José Tendetza y cómo silenciaron su lucha

Por Daniela Aguilar

“¿Cómo íbamos a pensar que pasaríamos acorralados, así como puercos?”. La expresión es de Carlos, hermano del fallecido líder shuar José Isidro Tendetza Antún, y refleja no solo el sentimiento de una familia sino de una comunidad, que observa impotente como la expansión de la minera china Ecuacorriente (ECSA), en la Cordillera del Cóndor, amenaza con desterrarlos del que ha sido su hogar por generaciones. Los perturba el polvo y el ruido incesante que provocan las volquetas cargadas de material pétreo que van y vienen, día y noche, por la única vía que conecta a su comunidad Yanúa kim de la parroquia Tundayme, con la Troncal Amazónica. Los angustia la contaminación de las fuentes de agua, que los ha hecho desistir de una práctica ancestral del pueblo shuar: la pesca. Aunque más inquietante les resulta el dominio que ejerce la empresa china sobre su territorio, a partir de puestos de control ubicados estratégicamente en puentes y cruces, que restringen incluso el paso de los moradores. Esa vigilancia permanente, mezclada con el vacío y pesar que dejó el asesinato de José Isidro de 47 años, hacen que el aire se vuelva denso y se les dificulte hasta respirar. Una agonía permanente y hasta cierto punto parecida al desenlace del activista indígena y ex vicepresidente de la Federación Shuar, al que asfixiaron hasta romperle el cuello.

Ángel Tsukanka tiene 72 años y al río como vecino. Vive en el sitio Chuchumbletza del cantón El Pangui, provincia de Zamora. Una localidad que sirve de puerta de entrada a la parroquia Tundayme y por ende al mega proyecto minero más avanzado del país: Mirador, que desarrolla la empresa china ECSA. Chuchumbletza es además un punto de reunión de la etnia shuar, que usa al río Zamora para llegar a sus comunidades ubicadas en sus márgenes, incluidas algunas localidades de la limítrofe provincia de Morona Santiago. Un largo y vetusto puente colgante, que atraviesa el caudaloso afluente, desemboca frente a la casita de tablas donde vive Tsukanka desde hace diez años. No es dueño de la propiedad, aclara. Solo un cuidador que se dedica a la siembra de maíz y yuca. Fue justamente desde dicho puente, que la mañana del 2 de diciembre de 2014 divisaron un bulto que arrastraba la corriente. “Ganado, ganado, se va ahogando, gritaban. Yo ni me di cuenta que era una persona… entonces cogieron sin permiso la canoa de la señora Nelly y le siguieron hasta bien abajo. Avanzaron a cogerlo en esa partecita donde desemboca el río Chuchumbletza”, relata Tsukanka y añade que fueron ingenieros de ECSA quienes dieron aviso a las autoridades. Además asegura que conocía a José Tendetza pero no logró identificarlo cuando se asomó al bote en el que yacía su cuerpo. Sin embargo, no es por ese testimonio que se ha convertido en pieza importante de la acusación fiscal contra los dos presuntos asesinos, sino por el relato que habría escuchado de su nieta e hija de unos de los procesados, Liliana Unup, y que ella misma manifestó en una primera versión que rindió en la Fiscalía. “Me encontraba en la casa de mi papá y llegó él borracho y dijo que eran cinco señores opositores a la empresa ECSA y que le han matado a uno de ellos, se llama José Tendetza”.

La primera tumba de José Tendetza, que ahora tiene nuevo dueño, está ubicada en el cementerio de Yanzatza. En una bóveda al ras del suelo y a espaldas del río. Allí lo enterraron como NN el mismo día de su hallazgo, tras una autopsia que se realizó en el hospital básico del mismo cantón y que dejó más preguntas que respuestas. El legista encargado, Lauro León, no supo responder al casillero más importante del informe de autopsia, la causa de la muerte. “Indeterminada”, escribió. Inmediatamente después, el primer fiscal del caso, Ángel Ortiz, ordenó la inhumación bajo la premisa de que el cuerpo en descomposición de Tendetza era un peligro para la salud pública. “Mientras mayor tiempo de insepulto, mayor riesgo de contaminación”, dicta parte de la providencia.

La autopsia sin resultados y el apresurado entierro del cuerpo de José Tendetza, provocó el reclamo de sus familiares y compañeros de activismo, que acudieron a la Fiscalía el 3 de diciembre tras enterarse del hallazgo de un cuerpo con sus características. Entonces presionaron para que se exhume el cadáver y se realice un nuevo procedimiento. El propio fiscal provincial de Zamora, Eduardo Moreno, reconoció que el Código de la Salud determina la necesidad de identificar a un cadáver antes de sepultarlo, “pero aquí no tenemos cámara térmica… Si se le pregunta a la colectividad quién es él y nadie lo reconoce, qué puede hacer la Fiscalía”, justificó Moreno y añadió que durante la primera necropsia se extrajo tejidos para esclarecer las causas del deceso y poder realizar un análisis de ADN si con el tiempo alguien reclamaba.

Al contrario de la primera autopsia, la repetición resultó esclarecedora. El procedimiento se realizó el 4 de diciembre en el cementerio de Yantzaza y ese mismo día se descartó que José Tedetza se haya ahogado en el río, tal como se especuló desde que se encontró su cuerpo. El perito de criminalística del Azuay, Anibal Pineda, determinó que se trató de una muerte violenta y que la real causa fue “asfixia por estrangulación”. Según registró en su informe, el cadáver presentaba golpes y habían transcurrido de 3 a 5 días aproximadamente desde el crimen; y una cosa más. El legista hizo énfasis en una importante omisión cometida durante la necropsia anterior: “No se realizó la disección del cuello”. Por eso no se supo desde un inició que a José Isidro le rompieron el hueso hioides, signo irrefutable de estrangulamiento. Quizás con la misma soga azul que le encontraron atada a la cintura y brazos.

Solo entonces, el cuerpo de Tendetza cambió el plástico negro con el que lo envolvieron en su primera sepultura, por un ataúd, y fue conducido al cementerio de El Pangui, el más próximo a su comunidad. Allí lo enterraron caída la noche y sin funeral. Era 4 de diciembre de 2014, día en que el líder shuar tenía previsto viajar a la capital peruana para denunciar el impacto de ECSA en su territorio. Comparecería ante la Cumbre de los Pueblos en el marco de la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático. Incluso tenía el pasaje comprado, confirmó el fiscal del caso Galo Rodríguez.

La noticia del crimen corrió como pólvora y provocó una avalancha de reacciones de organizaciones indígenas y de Derechos Humanos, nacionales y extranjeras. Amnistía Internacional demandó una acción urgente por parte del Estado ecuatoriano para precautelar la seguridad de la familia Tendetza y la comunidad de Yanua kim, que quedaron atemorizados tras un brusco allanamiento en el domicilio de la víctima. Además pidió que se tomen “todas las medidas necesarias para impedir que otros líderes que se oponen a proyectos extractivos sean asesinados o heridos”. Amazon Watch envió una misiva al Fiscal General y al Ministro del Interior, denunciando ataques y persecución a José Tendetza por parte de ECSA, y pidiendo una investigación justa y transparente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se pronunció. Pidió explicaciones al gobierno y la comparecencia en Washington del entonces canciller Ricardo Patiño, quien se rehusó a acudir. A nivel de país, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENAIE) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), junto otras organizaciones nacionales, regionales y locales, deploraron el crimen y recordaron que José Isidro actuó como demandante en varias acciones judiciales para frenar la minería a gran escala en la Cordillera del Cóndor, que acumuló varias denuncias por parte de ECSA y que la compañía mandó a derrumbar su casa y destruir sus cultivos. Además criticaron la actuación del primer fiscal y denunciaron irregularidades.

“Perdóneme pero me parece que hablar de irregularidades es bastante irresponsable”, aseguró el fiscal Galo Rodríguez, quien asumió el caso a partir de la segunda autopsia. Según Rodríguez, la actuación de su antecesor fue aceptable aunque “quizás faltó un poco más de acuciosidad”. De igual forma, el fiscal provincial Eduardo Moreno defendió lo actuado, pero sostuvo que si se cometieron negligencias durante la investigación, habrá que identificarlas y sancionarlas con el Código Orgánico de la Función Judicial.

Un proceso que avanza con contratiempos

“URGENTE aprehendido el segundo presunto autor material de (asesinato de) JOSÉ TENDENZA, Guido Yankur, excelente trabajo DINASED”, escribió en su cuenta de Twitter el ministro del Interior José Serrano la tarde del 23 de mayo de 2015. El mensaje iba acompañado de una foto en primer plano del implicado. Minutos antes, Serrano anunciaba por el mismo medio la captura de Carlos Unup, el otro procesado por el asesinato del líder shuar, quien “fue encontrado con el celular de la víctima” según la información proporcionada. De inmediato empezaron las reacciones. Muchas cuestionando al Ministro por publicar los rostros de los detenidos sin respetar su presunción de inocencia, pero hubo otras de felicitación a la labor cumplida. Lo que no reportó José Serrano fue que solo un día después de su anuncio, los presuntos victimarios de Tendetza quedaron el libertad luego de que el juez Julio Mallaguari de la Unidad Penal de Yantzaza declarara la nulidad del proceso.

Mallaguari culpó a la Fiscalía, por presentar una petición incorrecta de la solicitud de audiencia. “Formular cargos dentro de veinticuatro horas por un delito no flagrante, constituye una vulneración a las reglas básicas del derecho al debido proceso”, suscribió. Pero el fiscal de la causa, Galo Rodríguez aseguró que actuó conforme a la ley, y que una vez concluida la audiencia e iniciada la instrucción, el juez anuló el proceso “solo porque era domingo y feriado (24 de mayo)”. “Si hubo un error, fue del secretario del juzgado”, añadió. El hecho es que entre la apelación al fallo de nulidad y la revisión de la Sala Única, que se ratificó en lo actuado por el juez, el proceso estuvo estancado casi dos meses. Finalmente, el 13 de julio de 2015  se inició la instrucción fiscal contra Carlos Unup y Guido Ankur. Contrario a la petición del Fiscal, a los procesados les dictaron medidas sustitutivas a la prisión preventiva, entre ellas portar un dispositivo de vigilancia electrónica que nunca fue colocado. Esto porque pudieron justificar arraigo gracias a una carta de su empleador: la compañía de capital chino Ecuacorriente S. A. (ECSA).

Carlos Unup y Guido Yankur conocían a José Tendetza. “No eran ni muy amigos, peor enemigos”, sostuvo el defensor de los procesados Pedro Chamba y agregó que todos coincidieron como empleados de ECSA en el año 2006. “Ellos mantienen su inocencia, no tienen nada que ver con ese proceso. Fiscalía se ha equivocado muchísimo”, recalcó Chamba. Tanto Unup como Yankur forman parte de las comunidades shuar Jaime Narváez y Campana Etnsa, respectivamente. Ambas pertenecientes a la parroquia Bomboiza, cantón Gualaquiza, provincia de Morona Santiago, y a las que se accede a través de transporte fluvial que se aborda en el sitio Chuchumbletza, paso obligado para llegar a Tundayme. “Son trabajadores muy sencillos que viven de su suelo ($400)”, agregó el letrado.

José Isidro Tendetza trabajó como cargador de maquinaria un breve periodo en ECSA, en el año 2006. Desistió de continuar, según recuerda su familia, porque desde aquel entonces se dio cuenta del gran impacto que traería la megamineria a su comunidad.

Según las primeras pesquisas, el 29 de noviembre, día que José Tendetza fue visto por última vez y se presume fue asesinado, Carlos Unup tomó posesión de su celular e introdujo un chip. “Se hace la triangulación de llamadas y Unup usa el teléfono para comunicarse con Fernando Abad, Máximo Alcívar y Guido Yankur… todos esos números estuvieron conectados desde las 8:00, mientras desaparecía el señor Tendetza esas personas tenían contacto”, sostuvo el fiscal Rodríguez en la primera formulación de cargos que resultó fallida. Además añadió que Yankur llamó a Vicente Ávila y le contó que Tendetza estaba muerto.

Pero algo rarísimo, en palabras del abogado de la familia Tendetza Bruno Segovia, ocurrió con el informe de la telefónica CLARO que ubicaba a Carlos Unup con el celular del líder shuar. “Teníamos ya una prueba que era más que contundente respecto a su participación, porque era el teléfono de José. Pero a los pocos días han mandado un oficio a los investigadores de la DINASED diciendo que ha habido un error, que no ha sido ese teléfono de él”. Fiscalía dispuso que se tome versión en Guayaquil de la remitente del escrito, una funcionaria que labora en la telefónica desde hace 12 años. “Le pregunté en el proceso cuántas veces han cometido ese tipo de errores”, comenta Segovia, quien participó en la diligencia, “entonces nos dijo que enviaron esa información pero luego han hecho una auditoría donde encuentran que el teléfono no ha sido”. Segovia, extrañado de que se examinen informes presentados en procesos judiciales, insistió con su pregunta: “¿Cuántas veces ha pasado esto en sus años de trabajo”. Respuesta: “nunca”.

“No tienen ningún asidero legal”, asevera el abogado de los procesados Pedro Chamba e insiste en que ninguno hizo tales llamadas. Según relata, entre el 28 de noviembre y 2 diciembre, días entre los que José Tendetza salió de su domicilio y su cuerpo fue hallado en el río, la compañía ECSA les dio días libres a ambos y permanecieron todo el tiempo en sus comunidades. Pero luego recula respecto a Yankur, quien sí se ausentó el 28 de diciembre. “Él se lo encuentra a José Tendetza en Gualaquiza y tuvieron conversaciones. Le manifiesta Tendetza que le acompañe a tomar unos tragos y él le contesta que va a hacer unos trámites en el banco y a pagar el plan de su teléfono. Pero cuando regresa al terminal, no lo encuentra. Esa fue la última vez que lo vio”, afirma Chamba.

Hay otro asunto al que también se refiere Chamba, la versión de la hija de uno de los procesados, Liliauna Unup, quien declaró en la Fiscalía que su padre borracho confesó su participación en el asesinato de José Tendetza. El abogado sostiene que la chica se retractó, y que tanto ella como su abuelo y testigo en el caso, Ángel Tsukakan, testificaron motivados por la recompensa de $100 mil que ofreció el Ministerio del Interior para dar con los responsables del crimen. Lo cierto es que Liliana Unup dijo en un ampliación de su versión que no recordaba su primer testimonio y que había acudido presionada por su abuelo. Tsukanka por su parte se ratificó en que escuchó a su nieta incriminar a Unup, negó esperar una retribución por su declaración y aceptó que le dijo a su nieta, que estaba reacia a atestiguar, que si no comparecía podía ir presa.

La supuesta incriminación de Carlos Unup se esparció por la comunidad shuar y provocó el reproche del otro implicado, cuenta Angel Tsukanka. “A mi el (Carlos) Benito me da iras. Anda tomando y habla huevadas. Él mismo se condenó con su palabra cuando yo qué culpa tengo”, le habría dicho Guido Yankur.

Contra todo pronóstico, hay un punto en el que sí coinciden los abogados Chamba y Segovia, representantes de los procesados y de la familia Tendetza, respectivamente. En que José Tendetza no tenía ningún tipo de conflicto con Carlos Unup y Guido Yankur. Esto, contrario al móvil que baraja la Fiscalía. “El asunto es más por divisiones de tierras, problemas internos, inclusive entre todas las comunidades”, aseveró el fiscal del caso Galo Rodríguez, quien de paso descartó que el crimen esté relacionado con el activismo de José contra ECSA y le bajó el perfil al liderazgo de Tendetza. “El señor era procurador síndico de la comunidad shuar de Yanua kim… pero dirigente a nivel provincial no fue, dirigente a nivel nacional tampoco”. Hasta el momento el proceso acumula 57 cuerpos.

El abogado Segovia ve las cosas desde otro ángulo. Asegura que se trataría de “un crimen por encargo” y que ECSA está apoyando a los implicados. “La empresa está en entredicho por la muerte de José, se les ha culpado en forma directa por parte de los familiares y gente de la comunidad, y sin embargo ha habido una protección y les han recibido en el trabajo. Lo menos que podían haber hecho es deslindarse de eso”, afirma Segovia y añade que el asesinato de Tendetza encajada dentro de los conflictos que ha provocado la expansión de ECSA. Como prueba, dos investigadores mexicanos que estuvieron en la zona de Tundayme y documentaron un mapeo de actores sociales que Ecuacorriente vendría realizando desde 2009, testificarán mediante videoconferencia en la audiencia prevista para este lunes 11 de abril. Se trata de Yakir Sagal y Lizbeth Hernández. “En el estudio está identificado plenamente José Tendetza como una persona que es contraria a la empresa y algunas prácticas que ellos hacen de captación, compra de conciencias y persecución”. Aún así, Segovia es consiente que el juicio es únicamente contra dos trabajadores. “En el evento que haya una sentencia condenatoria sería con un sabor agridulce porque no se llegaría a los autores intelectuales», concluye.

Ciertamente, la empresa está muy tranquila y prefiere no referirse al tema. Consultada sobre la posición de ECSA frente al procesamiento de dos de sus empleados, la comunicadora Ruth Salinas contestó: “No tenemos ninguna reacción porque la Compañía es una cosa y los empleados son una situación muy distinta. Yo creo que la ley sabrá juzgar a la gente que está involucrada en el tema, pero la compañía en ese caso qué incidencia tiene o por qué… No hay una lógica de que la empresa se involucre en una defensa que no es de ella”.

José Tendetza no solo era pieza clave para la resistencia antiminería que se tejía entre las fronterizas provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago frente el proyecto Mirador, y que quedó desarmada con su asesinato. También era hijo, hermano, padre y abuelo. Si los suyos tendrían que elegir una sola palabra para describirlo, esta sería: trabajador. Se dedicaba a sembrar plátano desde que salía el sol hasta que se ocultaba, y le robaba horas al día para organizar a su comunidad en defensa de su territorio. «Andaba a pie, a veces sin comer, sin plata. Lo llamaban a mi hermano en la noche, que por aquí, que por allá, que había reunión… Él era el único que frenteaba, por eso le hicieron esto», rememora Carlos Tendetza, quien lo acompañaba en su lucha. «Ahora nosotros también estamos aquí, enfrentando lo mismo, pero no hay quien nos apoye», se lamenta. Para Carlos y su familia, autoridades, periodistas e incluso los compañeros de activismo de José Isidro, pasaron la página y los dejaron a su suerte.

*Nota al pie: El 15 de abril de 2016, el Tribunal único de Garantías Penales de Zamora Chinchipe absolvió a Carlos Unup y Guido Yankur como autores de la muerte de José Tendetza. El fiscal del caso Galo Rodríguez aseguró que los jueces no «valoraron debidamente toda la prueba testimonial y documental» y anunció que apelaría.

 *Este reportaje fue realizado por Daniela Aguilar, en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas del International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con CONNECTAS.