Consumo de carne silvestre pone en jaque a especies amenazadas

Pese a la prohibición de comercializar carne de animales silvestres que se encuentran amenazados, esta se sigue vendiendo en mercados de Orellana. En contraparte, la provincia solo cuenta con un puesto fijo de control forestal y de vida silvestre.

En la provincia de Orellana, al norte de la Amazonía ecuatoriana, animales silvestres como las guantas, sajinos, guatusas y armadillos son asediados por cazadores que codician su carne. Una problemática englobada dentro del tráfico de fauna, que perdura con el paso de los años y acrecienta la situación de amenaza en que se encuentran estas especies. La cacería se da indiscriminadamente en medio de la selva o en los caudales de los ríos, y puede herir la sensibilidad de más de uno. Un caso para destacar ocurrió en julio pasado. Entonces, un grupo de turistas que navegaba por el río Napo con destino al Parque Nacional Yasuní tuvo que presenciar un sangriento espectáculo que fue capturado en video. Las imágenes muestran cómo dos hombres armados de escopetas acribillan a una manada de huanganas, animales también conocidos como cerdos del monte. “Cómo los matan, no puede ser, no se supone que esto es prohibido… naden, por lo que más quieran huyan, escapen”, se escucha decir a uno de los turistas.

El impacto de la matanza caló en los turistas, que en cuanto llegaron a Nuevo Rocafuerte (a 200 kilómetros de recorrido fluvial desde la cabecera provincial Puerto Francisco de Orellana) presentaron la denuncia en la Fiscalía, con video incluido. La detención de los responsables se dio poco después y estos se acogieron a un procedimiento abreviado para que el proceso se resuelva en una sola audiencia. Se los acusó de delito contra la flora y fauna silvestre, comprendido en el artículo 247 del Código Integral Penal y que señala: “La persona que cace, pesque, capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, trafique, se beneficie, permute o comercialice, especímenes o sus partes, sus elementos constitutivos, productos y derivados, de flora o fauna silvestre terrestre, marina o acuática, de especies amenazadas, en peligro de extinción y migratorias, listadas a nivel nacional por la Autoridad Ambiental Nacional así como instrumentos o tratados internacionales ratificados por el Estado, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años… Se exceptúan de la presente disposición, únicamente la cacería, la pesca o captura por subsistencia, las prácticas de medicina tradicional, así como el uso y consumo doméstico de la madera realizada por las comunidades en sus territorios, cuyos fines no sean comerciales ni de lucro”.

Dos hombres procesados por brutal cacería

En este caso la justicia fue diligente y la condena llegó al siguiente mes. “Hemos conseguido que se sentencie con la máxima pena. Uno recibió tres años de prisión y el otro dos años porque se tuvo en cuenta algunos atenuantes” asegura en diálogo con Mongabay Latam el Director del Ministerio de Ambiente en Orellana, Manuel Muñoz. Hay dos líneas en el tráfico de especies, explica Muñoz: “La una es la vinculada al aprovechamiento de carne, que es por la costumbre de la gente que quiere comer carne silvestre, paga más y eso fomenta este tipo de actividades. Si hay quién compre, hay quién venda. También está el tráfico de especies para exportación, se trata de especies de alto valor exótico que rápidamente son pasadas al transporte aéreo y son sacadas al exterior. Eventualmente, habrá algún caso pequeño de que estas especies sean retenidas en el país”, señala, y añade que en esa provincia amazónica es más recurrente la confiscación de carne de animales silvestres que la captura de ejemplares vivos para su comercialización en mercados internacionales.

Muñoz asegura que frente a esta problemática, el Ministerio de Ambiente trabaja en dos iniciativas: “Una herramienta tecnológica mediante la cual se pueda revisar qué especie es la que se ha capturado en manos de cazadores o traficantes” y sirve para dar sustento a los operadores de justicias en sus alegaciones y sentencias. La otra tiene que ver con campañas de prevención.

El Director de Ambiente en Orellana asegura que no cuenta con una estadística clara sobre el tráfico animales silvestres ni de su carne, “pero con el apoyo de la policía estamos haciendo que cada vez sea más difícil”. Dice que se realizan controles aleatorios sobre todo en sitios vinculados con la transportación, pero solo tienen un puesto fijo de control forestal y de vida silvestre para toda la provincia, que tiene una extensión de 21.730 kilómetros cuadrados. Agrega que tienen planeado implementar otros dos.

Sobre los responsables del tráfico de carne de animales silvestres, Muñoz indica que no hay un patrón definido y que en ocasiones son colonos que entran a la selva a cazar para negocio. “Lo que sí le puedo decir es que las comunidades que están dentro del parque (Yasuní) normalmente ayudan a cuidar, pero en todo hay excepciones. Así como hay cómplices de la tala de madera, hay cómplices también de la captura y el negocio de especies”, dice Muñoz, y añade: “Antes era más permisivo el tema, era posible ver que en un restaurante le digan: le vendo carne de guanta, pero ahora ya eso se hace en secreto”. Finalmente sostiene que a diferencia del tráfico de animales vivos, en el tema de la carne silvestre “no se percibe que haya una suerte como de mafia más solida donde haya un gran volumen, un gran movimiento, porque el expendio de carne tampoco es que se haya diseminado en todo el país”.

Un solo puesto de control para la extensa provincia de Orellana

El único puesto fijo de control forestal y de vida silvestre de la provincia de Orellana está ubicado a un kilómetro del cantón Puerto Francisco de Orellana (más conocido como Coca), en la denominada vía Auca. Allí suelen pasar dos funcionarios del Ministerio de Ambiente que se dedican principalmente a revisar las guías de movilización de madera. Según explica a Mongabay Latam el guardaparque Diego Campos, lo que hacen es revisar si efectivamente se trata del volumen y especie de madera declarada. Dice que el paso de los transportistas de madera es obligatorio porque sin su aval no pueden pasar otros controles que se presentan en las carreteras. Consultado sobre controles específicos de tráfico de vida silvestre, Campos señala que por lo general lo que suelen encontrar es carne de animales de monte. El protocolo consiste en retener el producto, aunque no hay un lineamiento claro sobre la detención de quienes lo llevan, apunta. “No nos ha llegado un documento oficial al respecto”, asegura, y añade que suelen ser personas muy humildes. “Se puede encontrar dos tipos de carne: fresca y ahumada”. Sobre el destino de la carne confiscada, el guardaparque comenta que “si se encuentra ahumada, que es considerada carne en mal estado, se procede a enterrar, y si es carne fresca se embala, se pesa y se lleva al zoo para la alimentación de los animales”. Se refiere al zoológico que gestiona el Municipio de Orellana y que acoge a animales rescatados por el Ministerio de Ambiente y que Mongabay Latam visitó.

El guardaparque Diego Campos explica que también se hacen operativos en sitios específicos y que un punto conflictivo es la comunidad de Pompeya, ubicada a 100 kilómetros por carretera desde Coca o 50 kilómetros de recorrido fluvial por el río Napo. Justamente, Pompeya es mencionada en el quinto Informe Nacional sobre la Biodiversidad Biológica que publicó en 2015 el Ministerio de Ambiente. El documento hace referencia a un estudio de la Wild Conservation Society sobre el tráfico de carne de animales silvestres en la región noroccidental del Parque Yasuní y su zona de influencia de la Amazonía ecuatoriana, y apunta que en el mercado local de Pompeya se comercializaron entre 2005 y 2007 unos 10.000 kilos de carne silvestre por año. Esa cifra se incrementó a 19.000 kilos en 2011, según determinó un monitoreo posterior realizado por el propio Ministerio y que coincidió con el lanzamiento, ese mismo año, de una campaña para reducir la comercialización de esa carne.

Carne silvestre se consigue sin problema

“Estos procesos de defaunación debido a la cacería no sostenible, no solo disminuyen las poblaciones de las especies involucradas y afectan a la integridad del ecosistema en donde habitan, sino que atentan contra la seguridad alimentaria de los pobladores locales”, indica el informe de biodiversidad del Ministerio de Ambiente. Además indica que “la paulatina disminución de las poblaciones de animales silvestres, de sus áreas de distribución y de su rol en el funcionamiento de los ecosistemas, está teniendo efectos adversos para los seres humanos, debido principalmente a la pérdida de los servicios que prestan a nuestro bienestar. Entre los que están: i) los de aprovisionamiento (la carne – proteína proveniente de los animales de monte y de los peces, las pieles y las medicinas naturales); ii) regulación y soporte (la depuración del agua, la fertilidad de los suelos, la descomposición, la polinización y el control biológico); y, iii) los servicios culturales (el valor estético y las actividades recreativas)”.

En el estudio mencionado, el Ministerio de Ambiente no expone cifras actualizadas sobre el problema. Pero su Informe de tráfico ilegal de especies 2014, el último de su tipo disponible en el portal del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), se habla de la cantidad de carne silvestre que fue decomisada ese año por las 23 dependencias que tiene el Ministerio. En total se retuvieron 1.560 libras (707 kilos) de la también llamada carne de monte, el 87% proveniente de mamíferos, es decir, 1.359 libras (616 kilos). Según el reporte de Ambiente, el 94% de la carne se confiscó en cuatro provincias amazónicas. La principal, Orellana, con un 45% del total nacional: 612 libras (277 kilos). Otro dato importante que aporta el informe de Ambiente es que toda la carne incautada corresponde a 11 especies. Las principales: el pecari de cuello blanco o huangana con 452 libras retenidas (205 kilos), la guanta con 357 libras (162 kilos), el venado colorado (Mazama americana) con 129 libras (58 kilos) y el sajino con 122 libras (55 kilos).

Varios de los animales cazados con el objetivo de comercializar su carne están en situación de vulnerabilidad tanto en el país como a nivel internacional. Por ejemplo, la huangana o pecari de cuello blanco se encuentra en categoría NT (Casi amenazada)  en Ecuador, mientras que en la categoría global de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés) está en la categoría  Vulnerable. El armadillo de nueve bandas (Dasupus novemcinctus) también se encuentra clasificada en la categoría NT en el país, mientras que en la lista de la IUCN aparece como Preocupación Menor (LC). El tapir amazónico (Tapirus terrestres), cuya carne también suele ser decomisada en Orellana, está en categoría Vulnerable (VU) tanto en el Ecuador como a nivel internacional. Hay poca información de otras especies como el venado colorado, que aparece en la categoría DD (datos insuficientes).

En todo caso, en la provincia de Orellana continúa siendo muy sencillo comprar carne de animales silvestres en amenaza, según pudo comprobar Mongabay Latam en un recorrido. Por ejemplo, uno de los puntos de expendio es el mercado quichua ubicado a un lado del malecón de Puerto Francisco de Orellana. Allí, una mujer que vendía plantas medicinales dio las pautas para conseguir el producto. Había que acercarse a una puesto cercano y preguntar en voz baja sobre la carne prohibida. Así se hizo. Según indicó el vendedor, tenía a disposición carne de guanta a razón de $4 la libra (0.45 kilos), carne de guatusa y de armadillo a $3 la libra, aunque este último lo podía expender bajo pedido y para el día siguiente. La carne silvestre más barata que vendía era la de Armadillo a $2.5 por libra ((0.45 kilos). No tenía carne de caimán, mono y venado, que sí se pueden conseguir en otros puntos de la provincia.

Este reportaje fue realizado por LaHistoria.ec para Mongabay Latam