El pasado 7 de abril, el empresario Pedro Verduga Cevallos, propietario de Equitesa, fue sentenciado a ocho años de prisión junto al expresidente Rafael Correa Delgado, cabecilla de una estructura criminal de sobornos. Verduga confesó ante el tribunal penal en febrero de 2020, haber entregado $1millón de dólares al exministro Walter Solis y varias sumas de dinero a Pamela Martínez, asesora de Correa y coordinadora de la trama delictiva. Sin embargo, en esa inesperada delación, el representante de Equitesa, jamás contó que, en julio de 2018, ya en el gobierno de Lenín Moreno, el entonces viceministro de Transporte y Obras Públicas, Aurelio Hidalgo Zavala, de la constructora Hidalgo & Hidalgo, también acusada en el mecanismo de sobornos, autorizó un cuestionado pago de $7.7 millones a favor de su compañía, una cifra que supera al monto de los sobornos investigados por la Fiscalía. Este es uno de los capítulos aún no contados de Arroz Verde.
La constructora Equitesa puede considerarse como una empresa de muy buena suerte. Fortuna que no proviene únicamente del azar sino de una sostenida relación política que inevitablemente devino en buenos negocios.
Se trata, básicamente, de saber tranzar con el poder de turno. Verduga ya lo hizo con el gobierno de Rafael Correa y por eso ahora los dos están sentenciados por el juicio penal bautizado por la Fiscalía como “Sobornos”, pero con su nombre mejor puesto por el periodismo: “Arroz Verde”.
De tanto comer arroz verde, o sobornos, Correa, Verduga y casi dos decenas de culpables ahora están sentenciados por el delito de cohecho a ocho años de prisión. Condena que aún espera su ratificación en las instancias superiores para que se considere “ejecutoriada”.
Esto no es otra cosa que, con plena vigencia y cumplimiento inmediato, de manera que los que aún gozan de la comodidad de su casa con el benevolente arresto domiciliario -como los otrora poderosos e intocables Alexis Mera y María Duarte-, vayan a pasar los siguientes miles de días de sus vidas en alguna cárcel del país.
El empresario constructor Pedro Verduga Cevallos, de 81 años, también es uno de los condenados, por la parte privada del delito. Pero lo que hasta hoy ha estado oculto es que también durante el gobierno de Lenin Moreno Garcés, el dueño de Equitesa, pudo mantener esa virtud de la persuasión que tantos réditos económicos le dio en el gobierno de Correa. Y en el gobierno de Moreno no fue muy diferente. También ganó dinero Verduga en el morenismo, cobrando una cuestionada deuda del correísmo.
El contrato del Plan Relámpago
Todo deriva del contrato de rehabilitación celebrado con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas de la carretera Chone-Canuto-Calceta-Junín-Pimpiguasí, de 56.3 kilómetros de longitud, firmado apenas comenzaba la década correísta, el 28 de marzo de 2008, dentro del programa de Emergencia Vial denominado “Plan Relámpago”, ejecutado por el entonces ministro, cuota roldosista en la Revolución Ciudadana, Jorge Marún. El día de la firma del contrato, el ministro Marún bromeó en la pequeña comunidad manabita de Canuto, ante sus incrédulos moradores, agotados de tantas mentiras: “Yo tengo la nariz larga, pero no soy Pinocho”, dijo como para que confíen en su palabra de que en doce meses la carretera estaría lista y por el monto de USD 17.7 millones, máximo en abril de 2010. Ni lo uno ni lo otro. A Marún no le creció la nariz, pero la vía ni terminó costando ese monto ni estuvo lista en el plazo ofrecido.
Contraloría determina ausencia de estudios y fallas
Al primer año de construcción los problemas fueron inocultables, al punto que el propio Contralor de Correa, Carlos Pólit Fagionni, se vio obligado a realizar un examen especial con conclusiones y recomendaciones lapidarias. El informe DIAPA-0046-2009, señala que la contratista Equitesa incumplió la cláusula sexta, numerales 6,03, 6.05 y 6,06 del contrato, relativos a la calidad en la ejecución de la obra contratada. “El no cumplir a cabalidad con estas obligaciones trae como consecuencia que los trabajos de colocación de la carpeta de hormigón rígidos sean defectuosos”, dice el informe. El cuestionamiento se extendió a la empresa fiscalizadora y ordenó que “el contratista (Equitesa) realice las reparaciones en las losas de pavimento rígido que presentan fisuras y agrietamiento, a fin de que se garantice la vida útil del proyecto”, según consta en las páginas 43 y 44 del documento.
Según el primer informe del organismo de control, Equitesa estaba obligada a reparar las fallas a su cuenta y riesgo, tras identificar incluso la ausencia de estudios confiables. Dos años después, en lugar de que se resuelvan los inconvenientes, apareció la mano del poder a premiar la ineficiencia con un contrato complementario. Luego llegarían otros adicionales.
El proyecto que empezó con un contrato de USD 17.7 millones en 2008, terminó en USD 43.5 millones en 2013. Más USD 7.7 millones del convenio de pago firmado en 2018, Equitesa recibió solo de este proyecto USD 51.2 millones.
Tras la salida de Equitesa, en 2014, se suscribió un nuevo contrato, esta vez con la compañía china Sinohydro por USD 32.7 millones. En total, la rehabilitación y mantenimiento del proyecto Chone, Canuto, Calceta, Junín, Pimpiguasí, le representó al país una cifra cercana a los USD 84 millones. Y hasta el día de hoy la vía presenta fallas.
SP (Correa) autorizó contrato complementario a Equitesa
La obra necesitaba, por todos estos problemas, un contrato complementario. A mayo de 2011, se hizo presente el infaltable añadido de las obras de ese gobierno que terminaba incrementando los costos el doble o el triple, prácticamente sin excepción.
Es justamente en este momento cuando llegó la mano de Rafael Correa, dispuesta a ayudar a su amigo Pedro Verduga, según se desprende de un documento que forma parte del expediente Arroz Verde.
Se trata de un correo electrónico del mismo mes en el que se autorizó la firma del nuevo contrato por USD 10.3 millones.
El mensaje enviado de la cuenta ab_pammartinez@hotmail.com en su parte central señala: “Ing. Pedro Verduga, falta contrato complementario en carretera Chone, Calceta, Junín y, a efectos de que pueda cobrar. El SP le pidió retomar la obra que estaba paralizada por falta de estudios. 50.000…”.
SP era uno de los códigos utilizados por Rafael Correa en la estructura de sobornos.
De nada sirvieron las conclusiones y recomendaciones de Contraloría, Correa ya había empeñado su palabra a Verduga meses antes, como se lee en el oficio 002-SZ4-FZP de 18 de enero de 2011, dirigido por el viceministro de Transporte y Obras Públicas, a la compañía Equitesa, con el que dispuso a la contratista:
“… proceda de forma inmediata con el compromiso adquirido ante el Presidente de la República, de continuar bajo su responsabilidad técnica la construcción con pavimento rígido, el tramo comprendido entre Chone y Calceta, y en los lugares donde existan asentamientos, se coloque sobre tratamiento superficial bituminoso… hasta que se obtengan los estudios definitivos que estaban en ejecución (…) La disposición emitida por el Presidente de la República, pese a no ser emitida por un sujeto contractual, es la máxima autoridad administrativa y nominadora del estado como gobierno central”, precisa el texto.
El contenido de esta carta se encuentra en la página 101 del informe de la Contraloría del año 2014.
Del texto se entiende que el MTOP con base a una disposición de Rafael Correa, autorizó a Equitesa a ejecutar obras y reparar las fallas en la construcción de la carretera, antes de que se firme el contrato modificatorio y sin que existan los estudios definitivos.
A esa fecha, la relación del propietario de Equitesa con Pamela Martínez y altos mandos del correísmo era muy fluida.
Eso se desprende de varios documentos cursados entre Martínez con asesores y funcionarios de la presidencia y del ministerio de Transporte y Obras públicas:
Gabriela Vargas, Cecilia Elizalde, María Luisa Donoso, Miguel Arregui, César Ruiz, Cynthia Guerrero, Alison Zurita, C Vásconez M Castro.
Tres meses después de suscrito el contrato complementario, la titular del MTOP, María de los Ángeles Duarte, a través de memorando DM-2011-1454-ME, de agosto de 2011, recordó que
“Equitesa está ejecutando A SU COSTO, la reparación del pavimento rígido entre los km 34 al 56 de la carretera Chone-Canuto-Calceta-Junín-Pimpiguasí, con el diseño recomendado por la fiscalización ejercida por la consultora LEÓN & GODOY… De este informe depende la continuidad o no y el resarcimiento al Estado ecuatoriano por parte de dicha empresa y todos los involucrados por el perjuicio causado a la población y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas por la irresponsabilidad de quienes no tomaron las acciones adecuadas en el momento oportuno.”, señaló la ex titular del MTOP.
El testimonio de Verduga ante la Corte
Ante el tribunal penal, Verduga reconoció que entre los años 2012 y 2016, tenía pendientes el “cobro de facturas por un contrato anterior, en una carretera en Manabí”. Se refería a las cuestionadas planillas de la carretera Chone, Canuto, Calceta, Junín, Pimpiguasí.
Según el testimonio del dueño de Equitesa, para esas fechas, la entonces ministra de Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, no le daba la apertura para el cobro de esas facturas pendientes.
En el relato, Verduga confesó que se reunió con Fernando Zambrano Párraga, exSubsecretario Regional 4 del MTOP-Manabí, quien le manifestó que sus pagos estaban aprobados, aunque los desembolsos no dependían de él. Pero le ofreció hacer una gestión. Zambrano entró a su despacho y cuando salió “me dijo que me va a llamar Pamela Martínez”, confesó Verduga ante el tribunal penal.
Fernando Zambrano, no era cualquiera. Era el funcionario que emitió uno de los informes favorables para el pago de los USD 7.7 millones, y además quien remitió al Contralor del Estado, el oficio MTOP-SUBSZ4-14-262-OF, adjuntando el acta de entrega recepción con la que se obligaba al Estado a pagar las ilegales planillas a Equitesa.
Verduga confirmó que se reunió con Martínez para arreglar los pagos pendientes y ella le pidió una contribución. “Por la situación insostenible y los intereses de las deudas, concluí que tengo que aceptar esa exigencia”, precisó.
La versión de Verduga respecto a la negativa de Duarte, coincide con la posición de la ex ministra reflejada en una carta remitida a la Contraloría en diciembre de 2013, en la que, como se ha dicho, cuestionó el pretendido pago de USD 7.7 millones solicitado por Equitesa. En diálogo con nuestro medio, Duarte calificó ese pago como un “atraco”.
Verduga aseguró que en 2013, el régimen de Correa lo invitó a que terminara la construcción del proyecto Multipropósito Chone.
Una vez concluida la obra, recibió un pedido del Secretario del Agua, Walter Solís, de realizar un aporte de USD 1 millón.
A decir de Verduga, Solís le dijo que el millón fue solicitado por Jorge Glas, María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado y Alexis Mera. El pago se hizo a través de la modalidad de cruce de facturas, agregó.
Durante el período investigado por fiscalía (2012-2016) el accionista de Equitesa entregó a Alianza PAIS, a través del mecanismo de cruce de facturas 898 mil dólares y en efectivo 130 mil dólares.
Además, se incluyen aportes a Nexo Global, empresa de Martínez y pagos al estudio jurídico de Christian Viteri y Gustavo Mora, cónyuge de Viviana Bonilla.
Solo entre 2012 y 2013, Verduga suscribió 17 contratos con el MTOP.
Cinco años después la vía seguía inconclusa
Pese a la firma del contrato modificatorio y varias órdenes de pago adicionales, cinco años después, las cosas seguían igual o peor.
En enero de 2013, los diarios de Manabí reportaban que la carretera llegó hasta el 60% de su extensión, quedando un 40% pendiente.
Para ese momento, el contrato estaba en trámite de rescisión por mutuo acuerdo entre las partes, debido a que ya se había agotado el plazo contractual en mayo de 2012 y todos los contratos complementarios posibles que la ley permitía.
Y la vía seguía inconclusa, pese a que ya se habían gastado hasta ese momento USD 44 millones y se esperaba un nuevo contrato por USD 32 millones dentro del mismo proyecto. Equitesa había batido un record, rehabilitar una carretera sin estudios, con sobreprecios, sobornos, fisuras y grietas, a un ritmo de seis kilómetros por año.
Cuando faltaban 3 meses para que concluya el contrato, la compañía no había logrado reparar las fallas principales, lo que generó que el subsecretario regional del MTOP disponga “…demoler de manera inmediata las losas construidas por su representada, y en su lugar deberá ubicar la capa de hormigón asfáltico acorde a lo recomendado…”.
En mayo de 2012, debía darse por terminado el contrato, aunque el objeto no se había cumplido, ni siquiera reparado bien las fallas ordenadas por la Contraloría en 2009. Es más, la propia reparación presentaba fallas.
El fracaso de la reparación realizada por Equitesa era evidente: “El contratista realizó las reparaciones mediante la colocación de una capa de hormigón fibroreforzado de 10 cm adherido al hormigón rígido fisurado, sin embargo dicha reparación no dio los resultados óptimos esperados, por lo que, fue necesario adicionar una sobrecapa de hormigón asfáltico de 10 cm sobre las losas de hormigón para garantizar la vida útil del proyecto.”, dice un documento de 2013, incluido en el informe de Contraloría de 2014.
El documento agrega que un año después de terminado el plazo contractual, en una “inspección efectuada a la vía para realizar un archivo fílmico-fotográfico del proyecto el 18 de diciembre de 2013, se evidenció que se han producido nuevas fisuras y grietas de severidad media y alta en la capa de rodadura, ocasionadas por el asentamiento de la estructura del pavimento.”.
Fallas que nunca fueron reparadas por la contratista, pues a esa fecha el contrato ya había vencido.
Coludidos para beneficiar a Equitesa
Ni bien anunciada la terminación del contrato en agosto de 2012, Equitesa empezó a solicitar el pago de varios rubros, justamente aquellos relacionados con la reparación de las fallas que la empresa estaba obligada a hacer a su costo.
“Para la construcción de sobrecapa de hormigón hidráulico fibroreforzado entre los Kms 35,5 al 56,3, es decir L= 6,5 Km, la empresa ha invertido 1 856 244,78 USD y que los costos de reparación con sobrecapa de hormigón asfáltico con malla de fibra de vidrio entre los Kms 35,5 al 49,6 ascendieron a 3 178 225,19 USD…”, señala en un informe.
Luego presentaría otros reclamos hasta completar los pretendidos USD 7.7 millones.
Dos años después de vencido el plazo contractual, agosto de 2014, estaba lista el Acta de Entrega Recepción y en ella, Pedro Verduga Cevallos, había logrado incluir la millonaria cifra de USD 7.721.599,94. A más de la firma de Verduga, ese documento clave está suscrito por Wilmer Moreira Villanueva, Eder Cevallos Alava, Tyron Tarabo Mieles, Betsy Santana Mendoza, todos funcionarios del MTOP de Manabí.
Con el acta en el bolsillo, faltaban dos pasos: desvanecer los cuestionamientos de la Contraloría y conseguir la firma de un convenio de pago, una atribución exclusiva del ministro o su delegado. Como por arte de magia, a la misma fecha de la firma del acta, salió del despacho de Carlos Pólit, el informe DAPyA-0041-2014.
Un documento deleznable, ambiguo y contradictorio, que al tiempo de acusar a Equitesa de haber ejecutado trabajos fuera del contrato modificatorio, reparado mal las fallas e inflado los costos de la obra; incluyó la recomendación 11, la última del informe, con la que dejaba en manos de los mismos funcionarios responsables de las irregularidades, la decisión de resolver los reclamos económicos pendientes.
Algo así como poner al gato a cuidar la despensa.
Las autoridades del MTOP de Manabí y luego las de Quito, basaron sus informes para favorecer a Equitesa, en la referida recomendación 11, además en un comentario de la pagina 71 del mismo informe, y en el oficio 0041067DAPyA, de 16 de junio de 2015, remitido por Pablo Celi, Contralor Subrogante y entonces mano derecha del Contralor Carlos Pólit, a la ministra Paola Carvajal Ayala, pronunciamiento con el que Celi se lavaba las manos y bendecía el pago a Pedro Verduga:
“Por ende, corresponde al ministerio a su cargo proceder con la liquidación final del contrato en los términos previstos en el artículo 111 del reglamento sustitutivo del reglamento general de la Ley de Contratación Pública”, considerando los aspectos que se hubieren definido en la citada acta de entrega recepción y liquidación técnica económica, la cual, conforme consta en el oficio MTOP-SUBSZ4-14-262-OF, de fecha 4 de septiembre de 2014, suscrito por el Señor Subsecretario Regional 4 (Fernando Zambrano), ha sido revisada y legalizada por las instancias administrativas correspondientes.”.
Celi se refiere al acta suscrita en agosto de 2014, la cual reconocía el pago de USD 7.7 millones.
El segundo informe de la Contraloría del Estado, salió en esos términos, pese a los cuestionamientos de la ministra María de los Ángeles Duarte, que en oficio de diciembre de 2013, recordaba que :
“… la orden dada por el ministerio para la reparación de las fallas a cargo de la contratista se fundamenta en la propia recomendación de la Contraloría, pero ahora en este nuevo informe la misma Contraloría pretende mostrar a Equitesa como un proveedor cumplido y trasladar el pago de $7.7 millones al Estado”.
Por esa razón, Duarte solicitó al ente de control dejar sin efecto todo tipo de argumento que sugiera que el MTOP deba responder por el costo de la reparación de las fisuras que fueron ocasionadas por el propio incumplimiento de Equitesa, se lee en el documento.
El invocado comentario que consta en la página 71 del informe de la Contraloría 2014, era el mismo criterio remitido por los funcionarios del MTOP-Manabí al organismo de control, en el que señalan que los daños “finalmente fueron reparados con resultados favorables mediante la colocación de una sobre-capa de hormigón asfáltico de 10 cm de espesor con la inclusión de una malla de fibra de vidrio para el control de reflexión de fisuras, esto último con resultados moderados que se pueden suplir con mantenimiento rutinario…sin embargo de lo señalado el acabado de la vía no es de hormigón hidráulico como preveía el contrato, debido a que las causas del daño prematuro se debieron a falta de estudios y problemas con los agregados, los que obligaron a dar una solución técnica imprevista por las partes contratantes”.
En resumen, se contrató una vía de hormigón rígido, cemento, y no se la entregó como tal, aceptando el ministerio que la culpa no era del contratista.
Este criterio del MTOP replicado por la Contraloría, liberaba de responsabilidad a Equitesa y también limpiaba de culpas a los funcionarios públicos responsables de la contratación. Así se curaban en sano.
Wilmer Moreira Villanueva, Supervisor de Contrataciones de Manabí, se jugó entero y sin contemplaciones: redactó un informe en representación del Estado, que más parece escrito con tinta de Equitesa.
Moreira manipuló el informe de 2014, asumiendo el comentario de la página 71 e interpretando la recomendación 11 del organismo de control, todo para liberar de responsabilidad a la contratista y a sus compañeros del MTOP:
“Los daños, finalmente fueron reparados con resultados favorables (…) Por lo expuesto, se concluye que los trabajos ejecutados no forman parte del objeto del contrato, debido a que fueron una solución técnica imprevista que para su evaluación requería de la creción de Recuros Nuevos (…) Los daños presentados en las losas de la obra no son atribuibles a la compañía contratista”, señaló.
Luego de este pronunciamiento, Moreira Villanueva, ratificó los rubros requeridos por Equitesa, contemplados en el acta y validó la firma del convenio de pago.
Es decir, y en pocas palabras, la obra de rehabilitación y mantenimiento de la carretera se inició sin los estudios previos indispensables.
Y la contratista no tuvo ningún problema con tamaña omisión para comenzar sus trabajos. Los problemas posteriores reflejados en daños evidentes no debieron sorprender demasiado.
Empresarios y funcionarios públicos coludidos terminaron pavimentando una autopista de impunidad.
El encuentro de Higalgo & Hidalgo y Equitesa
Tras revisar una torre de oficios y memorandos marcados con sumillas de funcionarios del MTOP, de medio pelo y pelo largo, todos direccionaron sus pronunciamientos a transferir al Estado el costo de una cadena de irregularidades, ineficiencias y sobreprecios.
Con la salida de Duarte del ministerio, las gestiones de Paola Carvajal y Walter Solís, marcaron un compás de espera.
El caso era tan delicado, dicen nuestras fuentes internas, que al nivel superior nadie quería quemarse las manos más de lo que ya se habían quemado.
El asunto debió entrar al congelador por más de dos años. Hasta que alguien lo sacó de la nevera del tiempo, pero ya era la época del morenismo.
Ocurrió en julio de 2018, diez meses antes de publicarse el informe periodístico Arroz Verde, Aurelio Hidalgo Zavala, viceministro de Transporte y Obras Públicas y amigo personal de Lenín Moreno, autorizaba la firma del convenio de pago por $7.7 millones a favor de la compañía Equitesa.
Antes de adoptar esa decisión, varias instancias habían emitido una serie de resoluciones justificando el pago.
El aval de Hidalgo Zavala, se sustentó en el informe del Coordinador de Asesoría Jurídica del MTOP, de 23 de octubre de 2017, en el que recomendó pagar los valores reclamados por Equitesa mediante “un convenio de pago”, lo que fue acogido en todas sus partes el 14 de noviembre de 2017 por Ricardo Paula López, subsecretario de Infraestructura de Transporte, quien dispuso “continuar con los trámites pertinentes para la cancelación de los trabajos extracontractuales del proyecto de la referencia ejecutados por Equitesa, toda vez que cuentan con toda la documentación de sustento”.
Ricardo Paula es en la actualidad la segunda autoridad del MTOP.
Otro informe clave fue el emitido el 6 de febrero de 2018, por el Director Distrital de Manabí, Iván Ganchozo Villavicencio, quien asumió temporalmente esa dignidad, exclusivamente para dar curso al pago, comentan funcionarios del MTOP.
Los hechos y los pagos se consumaron el 24 de julio de 2018, en la ciudad de Portoviejo, en una amigable y feliz reunión para firmar el convenio de pago por USD 7.721.599, monto que el correísmo estuvo renuente a pagar, pero que ya una vez entrado el morenismo, todo fue solucionado entre Iván Fernando Ganchozo Villavicencio, subsecretario zonal 4, delegado por el Ministro de Transporte y Obras Públicas Boris Palacios Vásquez y Pedro Verduga, representante de Equitesa, quien hasta ese día continuaba siendo un destacado constructor y negociador de contratos, pues en ese momento no se conocía que un ingrediente de su fórmula exitosa, era el soborno.
O el arroz verde, plato del que también probó más de un bocado el gobierno de Lenin Moreno.
