En lo más profundo de la Amazonía ecuatoriana, justo en el borde de la frontera con Perú, comunidades indígenas vienen denunciando una embestida descontrolada de tala y caza ilegal por parte de traficantes, que aseguran son peruanos y que penetran en su territorio por el río Curaray, provincia de Pastaza en Ecuador. El problema está por alcanzar magnitudes de tragedia, según coinciden ecologistas consultados por Mongabay Latam. No solo por la destrucción del frágil ecosistema de la zona —una de los más biodiversos del mundo—, sino porque el blanco de la extracción ilícita de madera y carne de monte se encuentra en el Parque Nacional Yasuní y dentro de la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane, hogar de los Pueblos Indígenas en Aislamiento. Esto, pese a las medidas cautelares dictadas en 2006 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que obligaban al Estado ecuatoriano a salvaguardar el territorio y la vida de estos habitantes.
José Proaño, director de Land is Life para América Latina, una red internacional para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, formó parte de un grupo de técnicos e indígenas de las nacionalidades denunciantes, que recorrió la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane (ZITT) entre el 19 y 29 de mayo pasado para verificar las afectaciones y amenazas de los Pueblos Aislados. Durante el trayecto visitaron tres comunidades waoranis ubicadas dentro de la ZITT y dos comunidades kichwas sobre el río Curaray. “Están principalmente sacando cedro y chuncho, pero para esto ya han abierto trochas, han puesto cables, poleas para poder sacar las trozas de madera que están en la selva hasta las bocanas de los ríos”, aseguró en diálogo con Mongabay Latam. Proaño aseguró que todo indica que son traficantes peruanos por testimonios de las comunidades visitadas. Añadió que la situación está fuera de control y que “los madereros están subiendo por el río Curaray de forma descarada”. Una situación que difícilmente se habría dado años atrás, cuando era efectiva la vigilancia de militares ecuatorianos, que mantenían una importante presencia en dos puntos de control dispuestos en el afluente. “A partir del proceso de paz con Perú se ha ido desmilitarizando la frontera, lo cual es saludable, aunque los efectos han sido desastrosos”.
David Suárez, coordinador de Pueblos Indígenas de la Fundación Alejandro Labaka, coincide con Proaño. Además, también visitó el sector en mayo. “Lo que notamos es que la intrusión de campamentos madereros en la zona es mucho mayor de la estimada. Están en dos zonas”, aseguró en conversación con Mongabay Latam. El primer punto, en el que están “plenamente establecidos” es la quebrada del río Lobo, en toda la frontera. El otro punto, según explica Suárez, es el margen derecho del río Curaray, en toda la Zona Intangible. “Hemos encontrado cerca de 18 puntos, tanto de cacería como de tala ilegal. Hemos encontrado verdaderos complejos de secado de la carne (de monte), para ser embarcada y transportada para el Perú, así como restos de árboles de cedro talados y muchos otros marcados incluso para una próxima tala”.
El Coordinador de Pueblos Indígenas de la Fundación Alejandro Labaka David Suárez explicó que los traficantes están abriendo varias trochas en el territorio para ir extendiendo la actividad maderera, que por ahora se concentra en las zonas de orilla. Se trata de una zona tan biodiversa, que los codiciados maderables están por todos lados. “La zona intangible ha sido tan protegida, está tan bien cuidada por los pueblos que viven allí que realmente hay cedro a la orilla del río. Eso no sucede en zonas donde hay carreteras, donde hay petróleo, porque la primera madera que se extrae siempre es el cedro, que en el mercado está en tres mil dólares el pie cúbico”, sostuvo por su parte José Proaño.
Sobre la ruta para llevarse la madera, Suárez aseguró que es bastante simple: “Tienes al río Curaray que aguas abajo ya es un río peruano. Estamos hablando que la tala está aconteciendo en puntos bastantes próximos a la frontera. Estamos hablando de una zona de 8 a 15 kilómetros aguas arriba. Allí es donde encontramos el último punto de tala”. La problemática podría ser aún peor y extenderse fuera de la Zona Intangible. “Tenemos el temor de que esta situación de extracción de madera ilegal se esté dando a lo largo de toda la frontera con el Perú, en zonas comprendidas entre el río Napo y al sur con el río Corrientes”, afirmó el director Land is Life para Latinoamérica José Proaño.
Una frontera abandonada
El informe preliminar de Tala Ilegal de Madera en la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane que elaboraron en conjunto Land is Life, Acción Ecológica y la Fundación Alejandro Labaka, al que tuvo acceso Mongabay Latam, da cuenta de un completo abandono de esa parte oriental del Parque Nacional Yasuní. Allí se documenta que en octubre de 2015 un grupo de técnicos del Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Justicia (encargado de cumplir las medidas cautelares de la CIDH) y de las Fuerzas Armadas, recorrió la zona de la quebrada del río Lobo e identificó campamentos de tala ilegal. “En el recorrido se escuchó motosierras por los alrededores, pero debido a la escasa presencia militar, no se llegó al lugar donde estaban aserrando”, precisa el informe. Además recoge otro incidente mayor: “Sobre la rivera del río Nashiño, que atraviesa la Zona Intangible desde el Ecuador hasta el Perú, el Ministerio de Ambiente realizó un operativo y apresó a tres ciudadanos de nacionalidad peruana. Sin embargo, la madera incautada y retenida en el destacamento militar ecuatoriano del río Nashiño, fue recuperada por los madereros peruanos en un posible ataque violento cometido en contra del destacamento militar”.
El documento menciona que las actividades gubernamentales de verificación en la zona se frenaron desde finales de 2015 hasta agosto de 2016, mes en el que se volvió a comprobar la permanencia de campamentos madereros y de caza a gran escala. Finalmente el informe asegura que a partir de las insistentes denuncias de pueblos indígenas en la zona, se volvió a realizar un nuevo recorrido por parte de los Ministerios de Justicia y Ambiente en mayo de este año, sin que en lo posterior se hayan adoptado medidas efectivas para detener dichas actividades ilícitas.
Según relató David Suárez, en su transitar por el río Curaray se encontró con dos campamentos abandonados: uno de control militar y otro llamado Ceilán, implementado por el Ministerio de Ambiente para cumplir con la vigilancia de la frontera sur del Yasuní. “Ese puesto había sido incendiado en algunas partes, la bomba y tanque de agua para abastecer a los guardaparques estaban destruidos. Había sido saqueado y vandalizado por los grupos irregulares, lo que da cuenta de una ausencia del Ministerio de Ambiente en esa zona”, sostuvo y continuó. “Lo que constatamos es que ni militares ni civiles están recibiendo los recursos ni el abastecimiento necesario para realizar sus tareas, a tal punto que la gente de las comunidades de la zona plantea que si el Estado no es capaz de controlar esto, en todo caso que les entreguen los puntos de control”. Aunque esa no es la solución al problema, enfatizó Suárez. “El Estado tiene que ejercer el control que le corresponde constitucionalmente, pero sí creemos que debería coordinar con la población local. Deberían evitarse las requisiciones burocráticas que impiden que hayan técnicos locales en la vigilancia. Los técnicos locales van a estar mucho más interesados en preservar su territorio de lo que puede estar una persona que llega a ese trabajo casi castigada”.
Los escasos efectivos militares que permanecen en la zona viven en situación precaria. Según indicó Suárez, “el destacamento Cononaco que es el punto militar más cercano a la zona (de cacería y caza ilegal), es un destacamento con un personal que no rebasa las cinco personas, las canoas están dañadas, no tienen combustible, no tienen ni siquiera dotación de alimentos”. Bajo esas circunstancias, los militares quedan a la merced de los mismos traficantes, a quienes identifican bajo el seudónimo de ‘pescadores’. “Dependen enteramente de las provisiones que intercambian, que les llegan, que les compran —yo no sé cuál es el trato que tienen— de los madereros ilegales. Ellos son los que les llevan provisiones a los militares”.
Doble presión para los Pueblos Aislados
Al ruido de las motosierras que altera la vida de los PIA , hay que añadirle la caza desenfrenada de sajinos y huanganas, principales componentes de su dieta. Según indicó David Suárez, se trata de una zona tan bien conservada, que es enormemente rica en ese tipo de animales. “Su carne es muy apetecida para el comercio y el tráfico ilegal. Sobre todo las huanganas. Solo por poner un ejemplo, la gente normalmente puede cazar entre una y dos huanganas para una familia, y eso —incluso si compartes en la comunidad— te puede durar de dos a tres semanas”. Pero en sus recorridos por la selva, Suárez aseguró que han encontrado campamentos con la capacidad para ahumar la carne de toda una manada. “Si calculas, las huanganas van en grupos de 100, 150, y hay relatos de que se está extrayendo animales en esa cantidad. Es una extracción masiva, no es un campamento de un cazador furtivo. Son verdaderos complejos de secado de carne”, resaltó.
“Lo que está aconteciendo es que estamos expropiando los recursos vitales para la supervivencia de los pueblos aislados. Al cazar 100, 150 huanganas estás desabasteciendo de alimentos a las poblaciones indígenas en aislamiento”, aseguró Suárez. “Otra cosa que es muy probable, es la ocurrencia de contagios de epidemias, que pueden resultar fatales para estos grupos. Una camiseta dejada al descuido, una lata de atún puede desencadenar una epidemia de gripe por ejemplo, que puede diezmar a una población que ya es frágil”, añadió. Con toda esta presión que se está ejerciendo sobre los no contactados, “el riesgo de choques y enfrentamientos violentos es inminente porque los campamentos se están adentrando cada vez más en los senderos de cacería, de tránsito de los pueblos de aislamiento en esa zona”, sostuvo Suárez y explicó que del grupo de aislados ubicado dentro de la Zona Intangible no se había reportado ataques, porque se trataba de un territorio libre de presiones madereras y petroleras. Pero esa aparente paz estaría por cambiar.
Riesgo de extinción de los Pueblos Aislados
“Las medidas cautelares (de la CIDH) se dieron por la presencia de madereros ilegales en la zona Taromenane —al occidente del Yasuní—, ese fue el principal motivo”, sostuvo José Proaño de Lan is Life. En ese contexto, saca a colación la matanza de un grupo de 30 aislados en el año 2003 a manos de indígenas de la etnia waorani. Según explica el antropólogo, la masacre fue motivada por madereros ilegales que incitaron a los waos exacerbando esa relación de guerra y paz que mantienen con los pueblos no contactados. “En teoría el Ministerio de Justicia es el que tiene que proteger a los Pueblos Indígenas en Aislamiento, entonces si hay madereros ellos tienen que tomar las medidas que correspondan. Esas acciones pueden ser: alertar al Ministerio de Ambiente, alertar a la Fiscalía, alertar a las Fuerzas Armadas porque es una zona fronteriza y además se está violentando la soberanía nacional”, afirmó Proaño.
Por su parte, David Suárez aseguró que el Estado ecuatoriano no está garantizando la intangibilidad de los territorios de los PIACI, lo que configura un riesgo de etnocidio, de extinción de estos grupos. “Las instancias estatales correspondientes, en este caso el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Justicia, pueden argumentar que han hecho patrullajes y operativos. Nosotros no estamos cuestionando la existencia de medidas que hayan tomado eventualmente, estamos cuestionando la absoluta ineficacia de esas medidas porque carecen de un objetivo de priorizar la protección de pueblos indígenas aislados. Ese es el gran problema de fondo”, sostuvo. Suárez reconoció que han existido avances en la generación de institucionalidad para la protección de los no contactados, pero que dichas acciones “se han dado de manera lenta y sin que sea una prioridad de la política amazónica”. Saca a colación la última masacre de no contactados en 2013, acaecida al occidente del Yasuní. Entonces, un grupo de alrededor de veinte Taromenane fueron ajusticiados por waoranis que se internaron en el espesor de la selva para vengar la muerte de una pareja de ancianos que había sido lanceada por los no contactados. Entendidos en la materia asociaron ese episodio de violencia con las presiones petroleras y maderas a las que están expuestas las poblaciones en aislamiento. Es por ello que organizaciones como Land is Life y la Fundación Alejandro Labaka trabajan con las comunidades de la zona para crear una cultura de paz y solidaridad con los PIA. “Si bien el Estado tiene el mandato de protegerlos, en el territorio son los pueblos los que son vecinos de los aislados y si se afecta su territorio pueden tomar acciones violentas en contra de los madereros o en contra de los otros pueblos (en aislamiento)”, aseguró José Proaño.
El temor de los expertos es que las presiones constantes a las que están sometidos los indígenas en aislamiento en la Zona Intangible, desencadenen nuevas masacres y provoquen la extinción de estas poblaciones que han decidido aislarse voluntariamente para llevar una vida en intrínseca unión con la naturaleza. Por eso las organizaciones Land is Life, Acción Ecológica y la Fundación Alejandro Labaka se preparan para presentar una denuncia por tala ilegal en la Fiscalía General del Estado, y otra por violación de los Derechos de la Naturaleza consagrados en la Constitución y los derechos humanos de los PIACI. La expectativa es que se tomen las medidas pertinentes y haya una coordinación interministerial para que puedan parar las actividades ilegales en el área.
Reportaje de Daniela Aguilar para Mongabay Latam
