Manifestación en la Av. Balda, que conecta la parte alta de la isla Santa Cruz con Puerto Ayora. Foto: José Luis Herrera.
Por Juan Pablo Torres
Si Guayas es la provincia más golpeada por el COVID-19 en salud, con quince mil muertes en exceso en los últimos seis meses de acuerdo a las estadísticas del Registro Civil, Galápagos es la provincia más afectada en economía con la reducción a cero de los ingresos del 65% de sus 33.000 habitantes. Así lo menciona Raúl Menoscal, secretario de la Junta Ciudadana de Santa Cruz, quien resalta que la mayoría de galapagueños se dedica netamente al turismo y en un menor porcentaje a la pesca y agronomía.
El apagón turístico que sufrió el archipiélago entre marzo y julio ha trastocado la vida de sus habitantes, y el lento regreso a la normalidad con la reanudación de vuelos desde agosto está lejos de llevar alivio. “En este momento por el abandono de las autoridades, estamos recurriendo al trueque y a pedir que nos regalen comida en redes sociales, a ese nivel hemos llegado”, menciona el vocero de la Junta Ciudadana Jose Luis Herrera. “El tema de la situación en Galápagos es insólito, incluso la reactivación de los comercios, no ha servido para mejorar la economía, porque el turismo no llega”, comenta Javier Morocho, representante de los artesanos.
Raul Menoscal de la Junta ciudadana de Galápagos inició una huelga de hambre el 18 de agosto. Foto: Priscila Gómez.
Los representantes y voceros de las distintas juntas y asociaciones de las islas Galápagos consultadas por La Historia, comentan su insatisfacción con la gestión del presidente del Consejo de Gobierno, Norman Wray. Ese descontento se ha visto reflejado en plantones, manifestaciones, bloqueo de carreteras e incluso huelgas de hambre que se han realizado a lo largo de las últimas semanas. Su principal motivación, indica José Luis Herrera, es llamar la atención de los altos mandos del gobierno para mostrar la precaria situación que viven y presentar su matriz de proyecto económico urgente. Por su parte, Wray destaca haber instaurado mesas de diálogo para la reactivación de Galápagos y la decisión gubernamental de entregar bonos especiales a 3000 familias del archipiélago.
Acceso a créditos blandos, amnistía tributaria por 16 meses en servicios básicos, patentes, IESS, SRI y servicios municipales, financiamiento y congelación de deudas, así como ayudas en temas de salud y educación, son los principales pedidos que incluye el proyecto económico presentado por los dirigentes de Galápagos. “No estamos pidiendo nada regalado, solo queremos lo justo por parte del gobierno”, dice Jairo Gusqui, otro de los integrantes de la Junta Ciudadana.
Tras reiteradas demandas de los habitantes del archipiélago, finalmente el pasado 7 de septiembre se realizó en Guayaquil una reunión presidida por el presidente Lenin Moreno para tratar su situación. Un encuentro conseguido por la presión ciudadana de acuerdo a Andrea Palacios, Coordinadora de la Junta Ciudadana Provincial, que estuvo presente. A pesar de las expectativas iniciales, Palacios comenta su inconformidad porque no se llegó a ningún acuerdo en concreto. Según explica, lo único que alcanzaron fue la apertura de mesas de diálogo virtual que debían arrojar resoluciones hasta este viernes 11 de septiembre.
Aunque aún es desconocido el resultado de las mesas virtuales, los galapagueños miran con una mezcla de escepticismo y esperanza la posibilidad de llegar a una solución que los beneficie.
Concentración en la Avenida Baltra, en la que se convocaron comerciantes, transportistas e integrantes de las juntas ciudadanas durante las movilizaciones del mes de agosto.
