Daniel Mendoza y César Litardo, ambos militantes correístas y líderes en sus provincias con seguridad no se imaginaron que su disputa por la presidencia de la Asamblea Nacional, tenía como telón de fondo el forcejeo de grupos que buscaban el control del poder político en la mesa chica. Para conseguir tal objetivo no importaba si tenían que regresar a las viejas prácticas del gran reparto. Correa tenía todo el pastel, Moreno estaba obligado a repartirlo.
Sí, fue en abril de 2019, semanas antes de la elección de César Litardo como presidente de la Asamblea Nacional, en el despacho de la Ministra del Interior, María Paula Romo, donde se alcanzó el acuerdo con el bloque parlamentario BADI, liderado por el legislador amazónico Eliseo Azuero.
Ese día, en presencia de varios asambleístas, como Freddy Alarcón de Sociedad Patriótica y el viceministro de Gobernabilidad Fausto Holguín, el asambleísta Azuero entregó la carpeta de su amigo personal y ex colaborador de la prefectura de Sucumbíos, René Tamayo, para que dirija el Servicio de Contratación de Obras – Secob. Junto al nombre de Tamayo, estaba también recomendado por Azuero y los legisladores del pacto, el manabita Jorge Jalil, como subdirector del Secob.
En la sesión del Directorio del Secob, realizada de forma virtual, el 21 de agosto de 2019, por convocatoria de su presidente José Agusto Briones, secretario general de la Presidencia, la ministra del Interior María Paula Romo, cumpliría uno de los acuerdos alcanzados en abril de ese año con el líder del bloque de asambleístas de la Bancada de Acción Democrática Independiente, BADI, Eliseo Azuero.
Ese día llegó a manos de Agusto Briones, las carpetas de la terna que aspiraba manejar el Secob, la institución a cargo de la construcción de hospitales y obras civiles, que desde su creación en el gobierno de Rafael Correa, había facturado cerca de $3 mil millones. Las dos hojas de vida provenían del Ministerio de Finanzas y Senplades, mientras la tercera llegó desde el Ministerio de la Política, confirmó a este medio un miembro del referido directorio.
Era la de Edmundo René Tamayo Silva, quien fue designado ese día como Director General del Secob. El gobierno se había demorado más de dos meses en cumplir lo acordado en abril de 2019.
La demora en la designación de los recomendados por Azuero, se explicaba debido a la disputa por sostener algunos contratos adjudicados. Finalmente, el 20 de agosto de 2019, Johe Jaramillo, debió abandonar el cargo en medio de escándalos de corrupción en los tres hospitales de Manabí: Pedernales, Bahía de Caráquez y Manta, entregados durante su gestión.
Pocos días después de asumida la dirección del Secob, René Tamayo, empezó a desmontar los contratos adjudicados por Jaramillo. Terminó de forma anticipada el contrato del hospital de Pedernales con la compañía Tippmann, por haber entregado garantías falsas por un valor de $8 millones. Se desconoce del inicio de acciones legales en contra de la compañía. Lo propio ocurrió con el contrato del hospital de Bahía.
Con la misma rapidez que desmontó los contratos de Bahía y Pedernales, Tamayo adjudicó esas obras a otros consorcios recomendados, acciones que ahora lo tienen en prisión bajo acusación de delincuencia organizada.
EL ACUERDO DE ABRIL Y EL JUICIO A ROMO
El 8 de agosto de 2019, los legisladores María de Lourdes Cuesta y Roberto Gómez, formalizaron un pedido de juicio político en contra de la ministra María Paula Romo. La Comisión de Fiscalización debía emitir un informe que recomiende el archivo del juicio o su paso al pleno donde los asambleístas podrían votar por la censura.
A partir de entonces se generó un sucesivo cabildeo para alinear los votos de los miembros de la Comisión de Fiscalización. Para el 21 de agosto, el recomendado de Eliseo Azuero, René Tamayo ya había ocupado la dirección del Secob y eso tranquilizaba al legislador amazónico.
Tanto así que en varias entrevistas en medios de comunicación, Azuero señalaba que no habían pruebas suficientes para censurar a la ministra Romo.
El 12 de diciembre de 2019, los votos de los oficialistas: Johana Cedeño, Karina Arteaga, Daniel Mendoza, Fausto Terán, Alberto Arias, Michel Doumet, el independiente Jimmy Candell, Luis Pachala, Silvia Vera de CREO y la abstención de Eliseo Azuero, salvaron a la ministra María Paula Romo de ser censurada y destituida.
PAGO DE FAVORES
El 28 de noviembre de 2019, los asambleístas Jeannine Cruz y Fernando Flores, formalizaron la petición de juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint.
Un día antes a la votación en la Comisión de Fiscalización, el CNE calificó un informe orientado a la legalización del movimiento Amigos, de Daniel Mendoza. El viernes 31 de enero de 2020, Pinuccia Colamarco, alterna del legislador Daniel Mendoza, votó en contra de que pase al pleno el pedido de juicio político a Atamaint.
Semanas antes, la gerencia del hospital de Chone fue entregada Ítalo Colamarco, hermano de la legisladora alterna. La esposa de Colamarco es concejal de Chone por el movimiento Mejor, liderado por Mendoza.
En este proceso de fiscalización, el legislador Eliseo Azuero, recurrió al mismo mecanismo de abstención, aplicado en el caso de Romo. Tras dejar en claro que él “no recibe presión de nadie, lo hace de su pueblo y de Dios y de su conciencia”.
Si bien las reuniones a nivel de la mesa chica se hacían en la sombra, los legisladores provinciales no tenían inconveniente de incluso firmar documentos en los que solicitan cuotas de poder y cargos. Un caso que ejemplifica este mecanismo es el del legislador de Orellana por Alianza País, Alberto Zambrano, que con el respaldo del gobernador y la dirigente provincial del partido, solicitó la dirección provincial del IESS para su recomendado.
SECOB: EL HISTORIAL DE ARÉVALO, WATED, JARAMILLO Y TAMAYO
El Servicio de Contratación de Obras, Secob, desde su creación el año 2011, en el gobierno de Rafael Correa, ha manejado una cifra cercana a los $3000 millones, en casi 1000 contratos a nivel nacional.
Apenas asumió la presidencia, Lenín Moreno, nombró a Fabiola Arévalo Ponce, como directora del Secob. Arevalo mantiene una larga relación de amistad con la primera dama Rocío González Navas, era la asesora de marketing en la revista Guía de Oro Ecuador, dirigida por la señora de Moreno, antes incluso de que apareciera Rafael Correa en sus vidas.
Pocos meses después, octubre de 2017, llegaría el reemplazo. Se trataba del baterista Jorge Wated, que permaneció al frente del Secob hasta noviembre de 2018. Wated contrató como su asesora a Dennise Chávez Arévalo, hija de su antesesora. La señorita Chávez, tenía militancia correísta, venía de asesorar a Walter Solis, sentenciado en el caso Arroz Verde.
En junio de 2018, Jorge Wated, adjudicó la construcción del Hospital Napoleón Dávila de Chone, por $ 50.3 millones a la empresa china CAMC, inmersa en varios escándalos de sobornos y sobreprecios en obras como la plataforma financiera de Quito, el hospital de Monte Sinai, en Guayaquil, entre otras.
Durante más de dos años la obra de Chone apenas ha avanzado un 54%, en medio de acusaciones de corrupción. Quien fiscaliza la construcción del hospital de Chone es el consorcio Meditec, formado por la EP de Bienes UCE y Beerseba. Este consorcio fiscalizador está ligado al empresario Francisco Suárez Salas, identificado en el caso Arroz verde como V18.
Francisco Suárez Salas, encontró la fórmula de constituir consorcios con empresas públicas de universidades estatales para adjudicarse sendos contratos. Lo hizo en Santo Domingo de los Tsachilas y La Concordia.
El Universo aseguró en agosto de 2019 que tres empresas relacionadas a Suárez Salas (Jacmart S.A., Clikgac S.A., Suiker) recibieron $173 millones en contratos del Secob.
Diario El Universo también afirmó que la china CAMC, subcontrató por $ 1,5 millones a Marco Cevallos Wated, su primo, en la obra de la Plataforma Financiera, en el 2016. “Recién me entero que tengo un primo Cevallos Wated…”, respondió entonces, el actual presidente del Directorio del IESS. La referida investigación agrega que, los primos de Jorge Wated y empresas relacionadas recibieron del Secob $ 4,1 millones.
Wated nombró como subdirector del Secob al socialista Johe Jaramillo. Tras la salida de su exjefe, Jaramillo asumió la dirección general en diciembre de 2018, auspiciado por Santiago Cuesta y José Agusto Briones, quien firmó su designación.
Al frente del Secob, Jaramillo adjudicó los polémicos contratos de los hospitales de Pedernales, Bahía de Caráquez y Manta, dos de los cuales fueron suspendidos. Para demostrar que la amistad es recíproca y los favores se pagan, Jorge Wated, nombró a un hermano de Jaramillo como subdirector de BanEcuador.
La empresa a la que Jaramillo le adjudicó la fiscalización del hospital de Bahía, es Joalnapi, que ahora tiene como accionistas a Vinicio Calderón Rendón y Yimy Calderón Velásquez, familiares de Franklin Calderón Cedeño, también fiscalizador del hospital de Pedernales, ahora detenido junto a su “jefe” Daniel Mendoza.
Calderón fue accionista de Joalnapi hasta el 2017. En una de las conversaciones recuperadas en los dispositivos en poder de la fiscalía, existe al menos una con Juan Sebastián Miño, accionista de la empresa Castro& Castro que integra el consorcio Bahía, el segundo adjudicatario.
ASCENSO Y CAÍDA DE UNA ESTRUCTURA DELICTIVA
La madrugada del 5 de junio de 2020, fue detenido en Quito, René Tamayo Silva, ese sería su último día en el sillón del Secob alcanzado en el pacto de abril por su amigo Eliseo Azuero.
En el mismo operativo dispuesto por la fiscal Diana Salazar, bajo acusación de delincuencia organizada, fue apresado el legislador Daniel Mendoza. Esta operación es considerada de gran importancia pues reproduce el mecanismo criminal de sobornos del caso Arroz Verde, por el que acaba de ser sentenciado el expresidente Rafael Correa y otros 17 procesados.
René Tamayo Silva, un funcionario de larga data en el correísmo, es ahora una pieza clave en el mecanismo de corrupción de obras hospitalarias adjudicadas en la provincia de Manabí.
El caso que originó su prisión es justamente el contrato del hospital de Pedernales, cuyos contratistas en un abrir y cerrar de ojos, se dispusieron $ 7.3 millones, casi el cien por ciento del adelanto de obra.
Días antes de la captura de Mendoza y Tamayo, en el operativo denominado Fortuner, se detuvo a nueve personas, entre ellas a Jean Carlos Benavides, asesor del legislador, quien tenía en su poder $1.7 millones, entre efectivo y cheques retirados de la cuenta del consorcio constructor.
En los teléfonos incautados, que corresponden a Franklin Calderón, ubicado con el alias de “Banquero”, Daniel Mendoza, Liliana Zambrano, esposa de Calderón y José Véliz, del consorcio constructor, se encontró información que permitió confirmar que Franklin Calderón, actuaba como enlace entre los empresarios constructores y el legislador Mendoza. Según los chats, Calderón se refiere al asambleísta manabita como “jefe”.
Horas después de que el Ministerio de Finanzas transfirió a la cuenta de la contratista en el BanEcuador, el antiticipo de $8,2 millones (3 de marzo de 2020), Mendoza notificó el hecho a Calderón, quien inmediatamente pasó la información al contratista José Véliz, asegurando que Jorge Jalil (Subdirector del Secob) no falla.
Calderón reveló que el dinero encontrado en su oficina le pertenece a la organización delincuencial. También, en los registros de las computadoras incautadas al Consorcio Pedernales, se encontraron pagos realizados a René Tamayo y al asambleísta Daniel Mendoza.
Los negocios de Mendoza no se limitaban a la construcción de hospitales. En un chat remitido por Véliz a Calderón, se habla de la “repartición de las empresas del Estado”, que no se trata solo de la adjudicación del contrato del Hospital de Pedernales, sino también para otras obras relacionadas con el sector eléctrico y Ecuador Estratégico.
EL ESPALDARAZO DE PABLO CELÍ
El Examen Especial a los ingresos de gestión y gastos entre 2010 y 2015 de la Gobernación del Guayas derivó en varios informes con indicios de responsabilidades contra el gobernador Rolando Panchana y el contratista Daniel Josue Salcedo Bonilla.
Los informes con indicios de responsabilidad penal tienen el carácter de reservados y por esta razón no constan publicados en la página web de la Contraloría.
La CGE concluyó en el informe general DR1-DPGY-AE-0219-2015 que la Gobernación del Guayas autorizó el 7 de noviembre de 2014 “el proceso de contratación RE-GG-023-2014, como régimen especial (productos comunicacional) y dispuso que se curse invitación al proveedor HDC Producciones, que anteriormente el 21 de octubre de 2014 ya había suscrito un contrato de representación con Raúl di Blasio”.
Los pliegos del proceso de contratación se publicaron el mismo 7 de noviembre de 2014. Rolando Panchana, Gobernador del Guayas resolvió adjudicar a la empresa HDC producciones bajo régimen especial y no contó con estudios previos que justifique la necesidad de la contratación.
El equipo auditor de la CGE concluyó que “La Gobernación de la Provincia del Guayas pagó a la empresa HDC Producciones C.A., por concepto de charlas de motivación $1 200 875,00., presentando facturas por $1 192 912,70.,con un saldo no justificado de $327 645,89 USD.
Un día antes de la contratación de H.DC producciones aumentó su capital social de 800 dólares a 100.000 y la comisión técnica nunca remitió a rolando Panchana el análisis de referencia y requisitos mínimos.
Se determinó indicios de responsabilidad penal y como este informe se emitieron otros mas que se enviaron a la Fiscalía General del Estado pero fueron archivados, como siempre, por Galo Chiriboga.
Cuando Pablo Celi de la Torre asumió como contralor olvidó los informes enviados por Pólit a la fiscalía y con el archivo de las irregularidades contrató a la empresa de Salcedo para fines de propaganda. El rubro se denominó servicios y productos comunicacionales para difusión y análisis de la gestión de la CGE.
El 21 de diciembre de 2017 adjudicó a HDC $1,150.000 mas IVA por un año calendario, del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de ese año.
Un reportaje publicado por el portal Periodismo de Investigación.
