La noticia la dio el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La constructora brasileña Odebrecht y la petroquímica de igual procedencia, Braskem, se declararon culpables del mayor caso de soborno de la historia y acordaron pagar la penalidad de $3.500 millones a Brasil, Suiza y EEUU. Se trata de una amplia red de corrupción que se tejió entre dichas empresas y funcionarios públicos de varios países latinoamericanos y africanos, y que tal como pasó con el escándalo Fifa Gate, empaña al Ecuador por investigaciones realizadas por terceros países.
Las revelaciones de la Justicia estadounidense son contundentes: Odebrecht usó un «departamento de sobornos» para repartir más de $785 millones entre intermediarios y funcionarios gubernamentales de 12 países, entre los que se encuentran Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, República Dominicana, Panamá, Perú y Venezuela. Y en un intento por ocultar estas transacciones fraudulentas, «los acusados usaron el sistema financiero global -incluido el sistema bancario en los Estados Unidos- para disfrazar la fuente y desembolso de los sobornos a través de una serie de compañías ficticias», sostuvo el Fiscal Federal Robert L. Capers. «El mensaje enviado por esta Fiscalía es que los EEUU, trabajando con sus socios en el exterior, no dudarán en responsabilizar a aquellas corporaciones e individuos que busquen enriquecerse mediante la corrupción de las funciones legítimas del gobierno, sin importar cuan sofisticado sea el esquema», sentenció Capers.
Según la información publicada, Odebrecht hizo pagos corruptos por $33.5 millones a funcionarios del gobierno de Ecuador, entre los años 2007 y 2016, por los que obtuvo beneficios por $116 millones (ver cuadro interactivo). Además, el reporte cita como ejemplo que entre 2007 y 2008 «Odebrecht experimentó una serie de problemas relacionados con un contrato de construcción y acordó con el intermediario de un funcionario del gobierno ecuatoriano con control en contratos públicos, hacer pagos corruptos al funcionario de gobierno para resolver esos problemas». Esos sobornos se cancelaron en efectivo según el informe.
Los años coinciden con la expulsión de Odebrecht del país en 2008, por orden del presidente Rafael Correa. Esto, por fallas estructurales que provocaron el cese de operaciones de la Hidroeléctrica San Francisco cuando solo tenía seis meses en funcionamiento. La Contraloría estableció glosas por más de $70 millones, que fueron retiradas luego de negociaciones entre el gobierno ecuatoriano y la constructora brasileña, que llegaron a un acuerdo a mediados de 2010 para que pueda retornar al país.
Entre los proyectos que ha realizado Odebrecht en Ecuador están la Central Hidroeléctrica Mandariacu, la preparación del terreno y la construcción del acueducto La Esperanza para dotar de agua a la aún inexistente Refinería del Pacífico, el sistema de riego Carrizal-Chone, la ruta Viva que conecta a Quito con el Aeropuerto de Tababela, el transvase de los ríos Chone y Portoviejo, entre otros.
En la información divulgada consta que la constructora brasileña creó la compañía Smith and Nash Engineering Company con sede en las Islas Vírgenes Británicas, para ejecutar sus operaciones ilegales. «S & N fue utilizada por Odebrecht para llevar adelante un plan de sobornos, ocultar y encubrir pagos indebidos a funcionarios públicos extranjeros y partidos políticos en varios países», dicta el documento.
Pocas horas después del anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Fiscalía General del Estado aseguró a través de Twitter que ya había solicitado a Brasil información relacionada con el caso Odebrecht y que pedirá documentación a EEUU a través de la embajada de Ecuador en Washington.