Caso Pacayacu: La vida marcada por la operación petrolera

Para Gladys Hurtado cada día es una encrucijada. Un dilema permanente sobre cómo abastecer su hogar de líquido vital. Su comunidad San Juan del Pozo de la parroquia Pacayacu, provincia de Sucumbíos, no tiene ningún sistema de agua y cavar un pozo subterráneo –como han hecho algunos de sus vecinos– no es una opción para ella. Lo intentó en dos ocasiones, varios años atrás, pero el resultado fue el mismo: un líquido aceitoso, maloliente e inservible para el consumo humano. Asegura que estaba contaminado con los desechos petroleros que desde hace más de dos décadas reposan en fosas ubicadas en su propiedad. Con tan escasas opciones, a Hurtado y a su familia no les quedó otra salida que tomar el agua de un arroyo ubicado a pocos metros de su vivienda, que venía medianamente limpia y usaban para ingerir (una vez hervida), asearse y lavar la ropa. Pero, desde hace un año, esa única fuente de agua llega turbia y contaminada. El motivo, según sostiene la mujer de 51 años, es que los residuos provenientes de la remoción de pasivos petroleros que realiza el Estado en esa zona se filtran y llegan al riachuelo. “Cuántas veces no les hemos parado el trabajo”, comenta Hurtado. Añade que está desesperada y que su clamor, como el de otros afectados, es por una solución inmediata. “Que al menos haya un tanquero (camión con agua) que venga una vez por semana”, atina a decir. Ha intentado abastecerse con agua de lluvia pero esta llega cargada de una especie de ceniza, “que se asienta como tierra y huele a petróleo”.

Gladys Hurtado es una de las miles de afectadas por la contaminación que ha dejado la explotación petrolera en la zona, que empezó en los años setenta de la mano de la entonces Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) y Texaco, y que luego continuó con Petroecuador en 1992 y en la actualidad está a cargo de la también estatal Petroamazonas. Se trata del área Libertador del bloque 57, que comprende la parroquia Pacayacu, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. En el nororiente de la Amazonía ecuatoriana. “Aquí no hay río que no haya tenido derrame petrolero ni hay vertiente que no haya tenido contaminación.  Ha habido cientos de derrames por fallas mecánicas, humanas o rupturas de tuberías”, asegura en diálogo con La Historia Wilson Suárez, coordinador del Comité de Afectados por la Contaminación Petrolera en Pacayacu. “Otro problema son los gases (emanados en la explotación hidrocarburífera) y mecheros que pasan prendidos día y noche y provocan lluvias ácidas”, sostiene y agrega que la lista de impactos es larga.

Agua limpia, un clamor en Pacayacu

Suárez también se refiere a la situación de Gladys Hurtado y de muchos otros habitantes de la zona que padecen por la falta de agua de calidad. Asegura “que no hay preocupación del Estado por darle una respuesta positiva a la población”, pese a los reiterados pedidos que han hecho al gobierno local, provincial y nacional. Habla también de los varios frentes que se han formado para afrontar los daños ocasionados por la explotación petrolera. Entre estos destaca el Comité de Afectados, al cual pertenece Suárez, que representa a 86 familias campesinas de la zona que en 2005 iniciaron un juicio contra el Estado ecuatoriano y demandaron a la empresa estatal Petroecuador, junto a su filial Petroproducción. La demanda se resumía en tres puntos: la remediación ambiental de todas las áreas afectadas, la compensación social a toda la comunidad y una indemnización económica a las familias litigantes.

A lo largo del juicio y de forma paralela, han ido apareciendo informes que dan cuenta de la contaminación vertida en el medio ambiente durante los años de operación estatal. Uno, emitido en 2012 por la Defensoría del Pueblo a partir de un reclamo que hicieron los pobladores de Pacayacu, revela que la concentración de hidrocarburos en el agua del sector sobrepasa, de manera amplia y preocupante, los límites permitidos tanto a nivel nacional como internacional. La explicación, según Alexandra Almeida de la ONG Acción Ecológica, es que las petroleras estatales contaminaron el área Libertador de la misma forma que lo hizo Texaco (ahora Chevron) en sectores relativamente cercanos. Añade que con la agresiva campaña comunicacional que impulsó el gobierno en contra de la petrolera estadounidense, la gente creyó que la empresa pública de petróleos “era buena, que no dañaba ni contaminaba. Por eso mucha gente se impactó con la difusión de la campaña La mano negra de Petroamazonas”, que tomó el mismo eslogan que usó el gobierno contra Chevron y fue difundida por la comunidad de Pacayacu a inicios de este año, cuando la Corte Constitucional dejó prácticamente sin efecto la sentencia favorable que habían obtenido en 2013. Hasta entonces, nada se sabía del caso Pacayacu.

Además del doble estándar de la petrolera estatal, Alexandra Almeida critica los trabajos de remediación que realiza en la zona la filial de Petroamazonas, Amazonía Viva. “Lo que la empresa está remediando no es todo, son solo los sitios más escandalosos pero hay otros en los que se ven piscinas contaminadas, que están ocultos y no constan en la planificación”. Habla también de la afectación colateral que provoca la remoción de pasivos ambientales y de que no es suficiente para resarcir el daño causado a las personas y la naturaleza: “Tratan de quitar la mancha negra pero no se preocupan de hacer una reparación integral como manda la Constitución. Que significa no solamente la restauración de la naturaleza sino también la compensación, indemnización e incluso garantías de no repetición”.

La Historia se puso en contacto con el departamento de Comunicación de Petroamazonas para conocer el detalle de la remediación ambiental que se realiza en la parroquia Pacayacu, y aunque en un inicio un funcionario indicó que se estaba procesando el pedido, luego se excusó y direccionó a los boletines publicados en su web. El último al respecto, de octubre pasado, habla de manera general de los trabajos realizados durante 2016 en las provincias de Sucumbíos y Orellana. “Entre enero y septiembre de este año se han eliminado 100 fuentes de contaminación, con la remediación de 207 137 metros cúbicos de suelo, con lo que se recuperaron 3252 barriles de petróleo”, dicta el comunicado. El mismo cita también al gerente de Petroamazonas, Álex Lagárraga, quien declara que se trata de “un proyecto holístico, no solamente recibimos el encargo de restablecer las condiciones de los territorios que tienen contaminaciones de décadas atrás, sino que esta tarea técnica-ambiental dinamiza la economía de las comunidades con fuentes de trabajo y compras locales”.  Respecto a este último punto, Petroamazonas anunció pocos meses atrás la incorporación de 242 trabajadores de Pacayacu a la empresa Amazonía Viva, como parte de los más de 1000 obreros que han empleado (85 % provenientes de la zona de influencia del proyecto).

Y sobre esa parroquia en específico, en un comunicado anterior la empresa aseguró haber eliminado 86 fuentes de contaminación durante 2014, remediando 23 810 metros cúbicos de suelo, en un área de 82 461 metros cuadrados. La empresa pública asegura que es “la primera petrolera del país que devuelve a las comunidades áreas aptas para su uso seguro eliminando fuentes de contaminación bajo estándares medidos por la autoridad ecuatoriana” y que cuentan con un Centro de Investigaciones de Tecnologías Ambientales “que analiza y masifica bacterias de la región amazónica capaces de degradar hidrocarburos, así como hongos y plantas que retienen metales pesados”.

Moradores aseguran que los pasivos remediados, no son los únicos

Pese a la tecnología que dice usar Petroamazonas para la eliminación de pasivos ambientales, los moradores de los sectores donde se realiza la remediación ven con escepticismo la ejecución de los trabajos y dudan de que sus suelos puedan ser utilizados para labores agrícolas en el futuro. “Ya no ha de ser lo mismo, igual la finca está todita llena de fosas enterradas (con desechos petroleros). Dejaban, tapaban y se iban”, asegura Gladys Calva, quien habita desde hace más de 10 años en la comunidad Juan Montalvo de la parroquia Pacayacu. En el campo petrolero Secoya. Amazonía Viva ejecuta la remoción de desechos petroleros en la parte trasera de su casa y muy cerca al pozo subterráneo del que extrae agua para que consuma su familia, es decir, su esposo y sus tres hijos de 10, 6 y 3 años. La mujer asegura que tienen 24 hectáreas de terreno que no sirven para nada. Culpa a la contaminación ambiental por la infertilidad de la tierra y la muerte de varias vacas que tenía la familia. También por problemas en la piel como picazón y manchas blancas que presentan sus pequeños. Al igual que muchos moradores, Gladys Calva ignoraba que los pasivos ambientales eran sus vecinos más cercanos. De haberlo sabido, no habría invertido en hacerle un segundo piso a su vivienda de construcción mixta. Se lamenta de ello y de que no se haya ejecutado la sentencia que ganó la comunidad tras el juicio que planteó contra la petrolera estatal. “Quisiera que nos indemnizaran para poder salir a otro lado y tener una mejor vida”, sostiene. Aún mantiene la ilusión de ser compensada por tanta contaminación.

Un caso similar es el de Víctor Calva, quien vive desde hace 12 años en la misma comunidad junto a su familia. Calva asegura que adquirió la propiedad sin imaginarse la magnitud de la contaminación que allí reposaba, y que en los primeros años intentó sin éxito cultivar la tierra y criar tilapias en una piscina. Nada dio fruto. Aunque en lo posterior se enteró de la existencia de pasivos, Calva no pudo disimular su asombro cuando los trabajadores de Amazonía Viva comenzaron a remover con una excavadora un pantano ubicado en la parte delantera de su vivienda de madera. “Eso era puro crudo”, asevera y añade que en la parte trasera de su finca hay otros puntos donde están enterrados desechos petroleros, que las vacas levantan con las patas al pasar. La necesidad de tener acceso a agua limpia es quizá la demanda más grande de la zona. Durante años esta familia tomó agua de un pozo subterráneo, pero solo ahora saben que está a menos de cinco metros de un pantano infestado de petróleo. Y ahora con la remoción de los pasivos, “cada vez que llueve, sube el agua contaminada y se mete al pozo”, sostiene la esposa de Calva, Fanny Samaniego y agrega que sus dos niños también tienen problemas en la piel. El jefe de hogar lamenta no tener la preparación para exigir una reparación por todos estos años de afectación: “Uno no tiene el conocimiento de lo que son los derechos, entonces hay veces que por ignorancia se queda callado”, comenta. Así mismo dice ser consciente de que lo único que recibirán del Estado es la remediación que se realiza frente a su domicilio y el arreglo del camino de acceso que adecuaron para poder ingresar la maquinaria. Su único pedido es que no tarden tanto porque se sienten vulnerables con todos los pasivos a los que están expuestos. Los trabajos comenzaron en abril y no existe una fecha fija para que terminen, explica Nelson Quinche, jefe del equipo de remediación que labora en el sector.

La remediación que ejecuta Amazonía Viva en la comunidad Juan Montalvo de la parroquia Pacayacu, consiste en lavar el suelo contaminado con mangueras de succión para luego recoger de forma manual los residuos en tanques. Allí había una piscina de desechos petroleros de 50 x 50 metros, que constituía uno de los pasivos ambientales más llamativos de la zona y que ya fue intervenido por la empresa remediadora. Ahora el personal trabaja en retirar los desechos petroleros que fueron enterrados en el pantano que conecta con la enorme piscina, y que desemboca en un riachuelo que abastece de agua a comunidades no muy lejanas como San Juan del Pozo. “Descontaminar al 100 % no se puede, pero al menos se lo hace en un 90 %”, dice Nelson Quinche, jefe de la cuadrilla que trabaja en ese punto desde el año anterior. Consultado sobre el número de pasivos ambientales que hay en Pacayacu, Quinche asegura que son bastantes pero que no lo sabe a ciencia cierta.

Próxima parada: Sistema Interamericano de DDHH

Para el Comité de Afectados por la Contaminación Petrolera en Pacayacu, la demanda que presentaron contra la petrolera estatal tuvo el peor de los desenlaces. Según explica el abogado Pablo Sarzosa, que representa a la población afectada, en marzo de 2013 obtuvieron una sentencia favorable por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que nunca se llegó a ejecutar por la Acción Extraordinaria de Protección que interpuso Petroecuador ante la Corte Constitucional (CC). Tras casi tres años de espera, en enero pasado, la CC resolvió fallar a favor de la petrolera estatal y anular la sentencia que disponía, entre otros puntos, la indemnización a las 86 familias litigantes, compensación económica que debía ser determinada por un comité de expertos de la Universidad Católica del Ecuador.

Sarzosa recalca que a lo largo del juicio se demostraron los daños provocados por más de tres décadas de operación estatal en la zona, y que el fallo “absurdo” de la Corte Constitucional (CC) obedeció a un supuesto uso equivocado del régimen jurídico. “Hasta antes de nuestro caso, si planteabas una demanda por daño ambiental contra el Estado, lo tenías que seguir ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Eso ha dicho la Corte Nacional de Justicia y el Procurador General del Estado ante Tribunales internacionales”, afirma Sarzosa y añade que la sentencia de la CC cambia ese procedimiento y establece que para demandar al Estado, el Comité de Afectados de Pacayacu debía hacerlo por la vía verbal sumaria. “Es un absurdo, lo que hicieron es una violación pura y dura del régimen jurídico”, sostiene el letrado. Según Sarzosa el dictamen de la Corte Constitucional no solo perjudica a sus defendidos, también deja mal parado al Estado, que se ha ceñido a la ahora cuestionada jurisprudencia en juicios internacionales,  como el que mantuvo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) contra Perenco y en La Haya contra Chevron.

“La acción extraordinaria de protección se fundamenta en amparos especiales a ciudadanos”, asevera el abogado defensor del Comité de Afectados y agrega que la Corte Constitucional desvirtuó el recurso al concedérselo a la petrolera.

Sobre el juicio, Petroecuador sostuvo en un comunicado de prensa publicado en el portal del Ministerio de Hidrocarburos, que solo busca “que las cosas se den de acuerdo a la normativa legal vigente, la cual brinda a los demandados la oportunidad de presentar sus pruebas y, de ser el caso, de dialogar”. La petrolera pública dijo también que no espera un trato especial y que ha sido “respetuosa de lo que determinan las leyes ecuatorianas y los derechos ciudadanos. Por tanto, también exige que sus derechos sean respetados y que, en el caso Pacayacu, se respete el debido proceso (…) quiere que sus argumentos sean escuchados dentro del marco jurídico vigente que corresponde”.

En todo caso, los afectados se niegan a plantear un nuevo juicio en cortes nacionales y más bien se alistan para presentar el caso en el Sistema Interamericano de DDHH y elevarlo, a manera de consulta, a la relatoría de la ONU para los DDHH. “Esto no funciona así, no te puedes prestar al juego de volver a demandar. Es denegación de justicia pura y dura” expresa Sarzosa. El juicio en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos puede tardar varios años, pero las familias demandantes están dispuestas a ir hasta las últimas consecuencias si la vida les alcanza. Así lo sostiene Fabián Caicedo de 69 años, 39 de los cuales los ha vivido en ese sector de la Amazonía ecuatoriana. Caicedo habla de varias afectaciones que tuvo por la contaminación de la que fue objeto su entorno. Recuerda que perdió animales y cultivos, por los pasivos que eran arrojados a su finca. Tampoco olvida que su esposa sufrió dos abortos cuando estaba cerca de dar a luz, y que en ambos casos se había bañado en un río contaminado con hidrocarburos. Ahora vive con dolor en los pulmones y en el corazón, que el asocia a la misma causa. Eso sí, no pierde el ánimo. “Mis esperanzas no las pierdo nunca. El caso lo ganamos porque lo ganamos”.  Fabián Caicedo es procurador de la causa y su finca, ubicada en la comunidad El Granito, ha sido objeto de estudio durante este largo proceso judicial.

Lo mismo pasa con Sixto Martínez, que también es procurador del caso, contemporáneo a Caicedo y vive 32 años en Pacayacu. Como su compañero de lucha, conserva en su memoria muchos capítulos marcados por el petróleo, pero sin duda el más triste fue la pérdida de su esposa a causa de un cáncer. “No sabíamos que el crudo era malo, era una época en la que todo el río estaba contaminado y nosotros nos bañábamos y salíamos negritos”, rememora. Sixto Martínez asegura que tuvo la intención de volver a la provincia de Los Ríos, su tierra natal, para pasar su vejez en compañía de su familia, pero se detuvo porque no podía abandonar una lucha de tantos años,  que ha implicado incontables sacrificios personales y mucha dedicación para participar en reuniones, movilizaciones y marchas en las que han reclamado una reparación integral por todo el daño sufrido. “Vamos a seguir hasta las últimas circunstancias”, sentencia.

Este reportaje fue realizado por LaHistoria.ec para Mongabay Latam