La compra de siete helicópteros Dhruv a la empresa HAL de la India por $45.2 millones, calificada por el presidente Rafael Correa como una buena decisión con mala suerte, es de lejos la adquisición más catastrófica realizada por las Fuerzas Armadas. Con cuatro aeronaves siniestradas y tres víctimas mortales, el tiempo no ha hecho más que darle la razón al primer Comandante de la FAE durante este gobierno, Jorge Gabela Bueno, que contrario al presidente, sostuvo desde un inicio que la compra era una pésima idea, que ni en la propia India querían esos helicópteros por sus múltiples problemas y que éramos los únicos en el mundo en adquirirlos. Gabela fue herido de muerte en su domicilio en diciembre de 2010, en un confuso incidente que la Justicia calificó de «delincuencia común» y que una Comisión Interministerial ratificó en medio de la denuncia de la familia por inconsistencias y documentos forjados.
Esta semana y tras ocho meses de hermetismo, el ministro de Defensa Fernando Cordero reveló que los dos últimos accidentes de los Dhruv 603 y 605, que cayeron en enero en la represa de Chongon (Guayas) y en Tena, fueron por fallas mecánicas. Para ser más específicos, por presencia de oscilaciones que afectaron el funcionamiento del piloto automático y por fallas en el eje que transmite la potencia a los motores de rotor de cola. Cordero además anunció la terminación unilateral del contrato con la hindú HAL, que es representada por la empresa local SUMIL, y que los tres helicópteros restantes, que estaban en desuso desde los incidentes, no volverían a volar.
Casi a la par del anuncio de Cordero, la Comisión de Soberanía de la Asamblea hizo público un examen especial que realizó la Contraloría de la ejecución del contrato, renovación de garantías, mantenimiento y uso de los Dhruv. Entre otras irregularidades, el informe concluye que el contratista no entregó varios sistemas de las aeronaves, como el localizador de la señal de emergencia, lo que causó un perjuicio a la entidad de $2’489.602.
Otra de las conclusiones de la Contraloría apunta a que el Jefe de Estado Mayor de la FAE y el Comandante del ala de Combate No. 22 -que era el administrador del contrato-, aceptaron la reparación de tres conjuntos mayores y repuestos, sin que pasen las pruebas de funcionamiento en dos de los casos, y sin que haya existido verificación. Además, la Contraloría enumera once partes y componentes de los Dhruv que la FAE envió a reparación bajo garantía desde 2012, y que hasta la fecha de terminación de la auditoria, en julio de 2015, no habían sido entregadas.
El ministro Cordero cuestionó el informe de Contraloría, asegurando que no hubo pérdidas económicas y pidió la rectificación inmediata, pero el contralor Carlos Polit se ratificó en la auditoría.
Por su parte el presidente Correa aseguró que con los seguros y garantías, el Estado no pierde nada, sino sale ganando, ya que el contrato se fijó en $45.2 millones de los cuales se desembolsó $39 millones, y se cobraron $51.5 millones por seguros de accidentes y casi $4 millones por multas de incumplimiento a la empresa HAL. Hasta el momento no se ha presentado respaldo documental de aquello. El presidente no se refirió a los heridos que ocasionaron el uso de estas aeronaves defectuosas, aunque lamentó la muerte de un piloto de la Presidencia en uno de los accidentes.
Incredulidad por fallas humanas en los primeros accidentes
Los dos primeros accidentes de los Dhruvs, que ocurrieron en octubre de 2009 y febrero de 2013, fueron por fallas humanas según la versión oficial. Un veredicto que dejó un sabor a incredulidad a las familias de los tres militares que fallecieron en el segundo incidente, que ocurrió en Huigra y que le costó la vida al teniente Jorge Luis Flores, el capitán Héctor Caicedo y el sargento Christian Unda. Todos, menos el piloto e instructor Fabian Pazos, murieron por la explosión del artefacto. Pazos fue rescatado por un lugareño que lo escogió al azar y lo ayudó a alejarse lo suficiente para que ambos puedan sobrevivir al estallido.
La familia del teniente Flores, que quedó destrozada por su pérdida, ha rechazado públicamente el informe de la FAE y ha asegurado que solo les fue comunicado de forma verbal.
Conclusión del informe Gabela no convence
Los Dhruv no estarían operativos más de cinco años, así lo aseguró en General Jorge Gabela según recuerda su viuda Patricia Ochoa. Ella está convencida de la relación entre la oposición a la compra de las aeronaves y el asesinato de su esposo al interior de su domicilio.
La defensa de Patricia Ochoa denunció que el informe final de la Comisión Interministerial que formó el presidente Correa para determinar las causas de la muerte, contiene documentos forjados que llegan a la misma conclusión de la justicia ordinaria, es decir, que el crimen fue por motivado por la delincuencia común. Pero en la casa del general Gabela no se robaron nada y el asesino, que nunca fue procesado según información proporcionada por peritos internacionales a Ochoa y que fue ajusticiado en el segunda aniversario del atentado contra el exComandante de la FAE, se acercó lo suficiente para propinarle un tiro a quemarropa a la altura del cuello, que le causó graves quemaduras y lo condujo a la muerte diez días después.