El 2 de marzo de 2015, la página web de la empresa australiana Cardno, consultora en trabajos de ingeniería, publicó una alerta: Cardno ha designado asesores externos independientes para llevar a cabo una investigación y revisar ciertos pagos relacionados con el gobierno de Caminosca y contratos con entidades estatales en Ecuador. Cardno ha notificado y cooperará con los reguladores y autoridades competentes.
La noticia fue publicada por los periódicos El Comercio de Quito y El Universo de Guayaquil. En el reporte del diario capitalino, se buscó la reacción de la Fiscalía y la Contraloría, pero informaron que hasta esas oficinas no había llegado ninguna denuncia al respecto. Autoridades del gobierno que representaban a las empresas públicas que contrataron con Caminosca, dijeron que no tenían idea de lo que hacía referencia la multinacional con sede en Australia.
El caso no tuvo seguimiento. Hasta el 8 de octubre de ese año. Ese día, un grupo de ciudadanos, la mayoría de avanzada edad, acudió hasta la Fiscalía General del Estado, presidida por un ex ministro y ex embajador en España durante el gobierno de Rafael Correa, Galo Chiriboga. Era la denominada Comisión Anticorrupción, un ente no oficial, nacida con el apoyo de organizaciones sociales visibles en las calles por su oposición y críticas a la escasa fiscalización al gobierno. La Comisión fue a denunciar un sobreprecio en la construcción de la hidroeléctrica Manduriacu, obra en la que trabajó Caminosca. Pero también algo más, relacionado con el anuncio oficial que hizo meses atrás la empresa australiana.
“Resulta imperativo señor Fiscal, que en este punto usted conozca que la empresa Caminosca, si bien considerada una de las mayores empresas consultoras del país, a raíz de su adquisición por parte de la empresa Cardno en el año 2012, entró en un proceso interno de auditoría en la que se investigan presuntos actos de corrupción, en particular con su sucursal en el Ecuador”, decía parte de la demanda. Era octubre de 2015.
La denuncia de la Comisión Anticorrupción, respecto al sobreprecio en la hidroeléctrica, fue archivada por la Fiscalía. En cuanto a lo revelado por Cardno y recogido por los integrantes de esta Comisión, no mereció ninguna investigación oficial. Los medios de comunicación privados pasaron rápidamente la página y los medios públicos que controla el gobierno nunca tocaron el tema. La que siguió adelante con sus propias investigaciones fue la empresa Cardno. Pronto llegaría a la conclusión que había aterrizado en Ecuador para comprarse un problema.
Caminosca era –es, para ser exactos, porque sigue operando- una empresa fiscalizadora importante del Ecuador. Ha hecho trabajos de consultoría y vigilancia de obras públicas de envergadura de Ecuador: desde el área petrolera, hasta en hidroeléctricas como la Toachi-Pilatón y Sopladora. Solo para citar algunos ejemplos. Obras que dependían de la vigilancia de Jorge David Glas Espinel, reelecto como Vicepresidente de la República en binomio con Lenin Moreno.
El gobierno de Rafael Correa decidió, ante las denuncias presentadas en distintos sectores, pedir a 140 países que certifiquen si tres ciudadanos tienen cuentas bancarias o propiedades en sus respectivas jurisdicciones. Un pedido sin precedentes, hecho por el propio gobierno. Pocas respuestas llegaron y el gobierno de Correa lo promocionaba: “Tailandia ha certificado que ni Jorge Glas, Ricardo Rivera, ni Esteban Albornoz, tienen cuentas o propiedades en ese país”, publicaron los medios oficiales. Ricardo Rivera es tío de Glas y Esteban Albornoz fue ministro de Electricidad y actualmente es asambleísta por Alianza País. Nunca se explicó por qué razón se incluyó a estos dos ciudadanos en el pedido de certificación que originalmente estaba pensado para acreditar la honorabilidad de Glas.
DOS AÑOS DESPUÉS: LA LISTA DE CAMINOSCA
El 4 de enero de 2017, el diario australiano The Courier Mail publicó un extenso reportaje sobre el problema en que se había metido Cardno al comprar Caminosca.
Hasta entonces, Ecuador no había prestado mayor atención a su propia lista -ajena a la lista Odebrecht- derivada de una empresa ecuatoriana, contratista del Estado, Caminosca, la compañía que fue comprada por la australiana Cardno, que decidió hacer sus propias investigaciones sobre los manejos financieros que tuvo su subsidiaria en Ecuador. Cuando estas concluyeron, la multinacional que tiene presencia en 100 países, se sintió perjudicada por haber comprado una compañía que había incurrido en prácticas corruptas. Y demandó en la Florida, Estados Unidos, para intentar recuperar su dinero, alrededor de USD 15 millones.
El arbitraje al que se sometieron Cardno y Caminosca era confidencial. Pero el diario Expreso
accedió a este y publicó información parcial el pasado 13 de febrero, incluyendo una lista de quienes la auditoría de la empresa australiana había determinado como las autoridades públicas que fueron sobornadas por Caminosca para facilitar la entrega de contratos de obras públicas. Expreso no publicó los nombres, pero dio pistas como iniciales de nombres y apelativos como “Vidrio”, que en inglés se escribe “Glass”. El Vicepresidente de inmediato se dio por aludido y rechazó cualquier vinculación.
En el informe que presentó Cardno aparecen los nombres de Jorge Glas Espinel, el candidato a vicepresidente y binomio de Moreno, el ex ministro y actual asambleísta electo Esteban Albornoz, así como otros funcionarios vinculados a la construcción de las hidroeléctricas. No es un informe improvisado ni fue sencillo llegar a estos nombres, explican los investigadores del caso contratados especialmente para la ocasión: El descifrado de las siglas en estas entradas requirió extensas investigaciones de los representantes de Cardno: Baker & McKenzie, Ernst & Young y Kroll, comparando notas con fechas e información de reuniones, transferencias de dinero, información públicamente disponible sobre proyectos y los funcionarios gubernamentales claves relacionados con esos proyectos, se lee en una parte.
En este informe se habla de sobornos dirigidos a Jorge Glas por USD 100.000. El sistema funcionaría, según esta investigación, incluyendo de entrada el costo de las coimas en los costos generales del proyecto, de manera que sea muy complicada su detección. “Eran muy sofisticados en el soborno”, dicen los investigadores. Los giros de dinero se hacían a una empresa chilena y a otra española, que a su vez tenían sus accionistas en Bahamas y Brasil. Una arquitectura financiera compleja que hace perder cualquier rastro de sus dueños auténticos. Pero hablando de Caminosca, los investigadores lograron dar con los archivos del antiguo propietario, quien había guardado los pagos irregulares en códigos que fueron descifrados.
El arbitraje en Miami por el caso Cardno-Caminosca tuvo un primer fallo parcial a favor de Cardno. Pero allí no han terminado sus problemas. Según una publicación del diario australiano The Courrier Mail, del pasado 23 de marzo, Cardno tenía problemas para cobrarle al gobierno ecuatoriano facturas pendientes por USD 11 millones, por trabajos ejecutados entre enero y junio de 2016. «Parece que hay cierta correlación entre la negativa de Cardno a continuar (el supuesto) régimen de sobornos y su incapacidad para cobrar el pago completo en sus facturas «, dice la publicación citando a documentos del caso.
En Ecuador, Jorge Glas decidió tomar la iniciativa y se presentó ante el fiscal Galo Chiriboga para pedir que este caso sea investigado y declaró ante un notario de Portoviejo, no tener nada que ver en el asunto de Caminosca, todo esto en campaña. Políticos de oposición tomaron el tema -César Montúfar, Lenin Hurtado- y presentaron en la Fiscalía sendas denuncias -unos en campaña, otros después- en las que involucraban a Glas. La última de ellas, de la asambleísta lojana Jeannine Cruz, de CREO. Jorge Rodríguez, de la Comisión Anticorrupción, siempre ha insistido que la responsabilidad principal de este caso la tiene el vicepresidente Jorge Glas.
La Fiscalía de Ecuador decidió, finalmente, abrir una indagación por el caso Caminosca. Fue en las últimas semanas de gestión del ex fiscal Galo Chiriboga. De resultados concretos -como saber si hay procesados o no-, no se informó nada, hasta ahora. Tampoco de allanamientos a oficinas o alguna detención. Nada que se parezca a los operativos recientes por el caso Odebrecht.