Las investigaciones que lleva la Fiscalía General del Estado por el caso Ina Investment y que involucra al presidente Lenín Moreno, su esposa Rocío González y otros, parecen estar extraviadas. Buena parte de las respuestas se encuentran en los pedidos de cooperación penal internacional que la Fiscalía realizó a Panamá y Suiza.
Panamá ya informó la entrega de un cuadernillo con 82 páginas de información, pero en varios comunicados la justicia de ese país ha sido clara en señalar que requiere mayor precisión en sus pedidos. No obstante, no se conoce los detalles de la relevancia de la abundante información remitida.
Suiza en cambio ha evidenciado un interés especial de proteger al primer mandatario. El pasado 19 de febrero, cuando se realizaban las audiencias del caso Sobornos – Arroz Verde, la Fiscalía recibió una carta de la Oficina Federal de Justicia de Suiza (FOJ) en que negaba, nuevamente, la entrega de información sobre las cuentas bancarias del presidente y su esposa bajo un falso argumento de inmunidad del presidente ecuatoriano.
La Fiscalía arrancó en marzo de 2019 la indagación contra el actual presidente Lenin Moreno Garcés, su hermano Edwin Moreno Garcés, Conto Patiño Martínez, Xavier Macías Carmigniani, María Auxiliadora Patiño Herdoíza y Ricardo Alemán Alfaro, tomando como base la investigación periodística “El laberinto offshore del circulo presidencial”, publicada por los portales La Fuente y Milhojas (Periodismo de Investigación).
Entre las diligencias dispuestas por la entonces Fiscal Ruth Palacios, constaba el pedido al Servicio de Rentas Internas (SRI), para que emita un informe sobre las compañías Recorsa C.A. y Recorsa S.A., así como de los demás ciudadanos investigados. También se solicitó a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que remita los movimientos financieros de 2012 a 2018, de las compañías y las personas referidas.
En la apertura de la investigación, la Fiscal requirió de igual forma a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), información sobre los pagos realizados por la empresa china Sinohydro Corporation a la offshore panameña Recorsa S.A, de propiedad de Conto Patiño Martínez.
El 8 de abril de 2019, Diana Salazar tomó posesión como Fiscal General de la Nación. Y respecto al caso ya bautizado como #InaPapers inició haciendo lo que correspondía para los casos de delitos transnacionales.
Para julio de 2019 obtuvo una respuesta por parte de la Procuraduría General de la Nación de Panamá, de su oficina de la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales.
Con fecha 15 de julio, con oficio dirigido a Patricia Carranco, Directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General del Ecuador, se le indica que lo solicitado por el Estado requirente -esto es “toda la información de todas aquellas empresas que fueron constituidas por los señores Lenin Boltaire Moreno Garcés, Judith Rocío González Navas, Edwin Ovidio Moreno Garcés, Conto Augusto Patiño Martínez, Xavier José Macías Carmigniani, María Auxiliadora Patiño Herdoíza y Ricardo José Alemán Alfaro (de los cuales no se cuenta con mayor información) está formulado en términos generales e indefinidos, por lo tanto, recomendamos al Estado requirente realizar lo pedido a través de las fuentes de cooperación informal que permitirán la confidencialidad necesaria a fin de obtener información expedita, como método de desestimación, descarte y fase preparatoria para posteriormente formalizar una solicitud de asistencia jurídica internacional”.
La recomendación de Panamá continúa: “En ese sentido, el Estado requirente podrá realizar el pedido de información de las empresas por medio de la Red de Recuperación de Activos de GAFILAT(RRAG) y de este modo podrá determinar una especificidad razonablemente limitada que permita al Ministerio Público de la República de Panamá ejecutar acciones concretas… Siendo así estaremos en espera de la información adicional requerida…”, concluye la respuesta firmada por el Secretario de la Procuraduría panameña, Elías Nuñez.
En otras palabras, la Procuraduría de Panamá, oficina que cumple las funciones de Fiscalía, le pidió a Ecuador que sea más específico y le marcó un camino para conseguir la información adicional útil para el propósito de la investigación.
La respuesta del 15 de julio obedecía a un oficio enviado por la Fiscalía de Ecuador el 29 de mayo.
Pero hay otra respuesta más de Panamá. La misma oficina de la Procuraduría responde a Ecuador el 7 de agosto de 2019, refiriéndose en esta ocasión a un requerimiento de fecha 2 de mayo del mismo año, con la “solicitud de asistencia penal internacional No. 030-2019, por el delito de cohecho en contra de Lenin Boltaire Moreno Garcés y otros”.
La Fiscalía de Ecuador le pidió a Panamá que envíe las cuentas bancarias del presidente en ese país. Y la respuesta fue:
“Observamos que lo solicitado está formulado en términos generales e indefinidos. La República de Panamá carece de un Banco Central con facultades para aglutinar toda la información bancaria del país, por lo que sería muy difícil precisar rápidamente si en alguna de las más de 200 instituciones financieras del país será exitosa la acción pretendida, lo que dilataría considerablemente el diligenciamiento”.
Pedidos y respuestas de Panamá
La Procuraduría de Panamá recomendó: “El Estado requirente podrá realizar el pedido de información de las cuentas bancarias por medio de su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a través del grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera y de este modo podrá determinar una especificidad razonablemente limitada, que permita al Ministerio Público de la República de Panamá ejecutar acciones concretas, a fin de evitar una “fishing expedition” y con ello vulnerar el derecho interno, por lo que requeriremos información adicional que defina de manera concreta las acciones por ejecutar en instituciones financieras y cuentas bancarias precisas”.
“Siendo así estaremos en espera de la información adicional requerida”, concluye Panamá.
Panamá pedía un número de cuenta precisa, que la Fiscalía de Ecuador no le dio. Y en Ecuador hasta en memes se viralizó el número de cuenta 100-4-1071378 del Balboa Bank Panamá.
Finalmente, el 26 de diciembre de 2019, la Procuraduría de Panamá respondió a Isabel Garrido Cisneros, secretaria de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, la respuesta al pedido de asistencia judicial hecha por la Fiscal General por la investigación de cohecho en contra de Edwin Moreno y otros. La información llegó en un cuadernillo de 82 hojas. ¿Qué información consta en ese cuadernillo enviado por Panamá?
Consultamos a la Procuraduría de Panamá y su oficina de Relaciones Públicas confirmó el envío del documento que incluye un cuadernillo con 82 fojas de la información solicitada por la Fiscalía General del Estado.
Suiza: Levanten la inmunidad al Presidente
Diana Salazar también envió el 3 de julio de 2019 una solicitud de asistencia penal internacional por este caso, que cruzó el Atlántico y llegó a Suiza. La Oficina Federal de Justicia de ese país respondió desde Berna el 19 de febrero de 2020, a una insistencia hecha desde Ecuador el 23 de diciembre de 2019.
Lo que dice Suiza en su respuesta es: “Sin embargo, como se describe en nuestra carta anterior con fecha 18 de septiembre de 2019, de acuerdo al derecho internacional consuetudinario, el actual presidente del Ecuador, Lenin Boltaire MORENO GARCES, se beneficia de la inmunidad absoluta de la jurisdicción de Suiza.
Por lo tanto, para poder otorgarle asistencia legal en esta materia, las autoridades suizas necesitarían la siguiente información:
- Un documento oficial que acredite que la inmunidad de jurisdicción del Presidente Lenin Boltaire MORENO GARCES ha sido levantada explícitamente por la autoridad competente de Ecuador bajo el derecho internacional consuetudinario.
- Un documento que pruebe la competencia de la autoridad que ha levantado la inmunidad de jurisdicción de acuerdo al derecho internacional consuetudinario”.
Pero la verdad es que la legislación ecuatoriana no reconoce al presidente inmunidad alguna y en esos términos la Fiscalía le ha hecho conocer a la justicia suiza. La Fiscalía no está obligada a solicitar a ninguna entidad, ni la Asamblea ni la Corte Constitucional, el levantamiento de inmunidad porque simplemente no existe.
Es decir le basta un informe jurídico para que su requerimiento sea tramitado en Suiza. La fiscal Salazar aseguró que sus pedidos han sido recurrentes pero no detalló qué acciones emprendió luego de la última respuesta de la Oficina Federal de Justicia del pasado 19 de febrero.
Nuestro medio consultó a la La Oficina Federal de Justicia de Suiza respecto a la respuesta remitida a Quito. Sonja Margelist, Subjefe de Información, confirmó haber recibido una solicitud de «Asistencia Legal Mutua de las autoridades ecuatorianas con respecto al asunto que usted menciona. Este es actualmente un procedimiento en curso. Por lo tanto, no se puede proporcionar más información», señala el comunicado.
Las cuentas suizas de la familia presidencial
Para mayo de 2019, en algunos círculos periodísticos ya se hablaba de las cuentas bancarias de la familia presidencial en Suiza. Entonces, el presidente Lenín Moreno y su esposa Rocío González, en una señal interpretada como transparente, solicitaron a la fiscal Diana Salazar, investigar dos cuentas bancarias en Suiza y también la cuenta de Ina Investment en el Balboa Bank de Panamá.
Sin embargo, esa petición de los Moreno González, tan publicitada en los medios, quedaría como un simple tiro al aire, considerando la exigencia de Suiza de levantar previamente la inmunidad que según dice ostenta el primer mandatario.
En efecto, el 8 de mayo de 2019, Lenín Moreno pidió a la Fiscalía que investigue las cuentas a su nombre que tenía entre 2013 y 2016, mientras residió en Suiza y otras cuentas bancarias «que considere pertinentes». En la petición pidió puntualmente investigar la cuenta que tenía como enviado especial de la ONU No. 0900 0000 91-15 8649-3 en el banco PostFinance y la cuenta personal CHO 500279279137003 OB en el UBS Switzerland.
En la misiva también, pidió indagar la cuenta 100-4-1071378 perteneciente a la empresa Ina Investment del Balboa Bank de Panamá, de la que se realizaron las cuestionadas compras.
El 10 de mayo, la primera dama Rocío González, dirigió carta similar a la fiscal Diana Salazar Méndez, pidiendo investigue la cuenta bancaria a su nombre, mientras vivió en Ginebra.
«Solicito señora Fiscal General, que dentro de la investigación que lleva adelante, se sirva analizar, bajo la respectiva asistencia penal internacional, la cuenta bancaria de la que fui titular, que la aperturé y cerré mientras vivía en el exterior», manifestó. La señora González se refería a la cuenta Nro. 14 -450222-9 CHF, del Banco Post Finance.
Nuestro equipo de investigación revisó la información bancaria referida por la pareja presidencial en el PostFinance, un sistema de pago que se denomina como “el socio confiable para clientes privados y comerciales que buscan administrar de forma independiente sus finanzas”, según su sitio web.
En un reporte de transacciones de la cuenta 0900 0000 91-15 8649-3, emitido el 5 de agosto de 2015, que señala que, a mayo de 2015, tenía un saldo de USD 585.655,89.
El 1 de mayo de ese año, se pagó desde esa cuenta USD 13.000 a la compañía inmobiliaria Besson, Dumont, Delaunay & Cie SA, ubicada en Les Acacias, Ginebra.
Cuatro días después, el 5 de junio, se transfirió a Lenín Moreno USD 14.800,00 a través del sistema E-Finance (finanzas electrónicas); de igual forma USD 5.000,00 a Julio Bueno Arévalo, exdirector de la Sinfónica Nacional y hombre de confianza de Moreno; y a Eduardo Mangas Mairena, exsecretario de la Presidencia de Lenín, por USD 7.000. También hubo una transferencia “para la cuenta 31-90192-6.
El 20 de mayo de 2015, hicieron alrededor de 12 transferencias, que tenían como beneficiarios a Eduardo Mangas (USD 238.47), Julio Bueno (USD 232,78), Rosángela Adoum (USD 232,78), actual asesora 1 del presidente, Rita Almeida Padilla (USD 81,57), enfermera privada de Lenín. Junto a los nombres de Bueno, Adoum y Almeida, aparece como detalle “pasaje-kr-ge”.
La cuenta realizó giros internacionales al Banco de la Producción S.A. (USD 9.744) por concepto de pasajes, el 21 de junio transfirió a Rubén Patricio Sucuzhañay USD 448 y al mismo Lenín, a su cuenta del Banco del Pacífico por USD 3.793 por “reembolso pasaje Honduras”. Igual a su cuenta “31-90192-6. Moreno Garcés Lenin Boltaire. Géneve”, por USD 5.000 para “pago de tarjeta de crédito”.
0900 0000 1445 0222 9 es otra cuenta de Suiza, manejada por la esposa del presidente Lenín Moreno, Rocío González Navas. El 24 de octubre de 2016, desde Quito, llenaron el “formulario de terminación de cuenta de cliente privado PostFinance”, para que la cuenta fuese cancelada el 30 de octubre de 2016 y, a su vez, la tarjeta física destruida. Como motivo del cierre de la cuenta, señalaron “otras razones”.
Pidieron que, el dinero restante de esa cuenta, sea transferido a otra (026009593) del Bank of America, de New York, EE. UU, que tenía como beneficiario final a Irina Moreno, hija de Lenín Moreno, cuya dirección en Nueva York, es, según el documento, “866 un plaza, suite 516, New York, NY, 10016”.
La Fiscal General Diana Salazar ya despachó exitosamente y con sentencia condenatoria el caso Arroz Verde/Sobornos. Ahora tiene tiempo para seguir con el caso conocido como Ina Papers y su trámite en la Asamblea. De eso depende que uno de los velos más infranqueables en el sistema financiero mundial, por fin se levante. Y nos entregue la información que podría marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción en nuestro país.
Trabajo realizado por Periodismo de Investigación y La Historia
