Los juicios suelen demandar inmensas dosis de paciencia para las partes en conflicto. Pero el reclamo que llevan adelante cerca de 1200 ex trabajadores para exigir la cancelación de utilidades a la Cervecería Nacional cumplió ocho años, arrojó una sentencia de pago por USD 90 millones, sacudió el país con un escándalo por un millón de dólares que cobró el abogado -que aún no se había graduado- de la parte demandada que resultó ser el hermano del secretario de la Corte que debía resolver -la Corte Constitucional- y hasta la orden de prisión con sentencia condenatoria contra los jueces que dieron la razón a los reclamantes, castigados por haber cometido prevaricato. Y la Corte Constitucional sigue siendo el escenario en el que las partes ponen sus esperanzas de justicia.
Tiempo es lo que más se ha tomado la Corte Constitucional para resolver el último recurso presentado por Cervecería Nacional de acción extraordinaria de protección en abril de 2015, para evitar el desembolso de la millonaria cifra que reclaman los ex trabajadores. Y la causa ha estado en conocimiento de distintos magistrados de la CC. Ha pasado más de un año y no hay resolución. En el caso de otro recurso similar, acción extraordinaria de protección, presentado por uno de los jueces sentenciados por prevaricato, Robert Guevara, su reclamo para evitar ser llamado a juicio fue despachado por esta misma CC en cinco meses, negándoselo. Eso lo tiene ahora a pocos días de estar en prisión.
Uno de los últimos incidentes que ha provocado nuevos retrasos en la resolución que debe tomar la CC, fue la excusa presentada por una de las juezas que tuvo en su conocimiento la acción de protección que impulsa Cervecería. Se trata de Emma Roxana Silva Chicaiza. Ella es una antigua funcionaria pública, en distintos organismos que han operado durante el gobierno de Rafael Correa. En la lista aparece la otrora Secretaría Nacional Anticorrupción (Senacor), en el 2007, como directora técnica de Asesoría Jurídica en la administración de José Luis Cortázar. Luego, como asesora de la Dirección General del Instituto de la Niñez y la Familia (INFA), del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Luego escaló a planos estelares. Fue consejera del Consejo Nacional Electoral.
Lo que no consta en su hoja de vida pública es que también es accionista de Cervecería Nacional, con USD 50.
Ser accionista de una empresa es causal de excusa para que un juez resuelva un proceso de esa misma empresa, según la ley. Todos los abogados lo saben.
La aceptación de la excusa presentada por la jueza constitucional Roxana Silva se notificó el pasado 5 de mayo.
Pero Silva se tomó su tiempo, casi seis meses, para alejarse de la causa. Recién el pasado 5 de mayo se notificó la decisión del pleno de la CC para aceptar la excusa de su colega sobre este caso. Un tiempo perdido que hoy lamentan un grupo de ex trabajadores, representados por el abogado Vicente Reátegui. «Si algo le reprochamos los trabajadores, es porque no se excusó apenas entró, sino que lo hizo como al medio año. ¿Por qué?. Desde el primer día sabia de su conflicto de intereses», dijo a nuestro portal.
Jacqueline Vallejo Pozo, representante de otro grupo de ex trabajadores, tuvo una reacción diferente ante la salida de Silva para resolver esta acción. «Los trabajadores accionantes nos encontramos sumamente apenados por la decisión de la señora jueza doctora Roxana Silva Chicaiza de excusarse de intervenir en este improcedente expediente ya que confiábamos que con sus amplios conocimientos constitucionales, su absoluta independencia blindada por su sólida honestidad, propia de todo juez responsable, se haría un pronto rechazo de la pretendida acción».
¿Cuánto tiempo más tomará conocer una resolución final del caso Cervecería? Los ex trabajadores, divididos y todo, revelan que la paciencia se les agotó. Y anuncian acciones radicales como huelgas de hambre y marchas para que la Corte Constitucional diga su última palabra.
