Juan José Castelló, presidente del FCME, saluda a la exjueza Vanessa Cevallos, destituida por sentenciar a favor de los maestros jubilados.
El secretario jurídico de la presidencia de la República, Alexis Mera, fue claro y directo en su pedido dirigido al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Carlos Ramírez, al presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh y al presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño: el Estado no puede perder US$10.844.640 en las demandas que han planteado cientos de maestros jubilados en el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en Portoviejo.
Mera envió esta comunicación el pasado 14 de febrero, acompañando el escrito que dirigió a los jueces que conocen esta causa, los del Tribunal de Portoviejo.
Son 623 maestros jubilados de Manabí los que demandaron al Ministerio de Educación por una reliquidación de sus jubilaciones, que según los alegatos de Mera Giler, son pretensiones que «van encaminadas a conseguir un torcido beneficio adicional a cargo de las arcas estatales, generado por aplicación retroactiva de la disposición constitucional, que irrespeta la garantía de la seguridad jurídica».
Para Mera, las obligaciones con los maestros ya fueron «oportuna y totalmente» satisfechas por el Estado y se refiere a estímulos en valores de US$12.000, US$16.000 y US$19.000, dependiendo los casos.
Para el procurador común de los maestros, Augusto Baque, la situación es diferente y se queja de las dilatorias que ha tenido la acción de protección que presentaron contra el Ministerio de Educación en el 2011.
La preocupación e intervención de Mera podrían deberse a un antecedente ocurrido en El Oro. En esa provincia, 105 maestros interpusieron una acción de protección similar para reclamar lo que consideraban era su jubilación completa: US$33.000 y no los US$12.000 que recibieron. Era 2009 y la acción recayó en el juzgado primero de la Niñez y la Adolescencia a cargo de Vanessa Cevallos Gavilanes. Y esta jueza les dio la razón.
Lo que vino después fueron apelaciones y vanos intentos del Ministerio de Educación por evitar el pago de US$2.049.500 y el asunto llegó hasta la Corte Constitucional. La Corte declaró que no procedía el recurso y devolvió el caso al juez de primera instancia para que se ejecute el fallo.
En esas circunstancias, el Ministerio de Educación presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura en contra de la jueza Cevallos y consiguió, primero, una suspensión y después, la destitución de la funcionaria.
El Ministerio de Educación tuvo que depositar el valor sentenciado a favor de los maestros, que ya no eran 105, sino 100, pues 5 murieron en el transcurso de este reclamo.
Video del apoyo de Fernando Cordero a los maestros de El Oro en septiembre de 2011.
Ahora la exjueza Cevallos Gavilanes también busca que se le haga justicia por su destitución que no la concibe, por haber aplicado lo que, a su criterio, dicta la Constitución.
Ella fue homenajeada posteriormente por el Fondo de Cesantía del Magisterio y allí dijo que «yo creí en el presidente, pero ahora no entiendo como todos los sábados habla diciendo que aquí hay justicia, cuando las injusticias las tenemos tan de frente… por reconocer derechos vulnerados de los maestros se me catalogó de corrupta, se me destituyó y me notificaron que yo era un riesgo para la administración de la justicia. No lo entiendo, pero mi concepto de justicia no lo cambiará un gobierno»
