“El perjuicio económico (de $112 millones) establecido por auditoría sobre la base del análisis técnico ya no es aplicable…”. Con este criterio de los auditores Jenny Monar y David Andrade, expuesto en un documento de apenas dos páginas, con fecha 28 de junio de 2019, el Contralor del Estado, Pablo Celi de la Torre, procedió a desvanecer la glosa de USD 111,9 millones impuesta nueve meses atrás (septiembre de 2018) por su misma administración en contra de la operadora Claro (América Móvil). El radical cambio de criterio tuvo como sustento un informe referencial de la consultora Nera Economic Consulting, contratada por la propia empresa glosada, la parte auditada. La millonaria condonación sería parte de los acuerdos entre el gobierno de Lenín Moreno y el magnate de las telecomunicaciones Carlos Slim, el dueño de la gigante Claro, arreglos orientados a renegociar el contrato suscrito en 2008, el cual está próximo a fenecer.
Dos meses después del millonario perdón, en agosto de 2019, el yerno de Carlos Slim, Daniel Hajj, visitó al presidente de Ecuador Lenín Moreno, a quien estrechó su mano tras sellar un acuerdo de una próxima concesión de nuevas frecuencias de tecnología 5G. Hajj aseguró que este año se realizarán pruebas de 5G en Quito y Guayaquil. Sin duda, el desvanecimiento de la glosa era el aire que necesitaba Claro para volar más alto.
La resolución 17343 con la que Celi desvaneció la glosa fue validada por Luis Miño Morales y Hans Coloma Vallejo, director y administrador de gestión de la dirección de responsabilidades de la Contraloría, sin contar con el criterio favorable del técnico a cargo de la investigación, quien fue removido del cargo.
El perdón de $112 millones no solo benefició a la transnacional América Móvil, sino también al exministro correísta Augusto Espín (brazo derecho de Jorge Glas, condenado a prisión por corrupción), a la exdirectora de la Arcotel, Ana Proaño de la Torre, y a los funcionarios de telecomunicaciones: Marcelo Avendaño, Vanessa Escobar, Gonzalo Paredes, Gustavo Quijano, Carlos Gallo, Virgilio Valencia, integrantes de la Comisión de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel), que establecieron el costo de la concesión del espectro adicional de la banda de 1900 MHz y AWS, sin estudios económicos y técnicos, lo que generó un millonario perjuicio al Estado ecuatoriano.
¿Cómo se explica el cambio de 180 grados del Contralor Pablo Celi, nueve meses después de emitido un informe de responsabilidades?
En agosto de 2018, la directora de auditoría en telecomunicaciones de la Contraloría, Silvia Pérez Vinueza, presentó el informe del examen especial realizado a la adenda para la asignación de una frecuencia adicional otorgada por el Estado a favor de la compañía Conecel, como alcance al contrato original de Servicio Móvil Avanzado (SMA) en la banda de 1900 MHz, suscrito en 2008, durante el gobierno de Rafael Correa Delgado.
La conclusión central del referido informe estableció que el valor de las bandas adicionales entregadas a Claro, debió ser $ 291.9 millones y no $180 millones como aprobaron las autoridades del Ministerio de Telecomunicaciones y la Agencia de Regulación y Control (Arcotel), con asesoría de la consultora Aseta (Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de la Comunidad Andina). El perjuicio al Ecuador, según el máximo organismo de control, era de $ 111.906.514, monto que debía ser pagado en forma solidaria por la empresa de Carlos Slim y los funcionarios vinculados.
La cifra glosada a Claro representa menos de un mes de facturación de la multinacional en Ecuador, que reporta ingresos totales brutos de $1400 millones anuales, aproximadamente.
El examen especial de Contraloría de 2018, determinó que el valor de 3 millones de dólares por MHz para la nueva concesión de 60 MHz de ancho de bandas ($ 180 millones), acordado por la comisión gubernamental, no se basó en un informe técnico y económico documentado que mantuviera el costo por MHz de acuerdo con el tiempo de concesión del contrato principal (2008), considerando además, el área de cobertura del servicio. Contraloría fue más allá: cuestionó al Mintel, al Conatel, a la Senatel y a la Arcotel, el haber conferido un carácter vinculante a un informe meramente referencial de la consultora Aseta.
Al no haberse calculado el costo de las bandas de la forma referida, se vulneró el artículo 57 del reglamento a la Ley de Telecomunicaciones que señala: “El pago por otorgamiento de frecuencias cuando no haya procesos públicos competitivos, será fijado por el CONATEL sobre la base de un Estudio Técnico – Económico que contemple entre dos aspectos: El ancho de banda solicitada y el área de cobertura prevista en el título habilitante”, precisó el informe de agosto de 2018 firmado por Silvia Pérez Vinueza.
¿Cómo determinó la Comisión el costo del espectro adicional?
Como hemos referido, la Ley de Telecomunicaciones en su artículo 57 establece que es el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) quien debe fijar los precios de asignación de espectro adicional. En cumplimiento de ese mandato, el 15 de diciembre del 2014, el Conatel dispuso contratar una consultoría que pueda determinar el costo de la ampliación del espectro a favor de Conecel-Claro.
A mes seguido, el Mintel contrató a la consultora Aseta. Pocos días después, el 28 de enero de 2015, el Benchmark (estudio comparativo) ya estaba listo para revisión de la Comisión creada por la Senatel, la cual asumió sin observaciones los términos propuestos por Aseta e inmediatamente elevó a conocimiento del Conatel. Horas después, el 2 de febrero de 2015, el ministro y presidente del Conatel, Augusto Espín, acogió el informe de la comisión y emitió la resolución TEL-138-04-CONECEL-2015, autorizando la concesión de 60MHz (20MHz en la banda de 1900 MHz y 40 MHz en la banda AWS), a favor de Conecel, en los términos económicos sugeridos por la consultora: $3 millones por MHz, por los 60 MHz de las dos bandas, lo que daba un monto total de 180 millones de dólares. La cifra se debía pagar con el 75% a la firma de la adenda y el 25% restante al 30 de abril del 2015.
Es importante mencionar que los valores determinados por la consultora fueron estrictamente referenciales, una condición destacada por la misma Aseta; además, el hecho invocado de que la Senatel considere aspectos adicionales para fijar el costo definitivo de la concesión. Pero nada de esto sucedió. Las autoridades de telecomunicaciones se limitaron a validar el documento de la consultora. En especial tomó los valores económicos como definitivos, sin que se haya evidenciado documentadamente la realización de un estudio sobre el área de cobertura, tal como lo establece la Ley.
Del informe de la Comisión, la Senatel seleccionó el escenario del valor de $ 2.958.056.60 como precio máximo referencial por MHz, sin ningún estudio técnico y económico del área de cobertura. Para la ampliación de las bandas no se consideró ninguna modificación al valor variable correspondiente al 2,93% de los ingresos facturados que generaría la implementación de la tecnología 4G, en las nuevas bandas concesionadas. De igual forma en el valor fijo se debió observar el costo por MHz y por los años faltantes del contrato principal.
El documento de 92 páginas de la Contraloría que ahora, tras el incendio de octubre, debe estar en cenizas, describe paso a paso la forma cómo se amasó el millonario perjuicio de $112 millones. Las cifras se repiten página a página como para no perderse. Los detalles abundan y este es el más importante: el precio establecido en el contrato de 2008 fue de $550.476,19 por MHz, que multiplicado por los 60 MHz de las dos bandas y por los casi nueve años restante de la concesión (2014 – 2023), determinaba un costo fijo de $291.906.504. Sin embargo, la Comisión estableció que el valor de la ampliación debía ser el resultado de los términos propuestos por Aseta, es decir: $3 millones cada MHz por 60 MHz, lo que dana $180 millones, una diferencia de $111.906.514 que el Estado dejó de percibir por la ampliación del espectro. Fueron millones a favor de Claro.
MILLONES MÁS, MILLONES MENOS
De acuerdo al contrato de 2008, por una banda de 35MHz Conecel pagó $289 millones, considerando un precio de $550.476,19 cada MHz, multiplicado por 15 años del contrato y por 35MHz de la banda. Sin embargo, el monto aprobado por las autoridades de Telecomunicaciones del régimen de Rafael Correa, sobre el cual se suscribió la adenda de ampliación del espectro a casi el doble (60MHz), fue de apenas $180.000.000, es decir, un precio anual de $339.443,31 por MHz. Así, Conecel se benefició de un contrato ampliatorio del espectro, donde no se consideró el área de cobertura y que dio como resultado el cobro de un precio menor al fijado en el contrato principal. Este fue el sustento que condujo a la Contraloría a establecer la glosa en contra de la empresa de Carlos Slim y las autoridades del Correísmo.
LO QUE EL FUEGO SE LLEVÓ
Durante la realización del examen especial DNA4-0037-2018, hasta la aprobación del informe final en agosto de 2018, Conecel nunca pudo desvanecer las conclusiones de la investigación de auditoría. Tampoco se presentó nueva información técnica que hubiese permitido validar el cuestionado informe de Aseta. Al no existir impugnación documentada, el 10 de septiembre del 2018 se predeterminó la responsabilidad civil en contra de funcionarios de Arcotel, Conatel, Senatel, Ministerio de Telecomunicaciones y Conecel con la glosa (N° 7636 a 7644) por 111.9 millones de dólares.
Misteriosamente, el 7 de febrero del 2019, el entonces director de Responsabilidades de la Contraloría, Daniel Fernández de Córdova, con memorando 610-DNR solicitó una evaluación técnica de unos supuestos estudios presentados por la operadora Conecel, los cuales incluían informes elaborados por tres consultoras contratadas por la propia empresa glosada: Nera Economic Consulting, Afianza y Tachyon Consultores. Las tres consultoras pagadas por Claro, buscaron en su defensa avalar a toda costa los estudios de Aseta, validados en 2015 por el entonces ministro Augusto Espín y la exdirectora de Arcotel Ana Proaño.
El 25 de marzo de 2019, a través del memorando 1402, el director de Responsabilidades dispuso a Jenny Monar y David Andrade, analizar y preparar una respuesta. Dos días después, el análisis de los dos auditores, dirigido a tumbar la glosa, estaba listo para conocimiento de la autoridad. Se trataba de una página y media titulada: “ALCANCE AL INFORME SOBRE LOS DESCARGOS POR GLOSA DEL EXAMEN ESPECIAL DNA4-0037-2018 EN REFERENCIA LA AMPLIACIÓN DEL ESPECTRO”.
La conclusión del análisis de los dos funcionarios se sostiene en el informe de la consultora Nera, que ratificó la validez del estudio de Aseta, el cual sirvió de base para la fijación del valor de la concesión adicional en $180 millones, el año 2015.
En cinco párrafos de análisis, Monar y Andrade sostienen que: “Ya no es procedente la determinación del valor por MHz y por año a partir del contrato original del año 2008, por lo que la diferencia de 111.906.514,00 USD determinada inicialmente por Auditoría no sería aplicable”. Con este criterio, basado en un supuesto estudio realizado por una consultora pagada por la propia empresa cuestionada, el Contralor Pablo Celi procedió a desvanecer la millonaria glosa.
Pero, aunque en el párrafo precedente, los dos auditores destrozaron el trabajo de su propia institución, a renglón seguido acabaron descubiertos por sus propias alertas: “Es necesario aclarar que, si las pruebas de descargo presentadas por el operador Conecel, jurídicamente no son validadas como fue mencionado por la supervisión del equipo de abogados de la Dirección Nacional de Responsabilidades en reunión de 15 de marzo de 2019, ocasionaría que el incumplimiento del artículo 57 del Reglamento se mantenga, siendo necesario, en ese caso, el análisis jurídico de la procedencia o no de la utilización del contrato del año 2008 como referencia para la determinación del valor de la nueva banda en el año 2015”.
Esta preocupación de los auditores tampoco fue obstáculo para que el 28 de junio de 2019, el Contralor Pablo Celi de la Torre, con el visto bueno de su equipo de confianza: Luis Miño y Hans Coloma, estampe su firma en la resolución 17343 desvaneciendo la glosa de $111.9 millones a favor de la transnacional mexicana.
Nuestro portal pudo acceder a la resolución suscrita por Celi y a varios documentos habilitantes. El examen especial DNA4-0037-2018, es posible obtenerlo en la web de la Contraloría. Lo que no se podrá conseguir serán los documentos originales pues desaparecieron consumidos por el fuego vandálico de octubre, que a decir de nuestras fuentes destruyó más de 10 mil millones de dólares en glosas y documentos que dificilmente podrán ser recuperados.
El incendio y la destrucción total de las unidades de predeterminación y determinación de responsabilidades, podría ser la mayor tragedia del país, que aún nadie quiere asumirla como tal. Las propias palabras de Pablo Celi han pintado la magnitud de este acto premeditado que desvaneció al calor del fuego aquellos delitos de cuello blanco e infamantes peculados que fueron consumidos antes por las llamas de los acuerdos políticos.
*Informe realizado por Fernando Villavicencio y Nina Osorio, del equipo de La Fuente
