El 30S va acumulando sentencias. Solo una de ellas ha determinado al responsable de la muerte del estudiante Juan Pablo Bolaños. Las otras cuatro muertes de ese día continúan en la impunidad. Esta semana, se sumó la declaratoria de culpabilidad de seis policías por intento de magnicidio en contra del presidente Rafael Correa.
Pero también la justicia ecuatoriana ha encontrado al culpable de aplaudir los hechos del 30 de septiembre de 2010. Francisco Endara Daza ha sido sentenciado por eso y por haber estado presente en la irrupción al canal estatal Ecuador TV.
Endara Daza, en 2010, era un estudiante universitario de la San Francisco, la misma universidad en donde el actual presidente dio cátedra hasta el 2006.
Anticorreísta declarado, Endara ha enfrentado el juicio, junto a seis procesados más, por el delito de sabotaje al canal estatal Ecuador TV. Y en primera instancia, el 8 de marzo de 2014, el Segundo Tribunal de Garantías Penales de Pichincha lo envió 4 años a la cárcel. La apelación respectiva recayó en un Tribunal de Apelación de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha que le disminuyó la pena a la mitad, a 2 años de prisión, justificando la disminución porque no se lo ve destruir bienes, pero sí «aplaudió, en señal inequívoca de aprobar la protesta».
Los jueces que tramitaron su apelación son Luis Emilio Veintimilla Ortega, Wilson Enrique Lema Lema y Marco Rodríguez Ruiz, que escucharon la acusación de la Fiscalía: Endara Daza entró al edificio. «Ciertamente no se lo ve destruyendo los bienes sino en conjunto con los otros procesados» , señala la Fiscalía.
Uno de los testigos, el periodista de Ecuador TV, Álex Mora, sostuvo, y consta así en la sentencia, que «el señor Endara no interrumpió la oficina y que no recuerda si rompió la mampara de vidrio, no rompió ni un cable, ninguna cámara interior ni exterior, no rompió ningún monitor o plasma».
Otro testigo, Paulo Fredy Robayo Laguatasig, declaró que «recuerda la imagen del señor Endara, aparece con los brazos alzados, las manos levantadas, puede interpretarse como actitud pasiva».
Otros testigos a los que llamó la Fiscalía ni siquiera mencionan a Endara.
El Tribunal de Apelaciones encontró el delito de sabotaje en la irrupción violenta en el canal estatal Ecuador TV por parte de los siete enjuiciados, con el objetivo de «anunciar al país que en esos momentos habían un contingente de ecuatorianos que respaldaban la actuación del grueso de la Policía Nacional…tal interés era un verdadero acto de provocación en contra de la seguridad ciudadana y humana que el estado de excepción (dictado en la tarde por el presidente Correa) buscaba proteger».
Al referirse a Endara, los jueces declaran que «es necesario destacar que en el caso de Francisco Endara Raza, su presencia no corresponde ni al autor ni al agitador, sino más bien al apaciguador pero que participó y con su aplauso en un momento determinado hacía manifiesto y exteriorizaba su acuerdo general con la actuación del colectivo social, razón por la cual su grado de participación en los hechos se subsume bajo el concepto de la complicidad como cooperante indirecto y secundario».
Con este razonamiento, en su resolución, el Tribunal sostiene que «Endara, aunque en ningún momento se le ve destruyendo bien alguno-esto último inclusive lo señaló expresamente el fiscal de la causa Gustavo Benítez-, impidió el paso de una cámara de televisión, así como también de personas que estaban en las afueras de las instalaciones del canal; aplaudió, en señal inequívoca de aprobar la protesta; y, en alguna fotografía, aparece junto al procesado Pablo Guerrero, todos estos, actos anteriores y simultáneos, con los que de manera indirecta y secundaria cooperó a la ejecución del acto punible…»
Este Tribunal sentencia que a Endara se «modifica su grado de participación de autor a cómplice razón por la cual también se modifica la pena de cuatro años de reclusión mayor a dos años de prisión correccional».
Endara no está conforme con la rebaja. Su caso, como el de los otros seis sentenciados, pasará a Casación en la Corte Nacional de Justicia y fue llevado, en el 2011, a conocimiento de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. (CIDH).
