Concesiones mineras en zonas sensibles de Ecuador no se detienen

• Comunidades indígenas y campesinas se enfrentan al incumplimiento de la consulta previa, el acaparamiento de sus territorios y daños ambientales. Solo en el Bosque Protector Kutuku Shaimi, en la Amazonía ecuatoriana, se han otorgado 42 concesiones, equivalentes a 200 000 hectáreas.
• Organizaciones ecologistas aseguran que en dos años pasaron de tener entre el 7 y 8% del territorio ecuatoriano amenazado por concesiones a tener el 15%. Al tiempo que la megaminería avanza, reclaman que se esclarezca la supuesta reversión de licencias anunciada por el gobierno del presidente Lenín Moreno.

Logroño es un cantón enclavado en la provincia amazónica de Morona Santiago que tiene una población indígena mayoritariamente Shuar. Además, cuenta con una particularidad: casi todo su territorio está dentro del Bosque Protector Kutuku Shaimi, que con 311 000 hectáreas de extensión, es el más grande de Ecuador en su categoría. El Kutuku Shaimi esconde una riqueza natural inexplorada en sus distintos parajes ubicados entre los 280 y 2480 metros sobre el nivel del mar. Sumado a esto, tiene un significado especial para el pueblo Shuar ya que alberga lugares ancestrales como cascadas, cuevas formadas por tallos, cumbres y montañas donde sus antepasados celebraban ritos. Pero no solo esto, aparte de su valor biológico y cultural, el frondoso bosque al parecer es cuna de una mina de oro. De hecho, ya hay una empresa de capital extranjero, Ecuasolidus S.A., que ha logrado obtener 42 concesiones equivalentes a más de 200 000 hectáreas ante el desconcierto del pueblo de Logroño, cuyo Alcalde asegura que nunca fueron consultados, tal como lo dictan las leyes ecuatorianas.

“Ha sido una sorpresa escuchar la noticia a nivel nacional de que el 75% del territorio de Logroño ha sido concesionado por las empresas de explotación minera de oro y otros minerales metálicos”, indica el alcalde Rosendo Nurinkias, quien pertenece a la nacionalidad Shuar. “Todo el asentamiento territorial de Logroño está en el Bosque Protector Kutuku Shaimi y sus alrededores. Está la parroquia Yaupi, la parroquia Shimpi y el centro urbano de Logroño, incluso existen comunidades indígenas al interior de este territorio y todas las concesiones mineras afectan gran parte de estas”, señala Nurinkias.

Según explica el alcalde, ni el gobierno ni la empresa Ecuasolidus S.A. ─cuya accionista principal es Aurania Resources con sede en Bermudas─ han tenido acercamiento con el Cabildo. Las concesiones fueron inscritas en la Agencia de Regulación y control Minero (ARCOM) del Ministerio de Minería en febrero de 2017 para la fase de exploración inicial por un plazo de 25 años. Salvo eso, la única información disponible sobre el proyecto minero al que denominan Lost Cities (ciudades perdidas) está en inglés, por lo que tuvieron que recurrir a organizaciones de derechos humanos para la traducción. “El pueblo aún no está informado ni preparado para decidir de esta inmensa explotación que consistiría, para nosotros, en un daño ambiental y cultural de todos los ciudadanos y comunidades que viven en este territorio”, añade.

En contraparte, la empresa Ecuasolidus, en respuesta a un pedido de información, asegura haber realizado talleres de socialización del proyecto “que han llegado a más de 700 pobladores en la región, incluyendo indígenas y mestizos”. El comunicado lo suscribe Mónica Ospina, encargada del Área de Responsabilidad Social de Aurania Resources en Canadá y su subsidiaria Ecuasolidus S.A, quien indica que operan en áreas “donde las comunidades nos dan libre acceso y trabajan con nosotros”. Además, asegura que los impactos ambientales son mínimos y que cuentan con un equipo de Relaciones comunitarias conformado por ingenieros ambientales que actúan como auditores.

Consultada sobre la realización de la Consulta Previa, Ospina dice que “en Ecuador, la fase de Prospección no exige Consulta Previa… A la fecha el Gobierno de Ecuador no ha publicado el resolutivo acerca de Consulta Previa para Exploración y Operación en Minería.  Estamos pendientes que a través del nuevo Ministerio de Recursos Naturales se defina la normativa”, manifiesta. Sin embargo, varios expertos consultados, como la integrante de la organización ambientalista Acción Ecológica, Gloria Chicaiza, sostienen que las comunidades sí deben ser consultadas antes de que el gobierno otorgue concesiones mineras y que la sentencia de la Corte Constitucional sobre la ley de Minería reitera la obligatoriedad de la consulta previa para toda actividad minera que se pretenda realizar en territorios de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, en todas sus fases. “Esta Corte deja claro que ninguna autoridad o persona natural o jurídica podrá efectuar o aplicar una interpretación distinta”, dicta la resolución.

¿Y las consultas?

El caso de Logroño reúne varios de los problemas que, según fuentes consultadas, están enfrentando comunidades indígenas y campesinas del país: sus territorios están siendo concesionados sin previo aviso, las concesiones caen en pocas manos y no se está valorando en profundidad la afectación ambiental. Esto ocurre, según la integrante de  la integrante de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Patricia Carrión, porque la política extractiva del gobierno no garantiza los derechos colectivos de las nacionalidades y pueblos. “Esa ha sido la política desde siempre, usan los mecanismos normativos que flexibilizan el otorgamiento de permisos y desconocen los derechos a la consulta previa, libre e informada. Por eso se otorgan concesiones no solo en Logroño, sino en muchos otros territorios. Se dan permisos ambientales y licencias sin consulta e inclusive sin que la gente se entere”, comenta.

Carrión explica que en Ecuador hay dos tipos de consulta: “la libre, previa e informada que está en la Constitución en el artículo 57, numeral 7 y la consulta ambiental que está en el artículo 398 de la Constitución. Las dos son mecanismos obligatorios para el Estado y tienen que cumplirse previo al otorgamiento de permisos y previo a cualquier decisión de implementar un proyecto extractivo que pueda afectar territorios de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades”. Pero en la práctica, la consulta previa no se estaría cumpliendo y la consulta ambiental estaría siendo reemplazada por permisos o licencias que solicita el Ministerio de Ambiente según el nivel de desarrollo de los proyectos. “En la fase de exploración inicial o avanzada no necesitan licenciamiento y por lo tanto no necesitan un estudio de impacto ambiental sino un plan de manejo que es algo mucho más simple” , indica la integrante de la INREDH.

Esto sin contar que la Ley de Minería no contiene ninguna cláusula antimonopolio que ponga límite al número de concesiones que puede obtener una persona o empresa. “La Ley dice que tu empresa ya no puede tener acaparamiento de concesiones. Solo puedes tener concesiones que sean inferiores a 5000 hectáreas. Pero esta empresa (Ecuasolidus S.A.) tiene decenas de concesiones y ninguna llega a 5000: tienen 4980, 4843 o 4994 hectáreas”, asegura Braulio Gutiérrez del Colectivo Geografía Crítica. Carrión coincide con Gutiérrez y añade que la acumulación de concesiones en pocas manos no es el único problema. “En el caso ecuatoriano, las concesiones están específicamente en empresas chinas, australianas y canadienses. Son cuatro o cinco empresas asociadas a estos grandes megacapitales”, señala.

De hecho, las empresas que más concesiones tienen en el país, según el recuento realizado por el Colectivo Geografía Crítica sobre el Catastro Minero Nacional, son de capital extranjero, a excepción de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI). El top cinco del listado lo encabeza Ecuasolidus, seguido de Valle Rico Resources, Green Rock Resources, ENAMI y Newcrest Ecuador. Geografía Crítica realizó el cálculo a partir del catastro que obtuvo, a inicios de enero de este año, por parte de la Asamblea de los Pueblos del Sur, que agrupa a organizaciones campesinas, indígenas y ambientalistas del sur del país, con datos de una oficina regional de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom). Sin embargo, el catastro está cambiando a diario, explica Braulio Gutierrez. “Si tuviéramos el catastro al día de hoy, seguramente nos estaríamos encontrando con sorpresas”, agrega.

Organizaciones indígenas, ambientalistas y de derechos humanos vienen denunciando un “festín minero” que se desató durante los últimos meses del gobierno del expresidente Rafael Correa, quien terminó su mandato en mayo de 2017. En promedio, se habrían entregado 4000 nuevas concesiones, indica Gutiérrez.

“Nuestro reclamo principal es que el 15% del territorio del país está amenazado por minería y que en ese porcentaje hay territorios indígenas, fuentes de agua, bosques protectores, zonas rurales productivas agrícolas. Ninguna de esas concesiones, ni las ya inscritas ni las que están en trámite, cumplen con los derechos de consulta previa y consulta ambiental”, subraya Francisco Hurtado, abogado especializado en derechos humanos quien añade que “hay que preocuparse por las concesiones que están en trámite porque pasa un mes y algunas ya quedan inscritas. La cosa es que en menos de dos años pasamos de tener el 7 y 8% del territorio amenazado por concesiones a tener el 15%”. Hurtado también se refiere al caso de Logroño: “la entrega del bosque protector Kutuku Shaimi es totalmente irregular, no hay consulta previa a las comunidades que habitan allí”, resalta.

Un bosque protector sin protección

El bosque protector Kutuku Shaimi es una de las zonas naturales más importantes de la Amazonía ecuatoriana según el plan de manejo ambiental del Ministerio de Ambiente. El documento refiere un alto nivel de endemismo, aunque reconoce que “persisten vacíos en zonas en las cuales la cordillera es inaccesible”. El registro da cuenta de la presencia de al menos 480 especies de aves, 51 de mamíferos, 81 de anfibios y 41 de reptiles. Además, menciona que el Kutuku Shaimi forma parte de cuatro cuencas hidrográficas, que a su vez acogen seis subcuencas y 48 microcuencas. “Si bien la mayoría de los ríos internos del bosque protector tienen nombre, aún existen varios cuerpos de agua cuya denominación se desconoce. Por otra parte, un elemento que cabe resaltar es la existencia al interior del bosque protector de diferentes cascadas, que constituyen elementos paisajísticos y culturales importantes por sus connotaciones religiosas para el pueblo Shuar”. Una de las más conocidas es la cascada del Alto Macuma, según dicta la publicación.

“Esa noción de una convivencia entre el ser humano y la naturaleza son nociones perfectas, históricas y de alguna manera tienen un reconocimiento jurídico a nivel nacional”, dice el alcalde de Logroño, Rosendo Nurinkias. “La Constitución de la República reconoce territorios indígenas, posiciones ancestrales y creo que eso debe prevalecer. Cualquier tipo de actividad, sea de explotación petrolera, minera o forestal, debe ser consultada antes con los pueblos”, asegura. De las 42 concesiones inscritas a favor de Ecuasolidus S.A., 24 se encuentran sobre el cantón Logroño, que cuenta con cerca de 6000 habitantes. “Existe hasta el momento un rechazo del 90% de la población en contra de la explotación de minerales metálicos en este territorio”, señala Nurinkias.

Pero dada la magnitud del Bosque Protector, los afectados por una eventual explotación minera serían muchos más. Según el Plan de Manejo Ambiental, “en total existen 147 comunidades shuar y 32 comunidades colonas con relación directa con el bosque protector, distribuidas en 12 parroquias y 7 cantones de la provincia de Morona Santiago. Esto corresponde a 5500 familias shuar y 1000 colonas que habitan dentro del Kutuku Shaimi y su zona de influencia”. Unas 18 000 personas viven dentro y llas restantes están en la zona periférica, en especial en el valle del Upano.

El Plan de Manejo Ambiental hace mención a las amenazas que enfrenta el bosque, entre las cuales están la expansión no planificada de la frontera agropecuaria, la cacería de especies sensibles y el posible potencial minero. Además, se refiere al Bosque Protector Kutuku Shaimi como un “área protegida”, aunque en la realidad no hace parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). “El Bosque protector es una categoría ambiental de protección, está reconocida en el Código Orgánico Ambiental, pero en términos de minería parece que no importa, al final no sirve de nada”, lamenta el abogado especializado en DDHH, Francisco Hurtado. Con él coincide Gloria Chicaiza de Acción Ecológica, quien explica que los Bosques Protectores son susceptibles a la minería y que ni siquiera el triunfo de la consulta popular que impulsó el gobierno de Lenin Moreno en febrero pasado cambia en algo la situación. Los expertos aseguran que es una categoría ambiental que se encuentra en el “limbo” y sobre la cual, aún hoy, no hay mucha claridad sobre el desarrollo de actividades extractivas. Esto a pesar de que se reconoce su alto valor en biodiversidad.

El referéndum que impulsó Moreno incluía entre sus preguntas: ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, en zonas intangibles, y centros urbanos? “La pregunta no incluía, por ejemplo, las áreas protegidas comunitarias que son súper importantes, no están las áreas protegidas de gobiernos locales y parroquiales que también son importantes. No están las reservas de la biósfera, no están una serie de categorías y tampoco están los bosques protectores”, comenta Gloria Chicaiza.

Por su parte, el alcalde de Logroño, Rosendo Nurinkias, dijo que esperaba que el triunfo sobre la minería en el referéndum sirviera para prohibir estas actividades en el Kutuku Shaimi. Se consultó en Ministerio de Ambiente qué tipo de defensa tienen los bosques protectores contra una posible explotación minera y si el referéndum que imposibilita dichas actividades en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas es extensivo a los bosques protectores. En su respuesta, Ambiente indica: «Las actividades se rigen bajo el amparo de la Normativa Ambiental vigente donde se permite la ejecución de obras públicas y de proyectos considerados prioritarios, además, se realiza un proceso riguroso por parte del proponente bajo los lineamientos establecidos por la Autoridad Ambiental para la obtención de la certificación de viabilidad ambiental, para este fin se hace un análisis que es validado en territorio, donde se evalúa la caracterización de los componentes bióticos y abióticos del área de intervención y se realizan estudios cualitativos y cuantitativos para determinar la fragilidad de los ecosistemas y generar las acciones adecuadas para su gestión, además se realiza una evaluación de la metodología de extracción del recurso con la finalidad de determinar posibles impactos ambientales dentro de estos espacios naturales». Además añade que la consulta popular no es extensiva a los Bosques Protectores.

Otra desilusión de las organizaciones que vienen denunciando la expansión acelerada de las concesiones mineras es la promesa que les hizo el presidente Lenin Moreno en diciembre pasado. En ese momento dijo que frenaría la entrega de concesiones y revisaría las que se habían otorgado en los últimos meses. Sin embargo, con el análisis de los datos del Catastro Minero, obtenidos en enero de este año, las organizaciones determinaron que en menos de un mes se habían inscrito 62 nuevas concesiones mineras que abarcaban 70 000 hectáreas. “Lo sorprendente de ese dato es que en 13 concesiones se acumulan 55 334 hectáreas y esas 13 se reparten en las empresas Valle Rico Green Rock Resources y Newcrest Ecuador”, señala el abogado Francisco Hurtado.

El presidente Lenin Moreno anunció en marzo pasado que su gobierno revirtió 2000 concesiones mineras, pero hasta la fecha no se ha anunciado cuáles son. Incluso, organizaciones como el INREDH enviaron sin éxito varios requerimientos de información para conocer a ciencia cierta el estado actual del catastro minero, según explica Patricia Carrión. Se envió un pedido de información al Ministerio de Minería ─que el próximo mes pasará a formar parte del Ministerio de Energía y Recursos No Renovables─, pero no fue atendido.

Entre otras cosas también se consultaba el número exacto de concesiones revertidas y el área que representan. Además, se preguntaba sobre el cumplimiento de la consulta previa, libre e informada en las comunidades Shuar que habitan en el área concesionada del bosque protector Kutuku Shaimi y si se había realizado un estudio de impacto ambiental en la zona.

¿La megaminería es el camino?

Ecuador aún no puede considerarse un país megaminero dado que su primera mina de explotación de cobre a cielo abierto se encuentra en fase de construcción, comenta el integrante del Colectivo Minka Urbana y profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar, William Sacher. Este proyecto es conocido como Mirador y se desarrolla con capital chino en la provincia Amazónica de Zamora Chinchipe.  “No estamos presentando los impactos medioambientales asociados a la fase de extracción que aún no ha tomado lugar, sin embargo, ya podemos apreciar un conjunto de afectaciones bastante preocupantes en el caso del proyecto Mirador ─que es el más avanzado─ y donde se observa la contaminación de los ríos, la tala masiva de árboles e incluso afectaciones a la salud pública y afectaciones sociales y psicosociales”, indica Sacher.

En esa línea, el informe “Impacto del proyecto minero Miradoren la Amazonía ecuatoriana”, da cuenta ─con el uso de fotografías satelitales─ de la deforestación de 1307 hectáreas entre los años 2009 y 2017 en plena Cordillera del Cóndor. Se trata de un trabajo de las organizaciones Amazon Conservation Team, Amazon Watch, Amazon Conservation y Ecociencia.

Pero, ¿qué podría pasar cuando comience a funcionar la mina de cobre? William Sacher, quien además es autor del libro ‘Ofensiva megaminera china en los Andes’, asegura que “en el caso de megaproyectos como Mirador, Panantza-San Carlos o el proyecto Llurimagua, lo que se puede avizorar son daños a gran escala”, y agrega que en Mirador se contempla la construcción de una represa llamada piscina de relave, que estará en el mismo lecho del río Tundayme. “En este caso se van a acumular más de 400 millones de metros cúbicos de desechos de lodos contaminados, muy probablemente con metales pesados y otros productos de las reacciones químicas que se usan en el tratamiento de la roca”, añade el investigador.

Sacher hace énfasis en el peligro que significa la acumulación de tantos desechos en una zona frágil, mega biodiversa y en las cabeceras altas de un río que es un contribuyente (afluente) del río Zamora. “Más aún cuando es una zona sísmica y de altas lluvias pero que no cuenta con datos históricos que permitan diseñar las infraestructuras con una seguridad satisfactoria”, asegura.

Por su parte, el coautor del informe ‘Impactos del proyecto minero Mirador’, Carlos Mazabanda de Amazon Watch, explica que de las 54 000 toneladas diarias de roca que se extraerán, según el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la minera, solo 572 serán transformadas en concentrado de cobre. “Es decir, de toda la roca extraída el 99 % son desechos”. De momento, las operaciones en el proyecto Mirador, desarrollado por la empresa china Ecuacorriente S.A., se encuentran suspendidas tras un incidente ocurrido el 25 de julio pasado en el que murió un trabajador.

Con estos antecedentes, Sacher considera que será muy difícil fiscalizar el tema de control de desechos y las descargas en el medio ambiente. “¿Qué minerales se van a producir, qué minerales se van a exportar, quién va a encargarse de controlar si lo que declara la empresa en términos de producción corresponde con lo que efectivamente se produce? ¿Hay riesgo de pérdidas masivas para el mismo Estado ecuatoriano?”, recalca.

El profesor e investigador hace referencia a la consulta popular de febrero pasado y señala que el gran reto de las organizaciones es agarrarse del triunfo contundente del sí ─que obtuvo un 68% de la votación─ y promover un debate a nivel nacional respecto a la pertinencia de hacer del Ecuador un país megaminero. En su criterio, es mucho más elevado el costo ambiental que representa la megaminería que los ingresos que finalmente terminará percibiendo el país.

*Este reportaje fue realizado por Daniela Aguilar y publicado en Mongabay Latam.