Primero a la izquierda Robert Guevara, expresidente de la Tercera Sala. En medio Hector Cabezas, exintegrante del Tribunal y al extremo derecho el otro exmiembro.
Por: Daniela Aguilar
Robert Guevara de 58 años, lleva la misma coleta que lo acompañó en sus años universitarios. Una forma de rebeldía. Era presidente de la Tercera Sala de lo Penal de Guayas, que además integraban los jueces Camilo Intriago y Héctor Cabezas, cuando llegó a su despacho la apelación a la acción de protección de 1.200 extrabajadores de Cervecería Nacional que demandaban el pago de sus utilidades. Su dictamen, que fue favorable a los trabajadores y lo expidió en marzo de 2011, le ha valido en sus propias palabras, una persecución implacable a la que se ha prestado todo el aparato estatal. Han sido cinco años de sobresaltos que no terminan.
Guevara, que es Doctor en Jurisprudencia y Máster en Derecho Constitucional, ha asumido su propia defensa en los varios procesos que ha enfrentado. En conversación con LaHistoria.ec, en su despacho en el centro de Guayaquil, defiende su sentencia y asegura que no ha traicionado sus convicciones. Eso sí, lamenta que el reclamo de los trabajadores haya quedado en el limbo.
¿Se arrepiente de la sentencia que dictó como presidente de la Tercera Sala, a favor de los trabajadores y en contra de Cervecería?
No me arrepiento. Tal vez con mayores estudios del 2011 al 2016, la dictaría con más erudición, pero el sentido de justicia era el que estaba en el proceso. Yo no inventé que la Cervecería debía esa plata, lo descubrió el gobierno. Yo no descubrí el agua tibia, lo que hice fue ordenar que se haga justicia.
¿Esa sentencia marco un antes y un después en su carrera?
Para mi fue como una muerte civil, toda mi carrera profesional se truncó justamente cuando estaba concursando para la Corte Nacional con tres acciones administrativas iniciadas por el Consejo de la Judicatura y un juicio penal. Era conferencista internacional, presidente del Instituto Latinoamericano de Derecho, profesor universitario de Derecho, tenía un perfil académico que me indicaba que podía.
Luego vino el Presidente de la República por la televisión y dijo: “Al fin se hizo justicia». Con sinceridad pensé que no iba a tener la oposición para llegar a la Corte Nacional, no es el favor sino que al menos no tendría oposición. Pero la persecución fue horrible, fue un desastre y una bomba nuclear en mi familia.
¿Cuándo salió de la Corte?
Las acciones (administrativas) terminaron finalmente por el año 2013 pero yo salí destituido de la Corte aproximadamente en el mes de junio de 2011. La finalidad era castigarme por tener el atrevimiento de resolver una decisión que amparaba a más de 1.200 familias de los trabajadores.
Eso por el plano administrativo, pero por el plano penal vino otro proceso
Por el plano penal apareció a mediados de 2011, pero lo planteó la Cervecería Nacional por prevaricato en la Fiscalía en Quito. La formulación de cargos, que es donde se inicia el proceso penal contra el suscrito y los demás jueces, fue el 15 de junio.
Esto con el impulso del Fiscal de ese entonces Washington Pesántez.
Todo el aparato del Estado, y yo decía: Dónde está el Presidente de la República que alabó el fallo, si yo no hice nada que haya violado la ley. Pero no solamente fue eso. Hasta ahora se me levanta la prohibición de ejercer cargos públicos por parte del Ministerio del Trabajo. Ya pasaron los dos años que la LOSEP le permite a uno reintegrase a la función pública, aunque no en el mismo cargo, pero ahora que he ganado el concurso como profesor universitario titular, no me puedo posesionar por la persecución que hay por parte del aparato del Estado, que no me concede un derecho que me corresponde.
¿Por qué cree que lo persigue el Estado?
Yo interpreto que la Cervecería tiene contactos políticos muy fuertes, no tengo prueba de eso pero es la única explicación a las denuncias, acciones administrativas del Consejo de la Judicatura, acción penal ante la Fiscalía, no levantamiento de la prohibición por ejercer cargo público por el Ministerio del trabajo.
¿Qué elementos tenía la Fiscalía para darle paso a la demanda por prevaricato?
No tenía los elementos porque el prevaricato es violación a la ley y el juicio Constitucional es un juicio donde la norma es la Constitución y los jueces tienen mayores atribuciones. Pero lo más grave que ellos decían era que yo mandé a pagar USD 91 millones a los trabajadores, cuando yo no descubrí eso, lo descubrió Carlos Marx Carrasco al frente del SRI (Servicio de Rentas Internas). SRI, Ministerio del Trabajo, Superintendencia de Compañías y otro organismo más que interviene, hacen una fiscalización a la Cervecería y descubren que entre 1990 y 2005 la Cervecería actuó con unas empresas lideradas por ejecutivos de ellos mismos y con ese pretexto no pagaron las utilidades que sí debían a sus trabajadores.
Fue una estrategia diseñada en el sentido que no les interesaba quien caiga. Si éramos inocentes, no importaba. Lo que importaba era el objetivo de tumbar el prestigio de esa sentencia para que la Corte pueda resolver lo que quiera.
¿Cuáles fueron los términos de la sentencia?
Que se tomara como base los USD 91 millones aproximadamente… En la segunda ampliación ordeno que eso se liquide de conformidad con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que de los USD 91 millones y si hay que pagar intereses, lo determine la autoridad competente.
¿Que sería el juez que ejecuta?
Sería en este caso el juez inferior pero a través de un juicio diferente, un juicio verbal sumario. Hay un punto que debe quedar claro, el fallo (de octubre de 2010 y que acoge la acción de protección presentada por los extrabajadores) lo dictó el Dr. Pedro Iriarte, juez 12 de lo Civil, y a nosotros llega por apelación. No nos podíamos inhibir como dicen ellos, teníamos que darle paso a un recurso, a un derecho de cada una de las partes que habían apelado y entre esas partes estaba Cervecería. Pero llega de repente una decisión de la Corte Constitucional pidiéndonos el proceso, porque como otros jueces habían dictado medidas cautelares, la Corte quería supuestamente ordenar y unificar eso para resolver. Entonces se lo llevó.
Cuando vino el escándalo de los cheques que sacó Galo Lara, se politizó más el tema, entonces el gobierno se cerró porque Galo Lara era de la oposición. Como que dijeron: ‘No le vamos a dar nada a los trabajadores por andar con la oposición”. Allí la Corte Constitucional, como para curarse en salud, nos regresó el proceso por el pleno. Toda la Corte dijo que la Tercera Sala tenía competencia. Si el máximo organismo de interpretación constitucional nos dice que tenemos la competencia nosotros, no nos podíamos oponer, así que seguimos. Esto es para que se dé cuenta de cómo los escándalos deciden a veces las posiciones.
Esa investigación por cohecho no progresó a diferencia de su juicio por prevaricato
Fueron archivadas las denuncias contra el Doctor (Patricio) Pazmiño que era el presidente y contra otros más, unas por (Washington) Pesántez otras por (Galo) Chiriboga. Eso es lo que yo llamo en mis clases, el derecho penal de los amigos, donde a la gente del gobierno se la protege. En cambio, a mi se me aplicó un derecho penal de los enemigos, es decir, que aquel que es contrario a los criterios del poder hay que exterminarlo y hundirlo.
¿No se suponía que su sentencia era inapelable?
Lo que resuelve una Sala Constitucional, una Sala de Corte Provincial, es la última instancia dentro del procedimiento ordinario. Pero la Corte Constitucional había dictado una sentencia interpretativa en que sí cabía la acción extraordinaria de protección contra una decisión constitucional de última instancia, y eso fue lo que hizo Cervecería.
Y el proceso volvió nuevamente a la Corte Constitucional a pesar del escándalo de los cheques, ¿eso detuvo la ejecución de la sentencia?
Sí, pero en este caso fue detenida por otras acciones, medidas cautelares que creaban trabas al juez inferior. La vida del juez inferior fue también terrible, lo destituyeron pero no lo enjuiciaron, y como ya Cervecería era una papa caliente, lo que hacía cada juez que conocía el caso era dictar providencias de acomodo a quien lo pedía. Nunca más se pudo hacer nada. Eso sigue en manos de la Corte Constitucional.
Eso desde 2011…
Lo que es más criticable es que hayan pasado 5 años y no resuelvan. Que pueden resolver, hay distintas formas. Lo ideal sería que independientemente de mi fallo, la Corte Constitucional vea primero: Hay la omisión de pago de las utilidades de los trabajadores, sí; está probado eso, sí; con documentos públicos, sí, del SRI, Ministerio del Trabajo y Superintendencia de Compañías; los trabajadores accionantes fueron trabajadores de ellos, sí, ahí están los listados. Las utilidades de los trabajadores están garantizadas en la Constitución de 1945, entonces es un tema constitucional, no es un tema del Código del Trabajo que es lo que ellos alegan. Ellos dicen que la Corte debe rechazar eso y mandar a que los jueces de Trabajo individualmente resuelvan. ¿Cuándo van a terminar los casos de esos viejitos? Claro, la Corte puede resolver eso y puede decir: váyanse a lo Contencioso Administrativo, o puede decir: regrese a la Tercera Sala para que corrija tal cosa. ¿Y que va a pasar? Después de lo que nos pasó a nosotros, si llega a la Tercera Sala, la Tercera Sala va a revocar la sentencia o va a declarar alguna nulidad. Y los derechos se quedarán en el aire.
Es decir que la Corte Constitucional puede delegar la resolución del caso a otra instancia
Mire cuando uno se quiere lavar las manos se las puede lavar con Deja o con jabón perfumado.
¿Alguna vez como magistrado de la Tercera Sala y ponente de este juicio, recibió alguna oferta económica?
Sí la recibí pero no tengo pruebas. Pero como magistrado yo puedo recibir ofertas de una y otra parte, lo que tengo que hacer es con donaire y delicadeza, rechazarlas. Para mi hubiese sido fácil coger, que se yo, unos millones de dólares, y ya estaría tranquilo en la Corte Nacional o en la Corte Constitucional, con plata, tal vez no me hubiera enfermado y gozaría del favor de algún sector del gobierno, pero yo resolví por lo que estaba en el proceso, por una situación de justicia, por gente a la que no se le ha pagado desde 1990 al 2005. Muchos de esos trabajadores han muerto, otros están gravemente enfermos y no trabajan, entonces la oferta no podía llegar de los trabajadores, ni la hubiera aceptado tampoco.
En este país ser honrado, ser honesto, resolver en justicia trae graves consecuencias. Por eso no me extraña que muchos jueces prefieran condenar o estar del lado del poder para mantenerse en los cargos.
Lo importante sería que hayan jueces probos que actúen con independencia…
Lo importante sería que hayan jueces que no persigan a personas inocentes pero es bien difícil en un país donde la justicia está politizada, donde hacerle un favor a un grande a arriba significa estabilidad para ese juez que lo dicta, para ese fiscal que lo dicta, porque son puestos allí justamente para que cumplan esas órdenes superiores cuando deberían estar al servicio de la verdad
Volviendo a su proceso por prevaricato, usted fue condenado a un año de prisión y sus colegas a seis meses
Hubo una sentencia condenatoria luego de que en la audiencia de juzgamiento se demostró totalmente mi inocencia. Sin embargo, con vergüenza en la cara, el Doctor Jorge Blum sentenció contra mi. Él no dictó la prescripción del caso cuando era procedente y más grave todavía, dijo que se iba a discutir la prescripción en la audiencia, nunca se la discutió pero cuando dictó la sentencia dijo que se la había discutido. Generó lo que se llama falsedad ideológica y eso es grave porque ningún juez puede inventar algo que no se hizo.
Ahí hubo también discrimen. Siempre hubo mayor saña contra el presidente de la Sala, siempre era contra el ponente porque yo fui el que redactó totalmente la sentencia y es una sentencia que ha sido estudiada en diferentes universidades latinoamericanas.
¿Cómo se resolvió el juicio?
En apelación se resolvió la prescripción porque ya habían pasado los 5 años. Es una forma de justicia parcial y no estoy tan de agrado porque la prescripción no dice que uno sea culpable pero tampoco dice que uno sea inocente. Para mi la tranquilidad es que el proceso no va a continuar y ya no nos van a meter presos, porque con tremenda maquinaria estatal nos podían meter presos. Intentaban acabar con el prestigio de los magistrados que emitieron esa sentencia y no han podido. Nos han sometido a angustias, a desvelos, a la familia que ha llorado con dolor la falta de ingresos pero al final logramos ver un poquito de luz.
Usted ha mencionado que su salud se deterioró durante todo este proceso, ¿cuál es su diagnóstico?
Tengo una enfermedad crónica renal, aguda, terminal. Ahora dependo de una máquina (de hemodiálisis), tres veces a la semana por cuatro horas. Es algo duro porque a lo mucho puedo prescindir de una sesión. Si me voy por ejemplo a Bogotá o a Buenos Aires, puedo estar máximo 3 o 4 días porque tengo que regresar para mi tratamiento. No es como antes que podía dar un curso de dos, tres meses en el exterior, entonces pierdo de ganar porque pagan muy bien.
¿El desgaste físico no ha mermado su ánimo de seguir en esta carrera?
No porque las clases que doy en la Universidad me llenan espiritualmente, el contacto con la juventud. Eso me ha servido muchísimo, el problema actual es que el contrato ya me lo quitaron, gané el concurso como profesor titular pero mientras no me lo registren, tampoco puedo seguir. Si no fuera un hombre prestigioso y tuviese mi clientela, mi familia ya se hubiese muerte de hambre. Tengo cuatro hijos, solo uno es adulto. Todavía tengo que ganarle a la vida unos cuantos años más.
