Que todo cambie para que nada cambie. La máxima del gatopardismo tiene amplios espacios para aplicarse en distintos tiempos en el Ecuador. Y aunque las formas pueden no ser las mismas, el fondo lleno de opacidad y falta de transparencia en las contrataciones públicas de seguros son un «corsi y recorsi», según la teoría del filósofo italiano Giambattista Vicco, que significa que la historia no es otra cosa que un retorno cíclico de las épocas. Y todo vuelve a suceder, inevitablemente.
En el año 2001, el agregado militar de la embajada de Ecuador en Londres, el capitán de la Marina Rogelio Viteri, se metió en el ojo del huracán, del que todavía no sale completamente, dos décadas después. Viteri denunció al entonces embajador en Londres, Sixto Durán Ballén, que tres jefes de Estado Mayor del Ejército, de la Marina y de la FAE, que acudieron a negociar el reaseguro de las naves militares, en representación del jefe del Comando Conjunto y los jefes de las tres fuerzas, recibieron prebendas y pagos de una empresa inglesa a cargo del contrato que ascendía a los USD 12 millones. Las prebendas incluían un tour para los altos oficiales y sus esposas durante 15 días por Europa.
En ese momento el Comandante General de la Marina que impuso sanciones al Capitán Viteri que hizo la denuncia, fue el Almirante Fernando Donoso. Básicamente se acusaba a Viteri de no haber seguido los órganos regulares militares para presentar estos hechos. La consecuencia fue que Viteri no pudo regresar al país y tuvo que conseguir asilo político en Londres, en donde vivió los últimos 20 años. Recién en el año 2017 consiguió volver a Ecuador. Esto después de haber demandado al Estado ecuatoriano ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos CIDH, que en agosto de 2021 concluyó en su informe que el Estado ecuatoriano es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, libertad de expresión, circulación y residencia y protección judicial de Julio Rogelio Viteri Ungaretti, de su esposa, hija, hijo y suegra.
La CIDH presentó este caso el 5 de julio del 2021 ante la Corte IDH, que ya solicitó a la defensa de Viteri que entregue por escrito sus argumentos.
Todo esto mientras el pasado 24 de mayo, uno de los protagonistas de la historia de Viteri, era posesionado como el nuevo ministro de Defensa en el gobierno de Guillermo Lasso, el Almirante Fernando Donoso.
Otro de los protagonistas fue Francisco Rivadeneira Serrano, presidente ejecutivo y representante legal de la firma Heart Lambert Ecuador, que vendió el contrato de seguros. La Justicia llevó adelante un proceso por peculado en su contra y de cuatro altos oficiales de las Fuerzas Armadas. A todos se dictó sobreseimiento definitivo en 2003.
Veinte años después, los protagonistas se vuelven a encontrar en posiciones parecidas. El Almirante Donoso, ex Comandante de la Marina, hoy es el Ministro de Defensa. Francisco Rivadeneira sigue en el mundo de los seguros y ahora es el representante de la empresa Interoceánica.
El 9 de agosto del 2018, la Superintendencia de Compañías sometió a Interoceánica a un programa de regularización por 90 días, con el objetivo de que cubra el déficit. Las compañías de seguros y reaseguros están obligadas a invertir sus reservas técnicas (al menos el 60% del capital pagado y la reserva legal) en títulos del mercado de valores, fondos de inversión, instrumentos financieros y bienes raíces.
El 9 de enero de 2020, la Superintendencia de Compañías declaró a la empresa de seguros Interoceánica en estado de liquidación forzosa. Víctor Anchundia, superintendente de Compañías, Valores y Seguros, explicó las causas de la liquidación forzosa a la empresa por no haber regularizado el défict de inversiones en los plazos señalados.
La Resolución establece revocar el certificado de autorización para operar a través de su oficina matriz, en Quito; la cesantía en sus funciones de los administradores y representantes legales; y la prohibición de celebración de nuevos contratos de seguro y reaseguro. La respuesta de la empresa de seguros no se hizo esperar.
Interoceánica inició una Acción de Protección, en respuesta a la Resolución de la Superintendencia de Compañías, emitida el 9 de enero. La firma explicó que la acción se tomó porque sus derechos constitucionales fueron vulnerados.
La Acción de Protección recayó ante la Unidad Judicial de Trabajo de Guayaquil, en la cual el Juez Douglas Carrasco Sánchez admitió la acción a trámite y aceptó la medidas cautelares solicitadas, procediendo a ordenar la suspensión de los efectos jurídicos de la Resolución. Con esta decisión judicial, Interoceánica pudo seguir operando y participando de los procesos de contratación de seguros.
El juez Carrasco aceptó la demanda de acción de protección de derechos y concluyó que existió vulneración de los derechos constitucionales de Interoceánica a la seguridad jurídica, al debido proceso y al derecho de petición. Argumentó que a pesar de que la aseguradora tenía inconvenientes financieros, se le otorgó el certificado de cumplimiento de obligaciones. A criterio del juez la decisión carece de motivación, violenta la seguridad jurídica y se invalida. Además se dejó sin una respuesta oportuna a la aseguradora ante sus pedidos de atención del programa de regularización y de declaratoria de finalización del mismo. Con ello se habría provocado una situación de inestabilidad en la compañía, con lo que también se vulnera la seguridad jurídica.
La Superintendencia de Compañías junto con la Procuraduría General del Estado, interpusieron recurso de apelación y el sorteo favoreció a los jueces Mauricio Antonio Suarez Espinoza, Marianela Pinargote Valencia y Lenín Zeballos Martínez de la Sala de la Familia, Mujer y Adolescencia de la Corte Provincial del Guayas.
El 15 de julio de 2020 se llevó a cabo la Audiencia de Apelación y el 31 de julio de 2020, ese tribunal le dio nuevamente la razón a la quebrada compañía de seguros.
El 13 de septiembre de 2020, el Portal Periodismo de Investigación que dirigía el ahora Presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, publicó un informe denunciando los «sorteos amarrados» en la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Se trataba de un método para direccionar determinadas causas que debían ser sorteadas y terminar siempre otorgadas a los despachos de un reducido grupo de jueces. Uno de los casos que incluye la investigación de este portal, es precisamente la acción de protección presentada por la empresa de seguros Interoceánica.
No es la única investigación en curso que tiene esta empresa de seguros. El Servicio de Rentas Internas certificó a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que existen sendos procesos en marcha contra Interoceánica para determinar posibles casos de defraudación tributaria con la utilización de facturas fantasmas.
Gracias a la acción favorable de los jueces, la empresa de seguros Interoceánica pudo seguir contratando con las instituciones públicas del Estado. Como con la Contraloría General del Estado, por ejemplo, que pese a haber sido víctima de uno de los peores siniestros en la historia de protestas ocurridas en Quito -como la de octubre de 2019- al ser incendiado completamente su edificio matriz, contrató en agosto de este año una cobertura de seguros a todas luces insuficiente. Con una sola empresa de seguros concursante: Interoceánica. Un contrato por un monto de USD 526.577 más IVA, pero que para el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, se otorgó con algunas irregularidades, como la inexistencia de contratos de reaseguros en caso de incendio y la inobservancia del cumplimiento de los pliegos. Pero eso no es todo.
La escasa cobertura del contrato, que apenas otorga un monto de recuperación por siniestros de USD2,6 millones, llamó la atención de Villavicencio, quien envió sus inquietudes al Contralor encargado, Carlos Riofrío. Se sigue esperando la respuesta.
Los contratos de Interoceánica han seguido fluyendo, a pesar de que el organismo del Estado que la controla haya ordenado su liquidación. Aunque un juez la dejó sin efecto, posteriormente. Es así que el 13 de septiembre pasado, la Comisión Técnica del Ministerio de Defensa recomendó al Ministro de Defensa, Fernando Donoso, que suscriba el contrato de póliza de seguros por USD591.301 más IVA para los radares adquiridos con el objetivo de controlar el narcotráfico por vía aérea y para ser instalados en el cerro de Montecristi. Y la recomendación fue para el único oferente que se presentó, Interoceánica, cuyo representante, Francisco Rivadeneira, es un viejo conocido del ministro Donoso. Desde la época del escándalo de Londres.
Esta adjudicación una vez más mereció la intervención del Presidente de Fiscalización, Fernando Villavicencio, quien pidió al ministro de Defensa, Fernando Donoso, que remita la documentación respectiva con la cual se acredite y justifique la solvencia financiera de la contratista Interoceánica, en vista de que no se ha presentado respaldos de reaseguros y el monto de los bienes a asegurarse por el contrato es de USD 90 millones.
LA ÚLTIMA BATALLA POR LA JOYA DE LA CORONA
La joya de la corona en la contratación de seguros militares sin duda es la póliza de cobertura por el casco aéreo o todas las naves de vuelo de las Fuerzas Armadas. El monto total a asegurarse es de USD 922,5 millones y el concurso que está en pleno desarrollo durante estos días, arrancado el 1 de octubre, tiene un monto por USD 19,6 millones. Las empresas aseguradoras han apostado sus mejores armas para intentar ganar este contrato.
Pero las quejas desde el arranque no se han hecho esperar. Las viejas sospechas de direccionamiento en los términos de referencia para intentar favorecer a determinada empresa de seguros, no han podido ser despejadas. Y menos considerando que se abrió un primer proceso el pasado 2 de septiembre, que terminó declarada desierto debido a que los pocos oferentes que se presentaron pusieron ofertas por encima del presupuesto referencial, que en ese primer concurso era de USD15,5 millones.
En el segundo proceso, abierto el pasado 1 de octubre, el presupuesto referencial subió más de USD 4 millones, alcanzando el monto de USD19,6 millones. Pero esa no es la única diferencia marcada entre el primero y el segundo concurso. Los parámetros de evaluación de las oferentes también fueron cambiados.
El cambio más significativo del proceso del 2 de septiembre, fue el incrementar el puntaje por la experiencia mínima específica en los últimos 15 años, es decir, haber contratado seguros similares con Fuerzas Armadas en ese periodo de tiempo. Una condición que debido a que desde el gobierno de Rafael Correa se obligó a todas las instituciones del Estado a contratar con la incautada Seguros Sucre, contrataciones que continuaron durante el gobierno de Lenin Moreno, dieron como efecto lógico que las empresas de seguros privadas no tengan opción de contar con ninguna experiencia mínima en cobertura de pólizas para el casco aéreo Fuerzas Armadas. Con excepción de un par: Aseguradora del Sur e Interoceánica. La experiencia específica en el proceso del 2 de septiembre daba 5 puntos, en el de octubre ese rango subió a 15 puntos en la calificación. Algo que empresas aseguradoras interesadas en concursar consideran injusto y dirigido a beneficiar a determinada oferente, incumpliendo el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que dispone que «…para la aplicación de esta ley y de los contratos que de ella deriven, se observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad y participación nacional».
Este miércoles 6 de octubre deben presentarse las ofertas. Y la fecha estimada de adjudicación, de inmediato, para el viernes 8 de octubre. Todo en medio de un proceso de emergencia, debido a que la cobertura de seguros anterior, se vencen a partir de las 23:59 del 5 de octubre, momento en que las aeronaves del Ministerio de Defensa volarán a su suerte.
