Un político o política debe tener el corazón duro, cuando no está expuesto a las luces públicas. Sin consideraciones personales o muestra alguna de un lado débil. Esta es una regla no declarada, que difícilmente será reconocida. Por eso, cuando a la ex asambleísta orense Rosa Orellana, su asistente le envió una foto de la condición lamentable de salud en la que se encontraba en ese momento, no tuvo efecto alguno en la recia legisladora.
Era el 30 de octubre de 2018. «Asambleísta, buenos días, lamentablemente tengo una necesidad, tuve un accidente, me caí bajando de las escaleras con mi hijo y me quebré la pierna. Le quiero rogar si me puede prestar 500 dólares, yo le devuelvo», le escribió Fausto Loján, quien hasta le envió la foto de la radiografía con el hueso roto.
En lugar del dinero que necesitaba, la respuesta que recibió el empleado legislativo fue todo lo contrario.
«Dios mío, que pena. Ahorita necesito más que nunca lo de siempre. Me programé para eso. Si hubiese sido con tiempo», le responde Orellana.
«Ya no se preocupe, asambleísta, le entiendo. Mañana le mando a depositar con mi esposa», contestó el desilusionado asistente.
Loján denunció posteriormente que su caso era uno más de los abusos cometidos al interior del Palacio Legislativo, con los archiconocidos «diezmos». En este tema particular, su sueldo era de $1394 mensuales, de los que puntualmente, mes a mes, debía entregar $1000 a la asambleísta. Él se quedaba con la diferencia, $394, a la cuenta un sueldo básico a esa fecha y todo era posible gracias a la figura de que se trataba de un empleado en territorio, es decir, no tenía la obligación de trabajar directamente en la Asamblea. Y aquí todos saben que el trabajador en territorio es una figura libre, sin control, con el que se pueden establecer relaciones y acuerdos privados como el de Orellana y Loján.
Con la denuncia puesta hace más de dos años, no ha pasado nada. Tanto no ha pasado que Rosa Orellana volvió a presentar su nombre como candidata a la Asamblea, en las últimas elecciones de 2021, con el apoyo del movimiento de María Paula Romo, Construye. La población de El Oro no volvió a confiar en ella y perdió.
DESTITUIDA EN EL PLENO, SOBRESEÍDA EN FISCALÍA
Que no pase nada con las denuncias de corrupción, no es algo que sorprenda demasiado al interior del Parlamento. Que se investigue y se sancione hasta las últimas instancias, es más bien la excepción. Y un caso en particular de castigo, copó amplios espacios en los medios de información. El de la legisladora ambateña Ana Galarza, considerada en su momento una de las revelaciones de la nueva y joven generación de mujeres políticas. Todo iba de maravilla para Galarza, hasta que uno de sus asistentes, Lenin Rodríguez, salió públicamente a acusarla de gestionar cargos públicos. El tema pasó a investigación y el informe de mayoría de la Comisión no recomendaba su destitución, pero el de minoría, sí. Con eso, el asunto pasó al Pleno. Y allí, el correísta Ronny Aleaga apuntó los reflectores sobre Francisco Sevilla, esposo de la asambleísta, una figura que se hizo familiar en los pasillos del parlamento. «Es un claro caso de piponazgo, al puro estilo del Congreso de los años 90. En la práctica, el señor Sevilla usurpaba funciones», dijo en su intervención acusatoria Aleaga. Galarza reconoció que su esposo la acompañaba siempre y hasta tenía la tarjeta magnética de uso exclusivo de los legisladores, por lo que se disculpó.
La suerte de Galarza, estaba echada. Con 91 votos, el 7 de febrero de 2019, el pleno de la Asamblea la destituyó de su cargo por gestión de cargos públicos y todo el expediente fue remitido hasta la Fiscalía, en donde se investigó el presunto cometimiento de un delito. Más de dos años después, en diciembre de 2021, la Fiscalía no encontró indicios de ninguna irregularidad y pidió el archivo. Galarza dice que pese a los ataques mediáticos que recibió como responsable de «Diezmos», su causa nunca fue por ese motivo. Ahora con el pronunciamiento de Fiscalía, busca una reparación integral por medio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Incluso piensa llegar hasta la Corte con sede en Costa Rica. Y explica que su destitución se origina en su trabajo de investigación hecho a las irregularidades que ocurrían al interior de los incautados Seguros Sucre. Da nombres: «Diego Sánchez y Santiago Cuesta». Ellos pusieron el precio a su cabeza, afirma, y fue una operación frontal: «El propio Sánchez me lo dijo en una reunión que tuvimos. Aplicó todo su poder».
CORRUPCIÓN Y POLÍTICA
Las prácticas corruptas en la política son tan viejas que no existe un registro preciso que indique cuándo comenzó todo ni quiénes fueron los precursores. Existe desde siempre, podría decirse. En el caso particular de los diezmos, en el Ecuador puede ponerse como un antecedente válido el viejo Congreso, aquel que volvió a legislar en 1978, cuando el país pensaba que inauguraba una nueva etapa republicana, libre de las viejas artimañas. En ese año, un joven reportero comenzaba a dar sus primeras vueltas por los pasillos legislativos. Era Félix Narváez, quien terminó siendo el cronista parlamentario de televisión más recordado.
Félix intenta hacer memoria del primer caso de diezmos que escuchó a lo largo de su trayectoria cubriendo el Congreso. Y dice que décadas atrás, nadie se escandalizaba cuando a fines de mes, se formaban largas filas en Pagaduría, con muchas personas que nadie nunca veía trabajando, pero eran muy puntuales para cobrar. «En ese tiempo, se pagaba en cheque. Y apenas los dizque empleados cobraban, corrían a dejar una parte de ese sueldo a sus jefes», recuerda Narváez. Eran los famosos «pipones». Y todo explotó luego que el ex presidente interino Fabián Alarcón dejó el poder. Alarcón fue a dar a la cárcel exclusiva 4, en marzo de 1999, por llenar de pipones el Congreso, aunque finalmente fue absuelto. Pero en adelante, ya las cosas no serían igual. Entonces la modalidad para el aprovechamiento, se modernizó. Ya no había cómo contratar pipones, que por prestar su nombre, se ganaban su porcentaje de sueldo sin hacer absolutamente nada. Ahora había que hacer una contratación real, pero dejando siempre en claro que este era un favor político, que tenía su precio y el pago era el diezmo.
«Con el tiempo todo se fue sofisticando», explica Narváez. La ventaja que tuvieron los corruptos en tiempos pasados es que no había la tecnología, por lo que era más sencillo no dejar huellas. Ahora se les complica todo, con tantos aparatos en los que puede quedar un rastro y algún día salir a la luz. Y los esfuerzos por protegerse han sido evidentes: «Por eso pusieron vidrios en el Pleno, para que los periodistas no escuchen lo que hablan, lo que negocian. Aquí han pasado cosas tan increíbles como que las piedras históricas de los patios que fueron removidas durante la última remodelación, terminaron en las casas de legisladores. Se han llevado hasta las piedras», comenta Narváez, quien dejó de cubrir el Parlamento hace seis años y por su trabajo se ganó un par de palizas con las debidas hospitalizaciones.
YO DIEZMO, TÚ DIEZMAS, NOSOTROS DIEZMAMOS
¿Cuándo se intensificó todo? En el recuento histórico, hay un capítulo que fue destacado por Christian Viteri, quien fue legislador correísta cuando Alianza País arrasó con más del 80% de las curules en su mejor momento. Viteri recordó que el entonces presidente Rafael Correa lideró una reunión con los asambleístas de su partido y les pidió una contribución mensual de $400 para la organización. E hizo una petición adicional, dijo Viteri: «El presidente solicitó que una cantidad similar deberían procurar reunir entre asesores, asistentes y el equipo de despacho del asambleísta». Muchos se extralimitaron en ese pedido y pidieron mucho más que los $400.
Una de ellas fue la ex Vicepresidenta María Alejandra Vicuña, una de las pocas sentenciadas por cobrar diezmos cuando fue Legisladora, quien fue sentenciada en enero de 2021 a dos años de cárcel, pena aumentada respecto a la impuesta en primera instancia. Curiosamente, Vicuña sigue gozando de libertad, trabaja en el SRI y nunca ha pisado la cárcel. Tampoco ha pagado la reparación que le fue impuesta, por $173.180. El caso de Vicuña fue denunciado cuando ella ya no era legisladora y cumplía funciones de Vicepresidenta de la República.
El otro de caso de diezmos en la Asamblea que ha llegado a sentencia condenatoria es el de la ex legisladora de AP, Norma Vallejo, quien al igual que Vicuña, fue sentenciada primero a un año de prisión y en la apelación la condenaron a dos años de cárcel por el delito de concusión. Vallejo fue destituida de su cargo por el Pleno de la Asamblea y hasta ahora no ha cumplido en prisión la pena impuesta.
El tercer caso de diezmos que ha llegado a instancias penales es el de la legisladora manabita Karina Arteaga, procesada y llamada a juicio en octubre de 2021, junto a su ex asistente. Las dos están acusadas de concusión por cobrar diezmos a subalternos entre 2017 y 2019 «abusando de su cargo y bajo amenazas», demostró la Fiscalía. En este caso también estuvo procesado el esposo de Arteaga, pero la Corte dictó su sobreseimiento.
Y es que si hablamos por número de casos presentados, el anterior periodo de la Asamblea se lleva el primer lugar, sin discusión.
Vanessa Fajardo fue asambleísta de Santa Elena por AP y recibió denuncias de pedir aportes para eventos navideños, donde ella era más protagonista que Papá Noel. «Una vez nos pidió dinero para alquilar un helicóptero. Ella quería llegar al agasajo navideño en helicóptero. A mí me tocó dar $250 y así cada uno», dijo un ex empleado. Y la asambleísta llegó en helicóptero, que según ella fue la contribución hecha por un amigo.
Viviana Cadena fue asesora del ex asambleísta por Carchi, Leandro Cadena, a quien denunció al verse involucrada en un proceso penal por enriquecimiento ilícito.
En Galápagos es conocida el peso y la influencia política que tenía el asambleísta Ángel Vilema, de Alianza País. Aún así fue denunciado por Luis Salgado, quien era el chofer de su casa, hacía los mandados y las compras del supermercado. Y además estaba enrolado en la Asamblea con un sueldo de $1200, de los cuales daba $400 mensuales al asambleísta. Un día fue informado que se le acabó el contrato en la Asamblea y averiguó que su reemplazo era una mujer, la asistente doméstica de Vilema. En el caso de un asesor, el abogado Gonzalo Garzón denunció haber dado diezmos por $1000 al mes al mismo legislador.
Y es que el periodo anterior de la Legislatura se lleva el primer lugar por el número de casos denunciados, la mayoría no sancionados. Hablando del asambleísta Raúl Auquilla, este reconoció que recibió los aportes económicos, pero aclarando que eran como «préstamos personales». Su ex asesora Elizabeth Guachilema no cree lo mismo y denunció que «durante 18 meses le di $1000 mensuales y hasta le compraba las recetas médicas porque es diabético. En una ocasión, me pidió que le compre un perfume de $150, el Trésor de Lancome, para su esposa. Uno acepta todo esto por la necesidad», dijo Guachilema. Auquilla aceptó inclusive la compra del perfume, pero aclaró que fue un acto voluntario. Contra Auquilla, pese a la denuncia, no se ha establecido ninguna responsabilidad.
LOS DIEZMOS DE HOY
El doble rasero podría calificarse a lo que ha ocurrido en el actual periodo de la Asamblea Nacional, en cuanto al tema de los diezmos. En el caso de la ex Vicepresidenta del Parlamento, Bella Jiménez, no hubo mayores contemplaciones al momento de su destitución. Y claro, pruebas hubo. Como el audio presentado en el que ella hablaba de su poder para colocar cargos dentro de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Y el testimonio de una ex asistente, en el que aseguraba que los diezmos exigidos iban dirigidos a pagar la cirugía plástica de lipoescultura de la legisladora, para conseguir una mejor figura. Todo eso pesó.
Pero los legisladores no han tenido la misma preocupación en el caso de su colega Mariano Curicama, quien en julio de 2021 fue condenado a dos meses de prisión por haber pedido diezmos a sus colaboradores cuando ejerció el cargo de Prefecto del Chimborazo, entre 2011 a 2019.1 Tan poca transcendencia ha tenido esta denuncia que Curicama no tuvo ningún problema en ganar la Presidencia de la Comisión Alimentaria en mayo de 2021 y continuar ejerciendo esa función, incluso después de haber sido sentenciado por diezmos.
El caso de Eckenner Recalde, de la Izquierda Democrática, fue aún más escandaloso. Fue denunciado por sus propios compañeros de partido que presentaron pruebas como audios y testimonios de sus colaboradores que revelaron la exigencia de diezmos. El informe de la Comisión de Ética de la Asamblea recomendaba su destitución, pero nada de eso fue suficiente para el Pleno del Parlamento, que el día de su juzgamiento no pudo reunir los votos suficientes para su expulsión. Apenas se consiguieron 72 voluntades, de las 92 que eran necesarias para ese propósito. Los que salvaron a Recalde fueron los correístas, que unidos votaron por la abstención, al igual que una parte de los asambleístas de Pachakútik. Desde entonces, Recalde vota como un correísta más. Será por gratitud.
