«Todos los días lloramos y casi todas las semanas vamos al cementerio», asegura la madre, Tamara Franco. Foto: Diario Extra
«Mi vida era totalmente alegre, esperábamos con muchas ansias la llegada del bebé, sobre todo mis hijos (de 6 y 8 años) estaban muy ilusionados con su hermanito». Así comienza su relato Tamara Franco, madre de Jeramy, el recién nacido que murió el 11 de abril pasado en el hospital del IESS de Guayaquil por las quemaduras de primero y segundo grado que sufrió en su espalda y brazo, durante un traslado en una termocuna defectuosa desde el hospital de Milagro. Estaba bajo el cuidado de dos médicos cubanos. «Para nosotros el bebé no solo tuvo 53 horas de vida», continúa el padre de la criatura, Mauricio Ronquillo, quien rememora los nueve meses de gestación. «Le hablábamos, sentíamos sus movimientos, sus latidos. Los niños llegaban de la escuela a saludar a su hermanito y se despedían con un beso en la barriga».
Han pasado nueve meses desde que esta sencilla familia milagreña perdió al más pequeño de sus integrantes y el sufrimiento sigue latente, «porque es sumamente doloroso aceptar que a tu hijo lo quemaron vivo » y porque no hay visos de justicia en el dilatado proceso judicial que enfrentan los padres como acusadores particulares. Todo por una mala decisión del cuerpo médico, que optó por introducir guantes con agua hirviendo en el fondo de la termocuna en la que llevaron al pequeño a Guayaquil para que reciba cuidados especializados por una deficiencia respiratoria con la que nació. Fueron 50 minutos de camino y desesperación para Mauricio Ronquillo, que escuchó el llanto imparable de su hijo y lo notó sudoroso e inquieto. Alertó a los médicos en reiteradas ocasiones pero no lo revisaron. Ronquillo, quien se dedica a la agricultura, sostiene que desde que ingresaron al hospital del IESS de Milagro como afiliados del Seguro Campesino, se sintieron «menospreciados».
Por el caso han pasado cuatro fiscales y el juez que substanciaba la causa, Carlos Vizuete, denunció en una providencia enviada a las partes y a la Fiscalía del Guayas, tráfico de influencias a favor de los doctores cubanos. Según su relato, recibió la visita de un supuesto funcionario judicial, que le ordenó en nombre del presidente del Consejo de la Judicatura Gustavo Jalkh «que libere a los ciudadanos Cubanos».
Los padres junto a su abogado, Juan Vizueta.
«Era evidente que el Dr. Gustavo Jalkh debió presentar una denuncia en el sentido que se están tomando su nombre, pero ni él ni nadie del Consejo de la Judicatura han hecho absolutamente nada frente a este delito», sostiene el abogado de los padres de Jeramy Juan Vizueta y añade que el supuesto funcionario que presionó al juez debia haberse referido a que dicte un auto de sobreseimiento. Es necesaria la acotación porque los médicos cubanos actualmente están libres. El arresto domiciliario que pesaba sobre ellos fue revocado el 17 de agosto pasado en una audiencia en la que fue apartado el juez de causa Carlos Vizuete. «Me trasladaron a efectos de que no pudiera intervenir en la sesión. Después de esta, me trajeron de nuevo”, dijo el magistrado en una entrevista con Extra. El juez Vizuete fue cambiado nuevamente de despacho y el Consejo de la Judicatura abrió un expediente administrativo en su contra.
De momento el caso está paralizado pues Washington Suárez, el último fiscal que llevaba la investigación, presentó un dictamen mixto durante la audiencia preparatoria de juicio del pasado 17 de diciembre, provocando que el juez Iván López anulara la diligencia y lo separara del proceso. Esto, porque se saltó la obligatoriedad de elevar a consulta la decisión de abstenerse de acusar a 4 de los 8 procesados: el entonces director del Hospital del IESS de Milagro, el director técnico, el jefe de mantenimiento y una enfermera. Mantuvo la acusación contra los dos médicos cubanos, la jefa de enfermería y una auxiliar.
La última providencia del juez López da paso al nombramiento de un nuevo fiscal, el quinto en la investigación, pero Washington Suárez continua con el caso. «Es algo que nos parece sorprendente», dice Juan Vizueta, abogado de la familia Ronquillo. «El proceso está paralizado, no hay ninguna notificación. Sabemos de las presiones que hay», añade. Tanto Vizueta como los padres de Jeramy asocian las presiones e injerencias en el caso, con un afán del gobierno de evitar que se deterioren las relaciones con Cuba. «Es la única respuesta que encontramos», aseguran.
La madre de Jeramy, en momentos en que abordó al presidente Correa.
El caso ya fue puesto en consideración del presidente Correa por la madre de Jeramy Tamara Franco. Lo abordó durante su pasó por Milagro y le suplicó entre lágrimas que la ayude a esclarecer el caso de su hijo, que están involucrados médicos cubanos «Él en una forma déspota y grosera me dijo ‘y qué quieres que yo haga’ y de ahí me evadió totalmente”, recuerda la mujer, que en ese entonces se quedó sin palabras. Ahora le tiene una respuesta: «Que no haga nada pero que tampoco interfiera en que se haga justicia por la muerte de mi hijo, porque yo como madre estoy dolida de que mi bebé, siendo un niño sano, haya muerto a causa de quemaduras en su espalda al cuidado de esos doctores».
La defensa de la familia Ronquillo Franco no descarta acudir a la Comisión Intermericana de Derechos Humanos, pues según explica su abogado, «cuando hay denegación de justicia como en el presente caso», el reglamento los faculta a presentarse antes de agotar la última las instancia. «Pero será ya no para demandar a los médicos, sino al Estado ecuatoriano por su negligencia, por su omisión frente a una verdadera administración de justicia», sentencia Vizueta.
