- Habitantes de los páramos del Austro de Ecuador se oponen a la inminente explotación minera.
- Representante de empresa minera indican que la empresa no afecta a nadie y que los permisos para trabajar están en regla.
Lo que ocurrió el 8 y 9 de octubre en las cercanías de la comuna Río Blanco se veía venir. El pasado 12 de agosto, un grupo de pobladores decidió tomar medidas de hecho —como instalar una carpa en el ingreso del campamento de la compañía minera Junefield— con el propósito de impedir el inicio de la explotación de las reservas de cobre y oro que existen en esas montañas del páramo de la provincia del Azuay, en el sur del Ecuador. Durante dos meses consiguieron su objetivo ante las miradas inconformes de los empleados de la minera. Era una situación que podía estallar en cualquier momento.
En la fría noche del 8 de octubre y madrugada del 9 se dieron enfrentamientos violentos en estos páramos. Saber quién los provocó ahora es una tarea de la Fiscalía que investiga posibles delitos. Los testimonios ya se están dando. Los comuneros cuentan que durante casi 24 horas fueron hostigados por los guardias privados de la minera y los policías que están en la zona precisamente con la misión de evitar los choques. “Nos tiraban piedras a los techos, fue un hostigamiento permanente”, relata uno de ellos en un video que subieron a las redes sociales, mostrando imágenes de las casas que consideran afectadas. De parte de la minera, la acusación era similar: fueron atacados con piedras. El ministro del Interior, César Navas, subió a las redes fotos de dos policías heridos. De inmediato se activó un operativo y fueron detenidos dos habitantes de Río Blanco. Los comuneros aseguran que uno de ellos es menor de edad.
Todo esto ocurre en un momento decisivo para el proyecto minero Río Blanco, que ha sido motivo de polémica desde hace una década por su ubicación en los páramos y su posible afectación de las fuentes de agua que aprovisionan a los ríos del Austro ecuatoriano, región del sur del país compuesta por las provincias de Azuay, Cañar, Loja, El Oro, Zamora Chinchipe y Morona Santiago. Una polémica que se ha acentuado en el último año con la inminente explotación de las reservas de oro y plata, fijada por el gobierno para este 2017. Río Blanco es uno de los cinco proyectos estratégicos de minería a mediana y gran escala que impulsa el Ejecutivo.
Opiniones divididas
Algunas comunidades aledañas apoyan el proyecto. “Si va para Río Blanco tenga cuidado. Esa gente es violenta”. El hombre que trabajaba en la construcción de una casa en medio del páramo de la comuna Cochapamba —ubicada a 3200 metros sobre el nivel del mar— interrumpió su labor para dejar sembrada la advertencia cuando un equipo periodístico visitó la zona en septiembre. También para expresar su malestar: “Esa es la gente que no nos deja trabajar. Hacen problemas a la minera. Nos están perjudicando”. En agosto ya hubo un capítulo de violencia en los alrededores del campamento minero, asunto por el que la Fiscalía recibió una denuncia por parte de los representantes de la compañía. Entonces una mujer de la comunidad resultó herida en las cercanías del campamento.
El camino para llegar a la comuna Río Blanco —perteneciente a la parroquia Molleturo, cantón Cuenca— parece de la época en la que las mulas eran el único medio para movilizarse. Una vía de tierra, estrecha, al pie de la montaña por un lado y al filo de abismos por el otro. Salpicada constantemente de piedras, obstáculos naturales que, sumados a la niebla, hacen lento el paso en un trayecto que no tiene más de 12 kilómetros desde el desvío que se toma en la carretera principal que conecta la ciudad portuaria de Guayaquil con Cuenca.
Cochapamba está en medio de esa ruta y de la polémica con sus vecinos. En esa comuna apoyan a la empresa minera china que se instaló en la zona, a diferencia de los campesinos de Río Blanco, en donde ahora la rechazan con vehemencia. Hubo un momento en el que se dieron conversaciones y ofrecimientos entre la minera y los habitantes. Ofertas de trabajo, de obras comunitarias, de servicios públicos básicos, según explicó un grupo de habitantes de Río Blanco. Ofertas que no se concretaron, reclaman los que hoy exigen la salida de la compañía. Rubén Durazno lo recuerda: “Nos ofrecieron centros de salud, servicios. No llegaron ni los doctores”. La dirigente Magdalena Fajardo añade: “Hasta nos pintaron el cielo para convencernos. Pasó el tiempo y nada”.
Al menos una decena de campesinos expresaron sus preocupaciones durante una visita a la zona. Entre ellos, Rubén Cortés, quien explicó que su alimentación depende fundamentalmente de sus cultivos. “Sembramos, lo consumimos nosotros, no lo podemos vender por lo difícil del transporte. El agua llega desde la montaña, y ahorita ya la están secando. El 70 % ya está secado, ya abrieron las carreteras, nos cerraron los ojos de agua, los animales bebían el agua de las vertientes naturales, antes era aquí un solo colchón de agua, hace unos cuatro años, ahora todavía hay pero ya es poco. Hace ocho meses se agravó la situación. La bocamina ya está abierta, ya está hecho el túnel”, aseveró. El comunero reconoció que durante algún tiempo varios integrantes de la comunidad Río Blanco trabajaron en el proyecto minero: “Ahora ya no queremos nada, la comunidad ya se despertó, la resistencia seguirá porque nos mintieron, dijeron que no iba a haber contaminación y sí la hay, pero ya nos dimos cuenta, fuimos a otras minas para ver cómo queda y no hay mina que no sea dañina”.
Varios de los campesinos, entre ellos Tomás Guamán, sostuvieron que la minería ha dividido a la gente del sector. “He visto tantas injusticias, muchos conflictos entre familiares. En vez de socializar, vienen a hacer pelear a la gente”, dijo. Por su parte, Juan Criollo aseveró que seguirán con su postura: “La minería no es conveniente, ¿dónde van a vivir las futuras generaciones? Por eso pedimos apoyo, no todo está bien, así ofrezcan trabajo, dinero, oro, queremos nuestra libertad, nuestra naturaleza”. Los comuneros aseguraron que la pelea no es solo de ellos, sino de los ecuatorianos, sobre todo los que habitan en la Costa y reciben agua de esos páramos. “Luchamos por todos”, recalcó Mónica Durango.
La Viceprefecta del Azuay, Cecilia Alvarado, aseguró que lo que ocurre en Río Blanco no es un hecho aislado sino una estrategia internacional que las mineras aplican donde operan: “Las empresas son las que hostigan a los pueblos y resulta después que la comunidad es la criminal”. Lo dijo en el marco de la Audiencia Pública de Los Páramos, acto promovido por la ONG Acción Ecológica que reunió el pasado 12 de octubre en Cuenca a representantes de comunidades, organizaciones civiles y autoridades para tratar la problemática que se vive en los macizos de Azuay.
Las instancias del Estado ecuatoriano chocan respecto a Río Blanco: mientras el gobierno central otorgó las concesiones, los gobiernos seccionales como el municipio de Cuenca y la prefectura del Azuay han emitido sendas resoluciones en contra, debido, argumentaron, a que la explotación minera en los páramos implica la contaminación de las fuentes de agua que surten del líquido a las ciudades de esta provincia. La Prefectura declaró a los páramos como zonas libres de minería metálica en octubre de 2016; el municipio de Cuenca hizo lo mismo en enero de 2017 —en plena campaña política presidencial— prohibiendo cualquier tipo de actividad minera en su territorio. Para el gobierno de Rafael Correa —que duró hasta el 24 de mayo— y para el actual de Lenin Moreno, estas declaraciones no generan ninguna obligación legal. “Sabe (el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera) que no tiene facultades constitucionales y que minería ya está prohibida en fuentes hídricas”, aseguró poco después de la resolución municipal el entonces presidente Correa.
Antecedentes de una explotación a mediana escala
La explotación minera en Río Blanco no es un tema nuevo. Los estudios de factibilidad comenzaron en 1998 a cargo de la multinacional International Minerals Corporation (IMC) y quedaron listos en 2006, aunque fueron actualizados en 2009. Según difundió el gobierno en la inauguración de la etapa de explotación que presidió el vicepresidente Jorge Glas en agosto de 2016, el proyecto generaría ingresos para el Estado por USD 200 millones.
En diciembre de 2012 IMC anunció su salida de Ecuador y la venta de su proyecto en Río Blanco, debido a que no encontró condiciones favorables para desarrollar sus proyectos, según reportó El Comercio en esa fecha.
La queja de la multinacional se ampliaba a la excesiva entrega de utilidades que pretendía el Estado y el malestar de los moradores de la zona debido al abandono del gobierno y la ausencia de servicios básicos. El comprador fue Junefield, domiciliada en Ecuador como Ecuagoldmining. Los nuevos inversionistas se encontraron con el mismo escenario que tuvieron sus antecesores: oposición de moradores que denunciaban que con los avances de los trabajos mineros, los riachuelos de los que se abastecían comenzaron a secarse, y por ende sus pastizales.
Ese mismo año, dos técnicos del Instituto Público Francés de Estudios del Suelo y Agua (BRGM), contratados por el Municipio de Cuenca, realizaron una inspección de seis días a los terrenos de páramos concesionados a la minera. El informe concluye que “no se identifica claramente la presencia de aguas subterráneas” en las zonas concesionadas, pero pone en evidencia la necesidad de estudios en profundidad para determinar una posible afectación al medio ambiente por el desarrollo de la actividad minera. El gobierno usó esos resultados para sustentar su posición respecto a que no existen fuentes de agua naturales en el área que puedan verse afectadas, mientras que comuneros, organizaciones ecologistas y sectoriales se valieron del informe para exigir que se realicen estudios a fondo.
En junio de 2016, el ingeniero minero estadounidense James Kuipers realizó una pericia a la zona de los páramos, a pedido de Alerta Minera Canadá y el Environmental Defender Law Center, así como para organizaciones sociales y comunitarias de la provincia de Azuay. En sus conclusiones estableció riesgos de drenaje ácido de la mina y lixiviación de metales pesados, riesgos debidos a la liberación de arsénico, degradación de la calidad y cantidad de agua, así como la destrucción de hábitats y de un ecosistema cuya integridad es primordial para la recarga de agua/regulación hídrica y la captura de carbono.
Kupiers es claro en su recomendación final: “El proyecto Rio Blanco propuesto es un proyecto minero subterráneo relativamente pequeño con una economía altamente sensible y una vida de la mina corta. La información económica y ambiental provista no está al día. Los impactos, particularmente en relación al drenaje ácido (ARD – acid rock drainage), descargas de arsénico de las operaciones mineras y de las características de la mina después de la recuperación, han sido subestimados y no han sido identificados o tratados adecuadamente. Recomendamos que este proyecto sea sometido a análisis económicos y ambientales adicionales, y si fuera procedente, se debe establecer una garantía financiera adecuada para la clausura de darse condiciones menos que ideales”.
Explotación minera en páramos
Los páramos son un estructura geológica que se ha ido acondicionando durante millones de años para convertirse en un almacén de agua que tiene la cualidad de ir liberando líquido en época de estiaje. Así explica Klever Calle, miembro del colectivo Yasunidos Guapondeligm (como se denomina el capítulo que tiene la organización ecologista en el austro ecuatoriano), la importancia de conservar estos macizos. Calle habla también de la capacidad de los páramos de capturar carbono y es enfático en decir que su destrucción va a contribuir al calentamiento global. Sin contar con la biodiversidad que se concentra en esa zona, donde existen especies endémicas como el sapito de Molleturo, según refiere Calle. Además añade que el área de concesión del proyecto Río Blanco está dentro del Bosque Protector Molleturo Mollepungo, que a su vez está ubicado en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas y es uno de los últimos remanentes boscosos en la cordillera occidental de los Andes. Finalmente el integrante de Yasunidos asegura que “Río Blanco es una especie de cabeza de puente de la industria minera en nuestros páramos” y que durante estos últimos meses se han venido adjudicando nuevas concesiones mineras en la zona.
En cuanto al gobierno, su mayor preocupación se concentró en que no existan aguas subterráneas afectadas. El 11 de agosto de 2016, el vicepresidente de la República Jorge Glas —en prisión preventiva en Quito acusado de un presunto delito de asociación ilícita por el caso Odebrecht en Ecuador— inauguró la fase de construcción de la mina de Río Blanco: “Hoy es un día histórico porque comenzamos el primer proyecto de mediana minería”. Y dio su palabra de que no habrá afectaciones a las fuentes de agua de la zona: “Se han realizado 400 perforaciones con técnicos de alto nivel, con laboratorios internacionales especializados en control de recurso hídrico. No hay acuíferos, esa es la verdad”, dijo en su discurso. Se esperaba que la construcción de la mina estuviera lista en un año más.
Pasó el año y se calculaba que por esta fecha, octubre 2017, la mina ya estuviera en plena producción. Los problemas que se han dado en la comunidad lo han impedido y actualmente, todo se encuentra paralizado, según lo confirmó a Mongabay Latam el jefe del campamento de Junefield, Iván Castro, quien insistió en que la violencia proviene de lado de los moradores. “Nosotros queremos trabajar y generar recursos también para el Estado. Esta es una empresa que tiene capitales extranjeros, pero también pertenece en un porcentaje importante al Estado”. Un 49 % según sostiene. Además, Castro refuta los temores de los habitantes de Río Blanco sobre la escasez de agua que provocaría la explotación minera. “La realidad es que la minera no está afectando a nadie, ellos tienen su agua, nosotros tenemos agua. Si tenemos hasta truchas, estamos conservando el medio ambiente, no estamos dañando a nadie. La gente se argumenta con algo que no va a pasar”, añade y agrega que la compañía tiene todos los permisos en regla.
El gobierno de Lenin Moreno no ha cambiado los planes de explotación minera que heredó de Rafael Correa. De hecho, el ministro de Minería, Javier Córdova, es el mismo que estuvo en el gobierno anterior. Mongabay Latam pidió una entrevista con Córdova, pero no hubo respuesta. El ministro estuvo en Cuenca para entregar 84 contratos de trabajo a comuneros de la zona. Y dijo que apenas esté construida la mina comenzará la producción. ¿Cuándo? En el primer trimestre de 2018, puso como fecha.
Se contactó al Ministerio de Ambiente para consultar sobre la aprobación del Plan de Manejo Ambiental del proyecto Río Blanco y el otorgamiento de la Licencia Ambiental para la fase de beneficio de minerales metálicos, resueltos por la Subsecretaría de Calidad Ambiental de dicha cartera de Estado en agosto pasado. Entre otras cosas, se consultó sobre las conclusiones del Plan y las medidas establecidas para amortiguar el impacto de la explotación minera en esa zona de páramo. Pero hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta.
Este reportaje fue realizado por Marlon Puertas para Mongabay Latam
