes de auditoría en 2007 a las operaciones financieras y administrativas y análisis a las adquisiciones realizadas a la Casa Comercial «Servicios Técnicos Agrícolas, en 2012 a la auditoría a estados financieros, años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 del Gobierno Autónomo Provincial de Orellana, en 2014 al Examen a gastos en publicidad y propaganda entre octubre de 2013 y enero de 2014, y 2015 al examen de ingeniería a la construcción de puentes entre enero de 2011 y agosto de 2014.
Esos informes se derivaron en cuatro glosas que a nivel personal significan el pago de USD 109.739,4. Entre varias impugnaciones que realizó la ex prefecta, logró desvanecer un valor a pagar de USD 30.983,34, pero la CGE le ha confirmado hasta el momento un monto por restituir de USD 78.756,07
Las glosas del terrateniente
En la lista de glosados con altos montos aparece el ex prefecto de Chimborazo Mariano Curicama Guamán. Cuatro glosas en su contra suman USD 107.013,47 y se relacionan a irregularidades en fondos de publicidad, inversiones financieras y en bienes inmuebles.
Tiene a su favor un recurso de revisión y el desvanecimiento y caducidad de USD 250.000 en las glosas que lo señalan como responsable.
Los pendientes de Mariano Curicama vienen desde hace 13 años. Dos informes de auditoría se elaboraron en el 2008, el DR6-0030-2008 por anticipo de fondos y el DR6-0035-2008 por gastos de difusión. Estos informes dieron origen a las glosas 1457-70 y 1466-70, respectivamente.
Luego llegó la glosa 2314-70 que predeterminó, el 15 de agosto de 2012, un monto menor (USD 6732) que hizo un examen especial a la cuenta de bienes inmuebles de la prefectura.
El siguiente año, 2013, se emitieron las glosas 2762-70 y 2801-70, esta última fue un examen al presupuesto institucional del año 2008 y le predeterminó un valor a pagar de USD 60.177.
Los casos de ratonera
El asambleísta Lenin Francisco Mera Cedeño, de UNES tiene seis glosas con valores a pagar en firme de $74.995,52. Las glosas analizaron el período que fue director técnico del Ministerio de Agricultura en la Provincia de Santa Elena.
El asambleísta Hugo Benjamín Cruz Andrade, que fue alcalde del Municipio de El Carmen tambíén es parte de una glosa que CGE originalmente predeterminó en $5.220.243,37 pero nueve resoluciones del organismo desvanecieron 5,1 millones de dólares. El valor confirmado contra el ex alcalde es de $67.774,34.
En abril de 2021 se emitió una nueva glosa contra Cruz en su desempeño como alcalde por $10.783,88.
El asambleísta Washington Julio Varela Salazar, que fue alcalde de Tena y parte de Sociedad Patriótica, fue incluido en 9 predeterminaciones que arrojaron una responsabilidad individual de $379.474,42. El ex alcalde tiene pendientes por anticipo de fondos, cuentas por cobrar, operaciones administrativas, convenios con el sector público, gastos de publicidad y procesos de contratación. Varela Salazar se defendió y en al menos 19 resoluciones redujo los valores a cobrar a $159.040,57, que es monto confirmado que debe cancelar. El ahora asambleísta independiente Francisco Javier León Flores es parte de la glosa DNPR-05241-80 que CGE realizó al Municipio de Salitre con el título Examen especial a los procesos aplicados en el alquiler, venta y legalización de terrenos. El examen predeterminó que el entonces alcalde Francisco León Flores cancele $523.196,6. Pese a que se es parte de la información oficial entregada por la CGE, este medio no ha podido determinar si se trata de un valor en firme, si es un valor caducado o desvanecido o si existe impugnación a la predeterminación que emitió CGE en la glosa GLOSA-DNPR-05241-80 emitida en enero de 2021.
