Burocracia mantiene cerrado el hospital de Zaruma

Una llamada telefónica durante la noche y una regla de uso escolar fue suficiente para que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de la provincia de El Oro deje sin un hospital funcional a más de cuarenta y cinco mil habitantes de los cantones Zaruma, Portovelo y Atahualpa. Una acción que ha vulnerado el derecho a la salud de miles de familias del altiplano orense según resolvió la Defensoría del Pueblo (DPE) tras estudiar el caso.

Todo comenzó el 17 de noviembre de 2017 cuando el COE de El Oro se reunió en Machala para analizar los efectos del sismo de 5,8 de magnitud, con epicentro en Balao (Guayas), que sacudió parte del país. En medio del encuentro, el COE llamó por teléfono al doctor Dalton Tocto, director del Área de Salud Zaruma, y le pidió que se acerque al hospital Humberto Molina de dicho cantón para constatar si las grietas existentes en el centro asistencial habían aumentado. Con una regla escolar como única herramienta y ningún criterio técnico de por medio, Tocto se dispuso a medir las grietas del comedor del hospital, el único lugar al que tuvo acceso.

“Hice una inspección visual rápida y desde mi punto de vista ignorante ante la situación estructural”, explicó el doctor Tocto. Añadió que días antes la Secretaría de Gestión de Riesgo visitó el hospital y dejó marcando la pared con las medidas de las grietas que iban de entre uno y dos milímetros. Tras medir con su regla, Tocto determinó que la fisura principal del comedor había aumentado un milímetro. “Era algo tan pequeño, casi imperceptible”, comentó Tocto y agregó que un arquitecto lo habría hecho de mejor forma.

Bastó el reporte de Tocto para que el COE de El Oro, que estaba presidido por la exgobernadora Rosa López, ordene la “evacuación preventiva” e inmediata del centro de salud. No hubo ninguna inspección técnica antes de tomar la decisión que ha mantenido cerrado al hospital.

Se trata de un hecho que se dio de manera “inconsulta y absurda” y que solo ha logrado la conmoción de la ciudadanía, según el recurso presentado por el sindicato de obreros del Hospital Humberto Molina y a la Asamblea Ciudadana de Zaruma, que reunió más de cinco mil firmas de respaldo. Además, un cierre que perdura hasta el día de hoy, a pesar del exhorto que hizo la Defensoría del Pueblo a la Gobernación de El Oro, Ministerio de Salud Pública, Secretaría de Gestión de Riesgos, Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) y demás instituciones competentes para que tomen acciones inmediatas que permitan la reapertura del hospital.

Con el cierre del Humberto Molina, que era el hospital de referencia no solo de Zaruma, también de los cantones Atahualpa y Portovelo, la atención quedó fragmentada. La consulta externa se trasladó al viejo edificio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en el centro de Zaruma, una instalación que no cuenta con facilidades para personas con discapacidades pese a que recibe pacientes traumatológicos que son frecuentes en esa área minera. La emergencia y hospitalización pasó al Centro Materno Infantil del IESS del mismo cantón, con la novedad de que las camas se redujeron de treinta distribuidas en varias salas, a siete en un espacio común. Una circunstancia que fue resaltada en el recurso presentado a la Defensoría del Pueblo: “Las condiciones en las que ahora se atienden a los pacientes son irregulares y completamente precarias, lo que lleva a poner en riesgo las vidas de nuestros coterráneos por cuanto la atención se realiza en un mismo ambiente con un internamiento temporal de apenas siete camas, junto a pacientes que padecen diversas enfermedades”, suscribieron los demandantes.

El Ministerio de Salud instaló un quirófano móvil en el parqueadero de la Maternidad del IESS que solo atiende procedimientos menores, por lo que el único quirófano para casos complejos se ubicó en el hospital de Piñas, cantón vecino situado a treinta minutos de distancia. Hasta allá son trasladados, en ambulancia, los pacientes quirúrgicos y luego de que despiertan de la anestesia son regresados a Zaruma, a las pocas camas disponibles que no dan abasto. Así lo constató en septiembre pasado el entonces director regional de la DPE, Pablo Piedra. “Un paciente que fue operado de cuatro hernias, tuvo que cederle la cama, durante la noche, a una niña que tuvo una cirugía en la cabeza”, explicó en su informe y añadió que pese al esfuerzo de médicos y enfermeras, las condiciones en las que trabajan son malas. A Piedra le llamó la atención “que pacientes psiquiátricos estaban compartiendo habitación con madres recién dadas a luz”.

Otras áreas del Humberto Molina, como son: Rayos X, Estadística y Bodega, nunca fueron evacuadas y continúan funcionando en las instalaciones originales de la casa de salud. Una situación que llama la atención de los trabajadores del hospital y la ciudadanía zarumeña, que no alcanzan a comprender porqué las autoridades dejaron dependencias operativas en un sitio supuestamente riesgoso. Es más, siguiendo esa misma lógica no entienden cómo es que el colegio San Juan Bosco que colinda con el hospital y recibe diariamente a medio millar de estudiantes, continúa abierto. Entre los sorprendidos e indignados se encuentra el doctor Eduardo Aguilar, quien laboró durante años en las instalaciones ahora cerradas. “Ha traído tremendo malestar y desconcierto la evacuación de una casa de salud que se encontraba trabajando al 100%”, dice. Con Aguilar coincide el médico Marcelo Ortega, quien se ha movilizado junto a cientos de lugareños para exigir la reapertura del centro. Lo han hecho con asambleas, manifestaciones pacíficas a lo largo de las calles del cantón y el bloqueo del puente que conecta a Zaruma con Piñas. “Los ciudadanos no han sido escuchados y se sienten humillados con el tipo de atención de salud que están recibiendo”, sostiene Ortega.

Según Marcelo Ortega, el cierre del hospital Humberto Molina significa también que los enfermos corren el riesgo de empeorar su situación. Pone un ejemplo: “Si hay un paciente con un proceso infeccioso, un problema pulmonar, una neumonía, y ponen al lado a otro paciente que tiene otro problema de salud, se puede contaminar”. El médico zarumeño indica que en las instalaciones originales existía una sala de hospitalización pediátrica, una para pacientes quirúrgicos, una para hombres, una para mujeres y una de aislamiento; y que todo eso se ha perdido con el traslado de esos servicios a espacios que no son adecuados. Explica también lo riesgoso que resulta que el único quirófano para casos complejos que tiene a su disposición una población de más de 45.000 personas, haya sido trasladado al cantón Piñas. “Aunque la distancia no es tan larga, se trata de una carretera sinuosa. Siempre en la vía Zaruma-Piñas se desprenden rocas y se cierra el tráfico. Imagínese que se está llevando un paciente para una cirugía de emergencia y no puede pasar”, señala Ortega y añade que en todos los años que lleva ejerciendo la medicina en esa localidad, no recordaba muertes maternas, pero que a partir de la evacuación se dieron dos.

Se trata de las muertes de Jennifer Zambrano Romero y Nelly Aguilar Feijó, ambas mujeres embarazadas que acudieron a alumbrar a sus hijos el 25 de diciembre de 2017 y el 26 de diciembre del mismo año. Esto a poco más de un mes de la “evacuación preventiva” del hospital Humberto Molina. Sus decesos, según recoge la Defensoría del Pueblo en su informe, fueron encasillados dentro de la categoría “características de la muerte directa evitable” por parte de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina del MSP que los investigó. Mientras en el plano judicial, se conoce que al menos en el caso de Jennifer Zambrano la Fiscalía inició una investigación que ha progresado.

Aunque la bebé de Jennifer sobrevivió al parto, la muerte de esta joven de 26 años marcó de tristeza las navidades de sus familiares y dejó a dos pequeñas en la orfandad. Era una mujer sana que había llevado un embarazo normal, cuenta su padre de crianza, Juan Romero. “Lastimosamente en Zaruma el hospital no estaba como debía estar y para mala suerte fue un 25 de diciembre. En emergencia, solamente había una doctora encargada que estaba de arriba abajo y solo decía: ‘Está bien, está bien’”, rememora. Desde que Jennifer ingresó a la emergencia que montó el Ministerio de Salud en las instalaciones del Centro Materno del IESS, empezó un vendaval de angustias para su familia.

Según el relato de Romero, la Joven madre arribó al centro de salud alrededor de las once de la noche y permaneció con fuertes dolores hasta las tres de la tarde del día siguiente. Solo entonces y ante el reclamo de los familiares, el personal médico admitió que las cosas se habían complicado y que había que trasladarla a Piñas para operarla. “Entonces la bajaron para poderla llevar y en ese lapso necesitaban la ambulancia que se demoró media hora en llegar. Ella ya estaba como desmayada. Nos acercamos a decirles que podíamos trasladarla más rápido en un vehículo particular, pero nos dijeron que no, que la ambulancia estaba en camino”, recuerda Juan Romero. “Desde allí decían que si algo pasaba ellos hicieron todo lo posible, pero no hicieron nada”, resalta.

Tras varias horas de ingresar a quirófano y nula información, los llamaron para decirles que la situación de Jennifer había empeorado y tenían que trasladarla a una clínica privada con la que el MSP tiene convenio.  Pero una vez ejecutado el traslado, el dueño del establecimiento buscó a los familiares para decirles que su situación era grave y que no contaba con los equipos necesarios para ayudarla. “La verdad, si hubiera sabido cómo la enviaron, no la hubiera cogido”, les dijo. Allí la entubaron y prepararon para un nuevo traslado a Guayaquil, no sin antes advertirles que era posible que no resista. “Fue al día siguiente que llegaron los del hospital a decirnos que no había que retirarla de allí, que podía pasar algo en el camino… Para nosotros fue algo muy difícil, aún así decidimos trasladarla porque teníamos que hacer lo imposible. Lastimosamente ni una media hora ya falleció”, lamenta su padre de crianza. “Yo creo que estando el hospital (Humberto Molina) como estaba, en buen estado, y dando todo lo necesario, no hubiera pasado esto”, concluye.

Las instalaciones siguen vacías 

El centro hospitalario Humberto Molina está compuesto por varios edificios. El principal, construido a mediados de los años 70, es una edificación amplia, de una sola planta y dividida en tres bloques que comprenden: emergencia, hospitalización, quirófanos, especialidades médicas, rayos x, odontología, enfermería, estadística, residencia, cocina y lavandería. En un recorrido que realizó el equipo de La Historia, se constató que lucía en buenas condiciones a pesar del abandono de los últimos meses, así también, se observaron ciertas fisuras que de acuerdo a trabajadores y extrabajadores consultados, han estado allí por años.

Jorge Montoya, representante del Sindicato de Obreros del hospital de Zaruma que impulsó el recurso ante la Defensoría, indica que según los informes técnicos que se han emitido, el problema principal del centro hospitalario es el edificio administrativo de tres pisos, que se construyó en lo posterior y sin criterio técnico. “El hospital (de una sola planta) desde que yo entré a trabajar hace 15 años está así, con unas aberturas pequeñísimas que siempre ha habido y no ha pasado absolutamente nada”, sostiene y añade que ver las instalaciones vacías le causa una gran decepción por la inoperancia de las autoridades y porque “esto se ha mantenido siempre lleno, de domingo a domingo, las veinticuatro horas”.

Como antecedente al cierre del hospital Humberto Molina está un informe que elaboró la Secretaría de Gestión de Riesgos a partir de una inspección visual realizada en septiembre de 2017. Esto a propósito de la declaratoria del cantón en emergencia por actividades mineras que se realizan de forma ilegal en el subsuelo. En dicho informe, Gestión de Riesgos evidencia varias grietas en mamposterías y losas, y recomienda la evacuación del hospital hasta que se realicen estudios estructurales. Recomendación apresurada y sin sustento, según varios testimonios recogidos para este reportaje.

Poco después del sismo de Balao y evacuación del hospital, Gestión de Riesgos realizó un segundo informe en el que recomienda la demolición de la segunda planta del edificio administrativo, que se encuentra separado del área médica, dado que sus vigas y columnas «no cumplen con el dimensionamiento mínimo requerido». Mientras que, en el área hospitalaria, aconseja en reforzamiento del piso en las zonas con fisuras; además de trabajos para estabilizar los taludes con el fin de dar protección al hospital en su conjunto.

Se trató de un informe que dejó más preguntas que respuestas según el doctor Dalton Tocto, director del Área de Salud Zaruma, dado que en el desarrollo del documento se menciona un riesgo de hundimiento del terreno que luego no se aborda en las recomendaciones. “No nos dijeron en ese informe, no pueden volver. Pero tampoco dice textualmente: ‘Si cumple las recomendaciones, el Ministerio puede volver a ocupar’”, asegura el médico e insiste en que el hospital Humberto Molina no está cerrado, sino que trasladó sus servicios a otras dependencias. Añade que entre otras medidas, el MSP ha incrementado el personal médico en 40 personas y ha buscado la construcción de una infraestructura provisional en el parqueadero de la Maternidad del IESS para ampliar la atención. Aunque esta última medida ha recibido el rechazo de la ciudadanía y no se ha concretado.

El tema de la infraestructura del hospital Humberto Molina pasó a la planta central del Ministerio de Salud y en diciembre de 2017 un informe de la Dirección Nacional de Infraestructuras Sanitarias recogía que la estructura del hospital no había colapsado, que se encontraba en regulares condiciones de desempeño sísmico y que se podía ocupar previo al reforzamiento estructural estabilizando la cimentación y contrapeso. Mientras que ese mismo mes, otro informe de Gestión de Riesgos indicaba que “la edificación estructuralmente se encuentra estable, no presenta riesgos significativos de un posible colapso”. La Agencia de Regulación y Control Minera (ARCOM), también emitió informes por separado aunque no facilitó información a la Defensoría del Pueblo en el estudio que hizo del caso.

Pese a esos últimos reportes el hospital se mantuvo cerrado, lo que a criterio de la Defensoría puso en evidencia una inadecuada coordinación por parte del COE provincial y un mal manejo de la información por parte de las autoridades responsables, “que no han sido capaces de, utilizando la información que ellos mismos generan, brindar una solución integral, efectiva y oportuna al problema del hospital”, dicta parte de la resolución de la DPE que fue emitida el 13 de noviembre pasado.

En su parte conclusiva, la Defensoría se pregunta: “¿Cómo pueden justificar el cierre del hospital por un año, si al mes ya tenía información que pudieron utilizar para, tomando las precauciones técnicas necesarias reabrir el hospital? En vez de eso buscaron contratar la construcción de modulares en un área que el Municipio consideraba inapropiada, mientras los trabajadores de salud tenían que realizar su trabajo en condiciones inadecuadas y sobre todo la población continuó recibiendo un servicio de salud inapropiado que no permite garantizar el derecho a la salud”.

En julio de 2018, el COE provincial pasó la competencia del tema al Municipio de Zaruma encabezado por Jhansy López, mismo que procedió a la contratación de un estudio sobre “riesgos geodinámicos” con la Escuela Politécnica del Litoral, ESPOL. Casi un año después, dicho estudio ha concluido según el anuncio que hicieron las autoridades de El Oro, en una nueva reunión del COE provincial presidido por el actual gobernador Danilo Maridueña el 18 de junio último. Según recoge el diario local Correo, Maridueña instó al Ministerio de Salud a que acoja las recomendaciones técnicas de la Espol para poner en funcionamiento el centro de salud. Mientras que el alcalde López aseguró que “el hospital se encuentra en un área segura y libre de actividad minera, por lo que no existe impedimentos para que se dé la reapertura a la institución”.

Pese a esta última resolución, aún es incierto cuánto tiempo tardarán en ejecutarse las obras de mejoramiento y por ende, cuándo volverá a estar operativo el hospital. Un tema que no deja de inquietar a los miles de pobladores del antiplano orense, que se siguen preguntando si era necesaria la evacuación y sobre todo, por qué las autoridades han demorado tanto en dar una solución. Y el tiempo sigue corriendo hasta que sea definitiva.

*Este reportaje fue escrito por Daniela Aguilar.