Los buenos tiempos: Andrade, Albericio, Rosakis y Ravichandran, los nombrados gestores para dar vida a Yachay.
Cuando el primer rector de la Universidad Yachay, Fernando Albericio, salió abruptamente de su cargo, se fue dejando una tormenta sobre el proyecto emblemático de educación superior de la Revolución Ciudadana.
Albericio escogíó hablar para LaHistoria.ec y contar todas sus verdades. Habló del excesivo pago de viáticos, de contratación de profesores y miembros de la Comisión Gestora sin cumplir los requisitos exigidos por el decreto presidencial No. 247, del trabajo vía Skype de tres de las principales autoridades de la Universidad, que al igual que él recibían sueldos de $16.300 y tenían su base de trabajo en Pasadena, California, y no en Urcuquí. Y del excesivo pago para la firma de un contrato con una empresa especializada en ser Caza Talentos, encargada de reclutar para Yachay profesores de primer nivel alrededor del mundo.
Albericio, científico y PHD español no se guardó nada. A raíz de su salida y sus declaraciones, el Contralor Carlos Pólit decidió realizar un examen especial a las cuentas de la Universidad. De eso ha pasado casi un año y se hicieron públicos los resultados finales de la auditoría el 20 de abril pasado. El periodo de revisión está comprendido desde el 13 de noviembre de 2013 y el 15 de julio de 2015.
El informe repasa la mayoría de reparos que hizo Albericio en su momento. Y les busca explicación. Esto fue lo que encontró.
La Universidad transfirió a las cuentas personales de tres de los cuatro miembros fundadores de la Comisión Gestora, es decir, Ares Rosakis, Guruswami Ravichandran y José Andrade, un total de USD 36.712 por concepto de viáticos para los viajes que realizaron desde California hacia Urcuquí para cumplir con actividades inherentes a sus cargos. Además, canceló la suma de USD 73.081 por sus boletos aéreos. Esos desembolsos fueron posibles porque la Comisión que ellos integran, reformó el Reglamento para viajes al Interior y Exterior del País de Yachay, lo que los facultó a percibir valores por conceptos de subsistencias y pasajes cuando sus traslados sean desde el extranjero hacia el Ecuador.
El informe de Contraloría apunta que el Reglamento emitido en 2011 por el Ministerio de Trabajo, y que rige en el sector público, restringe el pago de viáticos, movilizaciones y subsistencias para viajes al Ecuador “exclusivamente para las servidoras, servidores, obreras y obreros que han sido designados para cumplir una misión fuera del país, y que teniendo su residencia permanente en el exterior, vinieran al Ecuador llamados por el Gobierno Nacional…». En ese sentido el exrector Albericio, citado por Contraloría, asegura que «en ningún momento los deberes de los miembros de la CG (Comisión Gestora) en California corresponden a misiones de Estado, corresponde a su trabajo para la Universidad CALTECH (abreviatura de California Institute of Technology)». Posición que contrasta con la de los aludidos, que expresaron al ente de control a través de un Apoderado General, que dado que fueron nombrados por el Presidente de la República mediante Decreto Ejecutivo y que no existe obligatoriedad para que mantengan su domicilio en el Ecuador, «es menester insistir que a éstos no se les puede privar del pago de viáticos al exterior que constituye uno de los ingresos que no forman parte de la remuneración unificada y un derecho de todo servidor publico… En otras palabras, los viajes que realizan los miembros de la Comisión Gestora fuera de Pasadena, donde radica su lugar de trabajo, se traducen en viajes al exterior».
En esta polémica, como en otras citadas en las 90 páginas del informe, Contraloría se allanó a la respuesta oficial y favorable para los tres miembros de la Comisión Gestora, que en esta ocasión vino de la Viceministra de Servicio Público. La funcionaria aseguró que el pago de viáticos y pasajes a los miembros de la CG era viable y estaba fundamentada en la misma normativa que cuestionaba el exrector Albericio.
El informe no explica por qué la Universidad compró un pasaje de USD 8.681 para la ruta Atenas-Quito-Los Ángeles al Vice Consejero Delegado y miembro de la Comisión Gestora, Ares Rosakis, que es nacido en Grecia.
‘Los miembros de la Comisión Gestora son como ministros de Gobierno’
Otra controversia que recoge el informe de Contraloría, en la que también dirimió la Viceministra de Servicio Público, es el lugar de residencia de los tres miembros fundadores de la Comisión Gestora que aún siguen en funciones. «Por errores involuntarios», según el Coordinador de Talento Humano de Yachay, en acciones de personal de Ares Rosakis, Guruswami Ravichandran y José Andrade se fijaba su lugar de trabajo en Urcuqui, Imbabura, pese a que estos viven en California. Pero más que un error, era una necesidad imperativa que los tres investigadores vivan allí, según la versión del exrector Fernando Albericio que recoge Contraloría. Albericio aseguró al ente auditor que sus colegas trabajaban en «régimen de tiempo completo» para otra empresa, CALTECH, y que tenían un salario adicional al que reciben en la universidad pública. Pero ese cuestionamiento no fue respondido por los académicos, quienes expusieron a través de su Apoderado que dada su jerarquía y atribuciones, «la verificación del cumplimiento de su jornada laboral no se puede realizar a través de los mecanismos que se usan para funcionarios de menor jerarquía, como un sistema biométrico, por ejemplo. El caso de los miembros de la Comisión Gestora se asemeja al de los Ministros de Gobierno».
Finalmente, prevaleció el criterio de la Viceministra de Servicio Público, que fue acogido por la Contraloría. “La convalidación realizada, es suficiente y válida para establecer que el lugar de residencia y trabajo de la Comisión Gestora… se encuentra en Pasadena, California», subraya el informe.
Discrecionalidad en la aplicación del decreto 247
La definición de lo que es una publicación indexada puede no tener mucha relevancia para el común de servidores públicos, no así para las autoridades universitarias. El decreto 247 faculta el pago de hasta $18.126 de salario (ver cuadro) a quienes acumulen cien publicaciones indexadas y/o patentes. La norma también aplica a miembros de comisiones gestoras, que pueden percibir la máxima remuneración dispuesta para rectores.
Perfiles académicos que establece el decreto presidencial 247 y que recoge Contraloría.
En el caso de Yachay, la Contraloría observa en su examen que cinco autoridades de alto rango, incluido el integrante de la Comisión Gestora y Secretario Académico, José Andrade, sumaron a sus artículos indexados Abstracts y Proceedings para completar las 100 publicaciones que demanda el decreto 247. En el caso de Andrade, la Contraloría le atribuye 39 journals o artículos en revistas científicas y 64 Abstracts.
«Los abstracts son normalmente resúmenes de pocas líneas de las conferencias/ponencias científicas que se presentan en congresos. En este sentido, los abstracts no están incluidos en los Índices/Rankings Científicos”, sostuvo el exrector Albericio consultado por Contraloría. Pero la Comisión Gestora defendió la «definición inclusiva» que establecieron para cumplir con el decreto presidencial, «que al no otorgar una definición o concepto especifico, otorga la discrecionalidad al ente Universitario».
Dicha posición contó con el respaldo del Secretario de Educación Superior René Ramírez. “Yachay se encuentra facultada a establecer los respectivos lineamientos y criterios… al no existir una normativa que establezca lo que se debe entender como una publicación indexada», suscribió el titular de la SENESCYT. La Contraloría aceptó sin reparo la observación de Ramírez y estableció que las calificaciones de los perfiles de las autoridades académicas «se realizaron en virtud a la autonomía universitaria”. «En el tema de las publicaciones indexadas no es un tema de autonomía universitaria, es un tema de métricas internacionales que están aceptadas por la comunidad científica internacional y que es perfectamente recogido en el Decreto 247 firmado por el Presidente…», refutó el rector fundador de Yachay en el mismo informe.
Yachay costeó viajes de acompañantes
El único reparo importante que hace Contraloría a la gestión de Yachay es respecto a la ejecución del contrato de $1.4 millones que suscribió con la empresa Caza Talentos PERRET LAVET para reclutar decanos y jefes departamentales. Según apunta Contraloría, la Universidad pagó USD 31.275 por viajes al Ecuador y alojamientos de acompañantes o cónyuges de los candidatos a ocupar puestos en el emblemático centro de estudios, además, «no efectuó el cálculo y cobro de multas por USD 84.184 debido al retraso en la entrega de los productos considerados en los términos contractuales, situación que no fue objetada por el Coordinador Administrativo Financiero, Director Financiero, Contadora y Tesorera, quienes autorizaron y tramitaron el pago sin considerar una liquidación económica contable».
El contrato original se firmó en julio de 2014, pero en noviembre del mismo año y marzo de 2015, se dieron sendos contratos complementarios que extendieron el tiempo de cumplimiento del acuerdo a 515 días calendario, esto, sin que PERRET LAVET haya presentado ninguna solicitud ni justificativo para ampliar el contrato inicial.
Solo en este caso, la Contraloría ordenó la restitución de los valores mencionados.
El informe de Contraloría recoge otras cuantas observaciones al manejo de Yachay. Por ejemplo, que el exrector Albericio no justificó las actividades de tres días durante sus viajes en comisión al extranjero, aunque cobró viáticos por $941; la Universidad compró pasajes al exterior usando el procedimiento de ínfima cuantía cuando los valores superaban el límite permitido; el departamento de Talento Humano incurrió en múltiples fallas en la administración, gestión y control del personal de la Universidad; se publicaron al menos 13 contratos sin documentación esencial en el Portal de Compras Públicas; se suscribieron de contratos sin contar con la documentación requerida para el ingreso al sector público, y en caso de los docentes, sin respaldos que validen el cumplimiento de los requisitos académicos. Según el ente auditor, en los expedientes de 38 docentes, 25 servidores y 3 asesores no se encontró evidencia ni sustento que justifique la necesidad de su contratación.
En todos los casos los funcionarios encargados aludieron «errores involuntarios» y «omisiones administrativas». Contraloría aceptó las explicaciones con benevolencia y se limitó a recomendar que se enmienden los procesos y se verifique su cumplimiento.
Por su parte, Yachay manifestó mediante un comunicado que acoge las recomendaciones y que ya está en proceso de implementación, además, añadió que el informe de Contraloría «confirma que no existió perjuicio para el Estado y deja claro la legalidad de las acciones realizadas por la Comisión Gestora”.
