En Ecuador, Odebrecht nunca pierde. Su paso en nuestro país está marcado de triunfos y millones. Siempre ha sido así. Durante todos los gobiernos con los que ha negociado. La empresa brasileña no se puede quejar de falta de buena suerte.
Los que se quejan son, precisamente, ecuatorianos. Este lunes 9 de marzo, el Procurador General del Estado Íñigo Salvador Crespo salió públicamente a lamentarse porque Odebrecht no quiere saber nada de la negociación para pagar a Ecuador un monto como reparación de toda la corrupción admitida por ellos mismos, que sembró en los últimos años. Fue ver a una de las más altas autoridades del Estado ecuatoriano, prácticamente rendido: «nos está extorsionando».
Sin saber que otros pasos dar o qué mas hacer. La única salida que tuvo fue informar que ya le ha pedido a la Fiscal General Diana Salazar que haga algo. Pero Salazar por ahora tiene suficiente con Arroz Verde.
Otra queja, no hecha pública, pero evidente, quedó a la luz este mismo 9 de marzo, con la renuncia presentada por el ministro de Energía José Agusto Briones. Era una salida anunciada.
Y en donde la mano sucia de Odebrecht nuevamente aparece. Agusto Briones venía presionando desde enero para que el gobierno de Lenin Moreno finalmente haga lo que debió hacer desde hace tres años: enjuiciar a Odebrecht. Por lo menos, para comenzar, con el desastroso proyecto de construcción del poliducto Pascuales-Cuenca, en donde ya están listos todos los elementos probatorios para presentar en los juzgados.
Será una acción tardía, porque la constructora brasileña ya se adelantó y enjuició primero al Estado, el 2018, pero el refrán dice que más vale tarde que nunca y la sensatez indica que el gobierno no podía sencillamente quedarse con los brazos cruzados. Pero aquí no hay ni refrán ni sensatez que valga. Un lobby poderoso dentro del propio gobierno hace fuerzas por Odebrecht. Y la salida de Agusto significa que nuevamente han ganado los brasileños.
Suerte o plata
Suerte. Eso es lo que más ha tenido Odebrecht en los últimos años, durante los cuales quedó al descubierto que la gigante de la construcción lideró un esquema de sobornos multinacional, en el que envolvió desde Presidentes y Vicepresidentes de países, políticos de distinta ralea, autoridades multinivel hasta burócratas de bajo rango. Fueron cientos, sino miles, de involucrados en prácticas corruptas a lo largo del continente americano.
Muchos de ellos están presos y cumpliendo penas tras las rejas en Ecuador, Perú, Panamá, Argentina y Brasil. Y de parte de Odebrecht, el creador de la red, pocas culpas se están purgando. Casi nada. Con decir que su principal directivo, Marcelo Odebrecht, no está en la cárcel y disfruta de la inmensa y lujosa comodidad de su hogar, en Brasil. Goza de la libertad.
Aquellas condiciones se replican en los distintos países donde Odebrecht contrató y corrompió. Aterrizando en Ecuador, ningún directivo de la constructora ha sido juzgado y, mucho menos, sentenciado.
Su papel en nuestro país ha sido diferente: han sido llamados delatores, una especie de colaboradores de la justicia, por confesar que, efectivamente, ellos pagaron millones de dólares en sobornos a las autoridades públicas que se dejaron sobornar.
Ha quedado de lado el detalle de que en el delito de cohecho, existen dos figuras: la que paga y la que recibe, ambas culpables y la misma carga de responsabilidad. No obstante, en el juicio que está por concluir, Arroz Verde/Sobornos, ningún directivo de Odebrecht está procesado. Los brasileños siguen disfrutando de su buena suerte.
Y en Ecuador, esa buena suerte incluso les podría generar, en las condiciones actuales, todavía más ingresos millonarios. Aunque usted no lo crea. Pese a que Odebrecht ya representa en el imaginario de la gente de todo el continente una marca manchada por actos confesos de corrupción, aún así, sus arcas podrían seguir engordando a costa de los dineros públicos.
Esto podría ocurrir en Ecuador. Pero en el caso particular de nuestro país, a la buena suerte tendría que sumarse otros factores: los contactos que ha establecido la constructora. Contactos que en momentos difíciles como los actuales, pueden volverse aliados decisivos para ganar ciertas batallas. Ha ocurrido en el pasado. Y sigue ocurriendo en estos días. Hoy mismo.
¿Pruebas? El juicio que nunca empieza: Poliducto Pascuales-Cuenca
Que ya viene la demanda del Estado ecuatoriano contra Odebrecht, por las fallas estructurales en la construcción del poliducto Pascuales-Cuenca. Que se están terminando los últimos detalles, como el monto económico que se piensa reclamar. Que solo es un asunto de días para que, finalmente, la constructora brasileña esté sentada en el banquillo de los acusados por una de las tantas obras que hizo en Ecuador, plagada de irregularidades, sobornos y corrupción. La última vez que se hicieron estos anuncios fue el pasado 17 de enero, hace casi dos meses.
El vocero fue el ahora ex ministro de Energía, José Agusto Briones, quien a esa fecha tenía poco tiempo en el cargo y ninguna responsabilidad en la nula reacción del gobierno y el Estado ante la arremetida legal que había comenzado con mucha anticipación Odebrecht, enjuiciando el 9 de marzo de 2018 por USD 184 millones al Estado, en un caso que ya está listo para sentencia. Se dice que en materia legal, quien golpea primero, golpea dos veces.
Odebrecht se adelantó al gobierno y golpeó. El ministro Agusto Briones ofreció que el gobierno también golpearía. Tarde, pero también le daría sus manotazos a la gigante de los sobornos.
En realidad, el primer golpe del gobierno debió haberse dado casi tres años atrás. El 27 de octubre de 2017, el gerente general de Petroecuador Byron Ojeda dispuso la terminación unilateral del contrato y el inicio de las acciones por daños y perjuicios en contra de la constructora Norberto Odebrecht, previo informe de la Gerencia de Transporte. Era octubre de 2017.
Pero las acciones nunca se iniciaron y la explicación podría comenzar con que en 2018 llegó al puesto de Procurador de Petrocuador, Marco Prado, quien fue viceministro de Justicia el año 2013, cuando era ministra de esa Cartera la actual secretaria Jurídica de Presidencia, Johanna Pesántez. Prado también hizo una consultoría en 2013 para Petroecuador, precisamente para viabilizar el proyecto del poliducto Pascuales-Cuenca, que luego sería ejecutado por Odebrecht. Ahora Prado lidera la defensa de la estatal petrolera en la demanda que impuso Odebrecht por USD 184 y que espera sentencia en el Tribunal Contencioso de Guayaquil. Pero eso no es todo. La presencia de Prado en la Procuraduría de Petroecuador explica las dilatorias para cumplir la resolución del ex gerente Ojeda, quien pidió demandar a Odebrecht en 2017. En diálogo con los periodistas de este medio, el ex ministro de Energía José Agusto Briones confesó su decisión de demandar a Odebrecht, pero reveló que poderosos intereses entre los que incluyó a Marco Prado, impidieron ejecutar la demanda. El ex ministro de Energía Carlos Pérez tampoco pudo hacer nada al respecto.
Vino el sucesor de Pérez, José Agusto Briones, y hace dos meses lanzó el ultimátum. Una demanda legal de esta naturaleza no debería tomar más allá de una semana en su redacción, mucho más tomando en cuenta que los informes técnicos de la obra en cuestión ya están hechos y a la mano. Siendo generosos con el tiempo, podría considerarse hasta quince días.
Pero han pasado casi dos meses desde el anuncio hecho público por el Ministro y hasta ahora no hay visos de que esa demanda esté lista para presentarse.
Entonces se vuelve imperativo comenzar a indagar si existe algo o alguien dentro del propio gobierno que esté bloqueando o impidiendo que se presente esta demanda para dar inicio al juicio. No fue necesario buscar demasiado para encontrar que, efectivamente, esto último es lo que podría estar ocurriendo. Y una vez más, Odebrecht hace gala de la inmensa buena suerte de la que sigue gozando.
Un factor de buena suerte resulta ser el haber conocido desde tiempo atrás a personajes que después aparecen vinculados estrechamente con posibles partes acusadoras. A veces, es el mismo personaje que antes tuvo contratos con cierta obra cuestionada o inexistente como la Refinería del Pacífico y luego aparece en puestos como la Procuraduría General del Estado.
Es el caso de Íñigo Salvador Crespo, quien tuvo dos contratos de asesoría legal con la estatal Refinería del Pacífico por USD 250.000. Demás está recordar que la protagonista de la obra inexistente en Manabí es justamente Odebrecht. Salvador participó de la reunión del cierre de contrato con Worley Parsons, el 21 de noviembre de 2011, para la realización de los estudios del poliducto La Esperanza, que finalmente ejecutó Odebrecht, en Manabí.
El mundo siguió girando y años después, sobre Odebrecht y su obra del poliducto Pascuales-Cuenca, se pronunció el Procurador Íñigo Salvador Crespo el pasado 13 de febrero de 2019.
Emitió un informe legal sobre esta obra y sus conclusiones son tibias, porque no determinan responsabilidad alguna y eso que encontró hallazgos dignos de mencionar: para empezar, el presupuesto adjudicado en el contrato del 17 de octubre de 2013 a la brasileña fue de USD 369 millones, que era USD 97 millones más de lo que Petroecuador había establecido en su presupuesto referencial, hecho con estudios y todo lo necesario.
Y más adelante detectó que, pese a ese incremento, a la constructora brasileña se le terminó pagando más y no fue poco. Con corte al 9 de agosto de 2017, Petroecuador le pagó a Odebrecht USD 489 millones, todo demostrado con las planillas canceladas.
En el desarrollo de la obra, hubo reajustes de precios -al alza siempre- aprobados por Petroecuador y por la fiscalizadora francesa Egis, que para buena suerte de Odebrecht era una empresa conocida, pues fue su cliente en una obra importante que ejecutó en Colombia.
En total, fueron USD 119 millones más pagados por encima del monto original del contrato del poliducto. ¿Qué dice el Procurador Íñigo Salvador al respecto, el mismo que ahora se queja amargamente de que Odebrecht no se sienta a negociar la reparación económica?
Es contundente: “Al ser un aspecto de orden económico, y por estar fuera de las competencias de la Procuraduría General del Estado, no se emite criterio al respecto”. Nada.
Con el añadido de que la obra demoró 427 días más en la construcción, por fuera del tiempo establecido en el contrato, lo que no generó ni una sola multa o recargo a la contratista. Eso es tener suerte. Tanta que el 2 de marzo de 2017, al recibir las obras, Petroecuador señala que no existieron retrasos imputables a la contratista y que cumplió el plazo de ejecución contractual.
Pronunciamientos a los que ha dado muy buen uso la brasileña Odebrecht en su reclamo presentado a la Corte de Guayaquil, para exigir el pago al Estado ecuatoriano de USD 184 millones más por el poliducto Pascuales-Cuenca.
Si la Justicia ecuatoriana fallara a su favor, Odebrecht recibiría en total USD 673 millones por una obra que, en los actuales días, se está hundiendo en su terminal ubicada en Cuenca y eso que no se han cumplido ni tres años desde que entró a funcionar.
Quién podría decir que no es buena suerte recibir en pago tanto dinero por una obra que se ganó pagando sobornos admitidos por USD 5 millones -caso de asociación ilícita por el que está preso Jorge Glas- y que ahora tiene fallas estructurales de tal magnitud que se hunde más cada día. Y de remate de la buena suerte, no haber sido enjuiciado por aquello. Gozar de absoluta tranquilidad.
No todo es buena suerte, para eso hay contactos
A la buena suerte hay que ayudarla con acciones eficientes. Odebrecht acertó en contratar a un bufete de abogados de primera, que tiene los mejores contactos.
Uno de los clientes satisfechos del estudio jurídico PBP -Pérez Bustamante y Ponce- tiene estas referencias de uno de los socios del bufete, Francisco Roldán Cobo: “Es a quien se debe acudir en Ecuador”.
En efecto, su hoja de vida oficial incluye que Roldán Cobo “es uno de los más experimentados abogados ecuatorianos en materia de energía, con particular énfasis en petróleo, gas y electricidad. Ha negociado e implementado contratos petroleros desde hace décadas y ha asesorado a los clientes de PBP de ese sector en sus actividades y desafíos del día a día de su operación. También tiene considerable experiencia en la negociación y la implementación de contratos de energía eléctrica y de fuentes alternativas de energía y en asuntos de competencia”.
Odebrecht ha sido uno de los clientes del estudio Pérez Bustamante y Ponce. Entre 2010 y 2016 constan pagos de USD 800.000 hechos por la constructora y generados por asesorías legales. Uno de los socios es Bruno Pineda Cordero, quien es hermano de Michel Pineda Cordero, quien fue asesor en la Presidencia de la República del ex secretario Jurídico Alexis Mera Giler.
Pero uno de los socios más importantes sigue siendo Francisco Roldán Cobo, quien asesoró a empresas chinas para sus inversiones en la Refinería del Pacífico y en contratos de línea de transmisión eléctrica con CELEC. Otro de los clientes del estudio PBP es la internacional Worley Parsons, señalada por múltiples irregularidades en contratos firmados para la repotenciación de la refinería de Esmeraldas.
Francisco Roldán Cobo es tío del secretario particular del presidente de la República, Juan Sebastián Roldán, identificado en los pasillos de Carondelet como el nuevo hombre fuerte del gobierno, al haber derrotado en las pulsadas al otrora poderoso asesor Santiago Cuesta Caputi.
Los resultados favorables conseguidos por el estudio Pérez Bustamante y Ponce no se hicieron esperar. Los contactos se extendieron a los más altos niveles de la justicia constitucional. La comunicación era directa, como lo demuestran los correos enviados por el representante de Odebrecht Geraldo Luiz Pereira de Souza a la entonces vicepresidenta de la Corte Constitucional, Pamela Martínez, a quien le hizo llegar todos los detalles de los juicios llevados y ganados por el SRI en todas las instancias, contra la constructora, para que sea la Corte Constitucional la que tire abajo esos fallos, y los revierta a favor de la brasileña.
Así resultó. La Corte Constitucional le hizo ganar USD 45 millones, dejando como saldo para Rentas Internas la menor parte, USD 10 millones.
¿Es parte de la buena suerte de Odebrecht haber contratado al estudio jurídico al que pertenece el tío de uno de los hombres fuertes del gobierno? ¿Esta puede ser una de las razones nunca confesadas que han impedido y retrasado cerca de tres años el inicio del juicio por parte del Estado ecuatoriano en contra de Odebrecht, por los daños y perjuicios millonarios ocasionados en la contratación -pagos de sobornos- sobreprecios y construcción con múltiples fallas -al colmo de que se está hundiendo la terminal en Cuenca- del poliducto Pascuales-Cuenca?
Las autoridades de las que depende el inicio del juicio contra Odebrecht, tienen la palabra.
*Reportaje publicado en el portal Periodismo de Investigación
