Por Daniela Aguilar
Se acerca la hora del almuerzo en casa de la familia Sampedro-Anchundia y nada se cuece en los fogones. Las vetustas ollas de aluminio, que han caído en desuso durante los últimos dos meses, yacen vacías en el patio, en una mesita de madera que también sostiene una lavacara que hace de fregadero. Solo un pequeño televisor, ubicado en el centro de la vivienda de 5 x 5 metros, un solo ambiente, paredes de caña, techo de zinc y revestimiento de cartón, disipa en algo el silencio, el pesar y el hambre que se instaló en el hogar desde que la policía se llevó por la fuerza al jefe de familia. «Hacemos una sola comida al día», susurra la menor de la casa, Ambar de 16 años. «Lo más importante es que salga (libre) mi papi», añade.
El gran ausente es Francisco Sampedro, un transportista de 53 años que se ganaba la vida haciendo fletes en su destartalada camioneta Nissan pick-up de 1980. Casado con Eleonora Anchundía y padre de tres hijos. Paraba habitualmente en la intersección de las calles Machala y Colón, centro de Guayaquil, para ofrecer sus servicios a los compradores de cerámica, baldosa y otros materiales de construcción que recorren la zona. También aceptaba hacer mudanzas, eso sí, tomando las debidas precauciones. «Antes de hacer algún cambio de casa siempre se acercaba al UPC (Unidad de Policía Comunitaria) más cercano para pedir permiso», recuerda su hija, quien no alcanza a entender cómo pasó de ser un sencillo transportista que se ganaba a diario el sustento para su familia, a convertirse en un presidiario imputado de «tráfico de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas», con pena privativa de libertad de 5 a 7 años.
El antes y después de la familia Sampedro-Anchundia comienza el 26 de noviembre de 2015. Ese día, Sampedro fue contratado por el Frente Popular para movilizar equipos de sonido y un monigote de borrego durante la marcha de protesta contra las Enmiendas Constitucionales que estaba por aprobar la Asamblea de mayoría oficialista. La paga era de $35. Pasadas las 18:30 la concentración terminó con la quema del muñeco en las calles 9 de Octubre y Malecón, situación que fue controlada por los uniformados que resguardaban la manifestación. Poco después, el Ministerio del Interior anunciaba que tres policías habían resultado heridos por el estallido de petardos.
(Ahora) Visita de las Autoridades, a policías heridos por la marcha en #GYE. #26N. pic.twitter.com/ShTenY9U00
— Min Interior Ecuador (@MinInteriorEc) noviembre 27, 2015
Ese día había aguaje y las calles del Batallón del Suburbio -sector donde vive la familia- estaban anegadas. Fue a eso de las 21:00, cuando comenzó a descender la marea, que Francisco Sampedro arribó a su casa. «Escuchamos ruido y salimos a ver. Habían unos hombres que agarraron a mi papi del cuello, lo tiraron al piso y le dijeron que estaba arrestado por transportar explosivos, pero él no sabía de lo que le hablaban». Los mismos hombres, que se identificaron como policías, le arrebataron a madre e hija las llaves de la camioneta y el celular que Sampedro había alcanzado a entregarles. Desde entonces, la hija menor de Sampedro solo ha podido visitarlo una vez en prisión, teniendo que someterse a la revisión de sus partes intimas. «Está flaco, enfermo, dice que le duele la cabeza, que le puede dar un derrame. Es por lo que pasa pensando si vamos a tener para comer, porque él era el único que nos traía la comida».
Aunque la familia pasó las fiestas de navidad y fin de año llenas de preocupación e incertidumbre, el peor día fue el dos de enero. «Una tía que pasa en esas cosas del gobierno llamó a mi mami para que prenda el televisor porque el presidente iba a hablar del caso de mi papi», recuerda Ambar Sampedro. Inmediatamente esposa e hija se instalaron frente al artefacto para escuchar el veredicto de Rafael Correa: «Dicen que se ha metido preso a un padre de familia por llevar en la camioneta un borrego. Eso es mentira, llevaba armas… este señor -ahí están los vídeos- transportaba bombas molotov, llantas con gasolina para generar fuego, atacar a la policia, etc., y eso sí es delito». «Mi mami se puso mal, se le bajó la presión y casi se desmaya. Ella sufre de la azúcar (diabetes)», relata la adolescente. «Tenemos miedo de que mi papi se pueda quedar en la cárcel con eso que dijo Correa, como él manda (en la Justicia)», añade.
“Ni que tuviesen rayos X para demostrar que dentro de las fundas habían llantas y dentro de las llantas habían bombas molotov», dice sobre el video el abogado de la familia Sampedro, Juan Vizueta, y critica que Correa «establezca su culpabilidad mucho antes de la sentencia». Para Vizueta, hubo una detención arbitraria de su defendido pues no se dio una «persecución ininterrumpida» para que se justifique la flagrancia. Además, recalca que Sampedro nunca descendió del vehículo y no puede responsabilizarse por lo que subieron durante el recorrido. Recuerda también que los únicos elementos que se encontraron en la cuestionada camioneta fueron 4 palos de madera, un tubo plástico, 15 banderas de tela roja, 12 hojas volantes y un talonario de nota de venta a nombre del conductor. «No hay absolutamente nada, es más, los policías convocados por tres ocasiones, cerca de ocho miembros que son los que supuestamente generaron la detención, no comparecieron al proceso porque de una u otra manera estaban conscientes de que no se podía seguir defendiendo una farsa», añade. El letrado también se queja de que la instrucción fiscal contra Sampedro haya terminado el 29 de diciembre y que haya tenido que pasar más de mes y medio para que se convoque a la audiencia de presentación de dictamen. La diligencia está convocada para este 19 de febrero. «El mensaje finalmente es de terror, en el sentido de que todo aquel que salga a las calles a protestar contra este régimen será sancionado con la mayor severidad», termina Vizueta.
Mientras tanto, las preocupaciones que perturban a Francisco Sampedro en la prisión, se hacen tangibles en su casa . Lo poco que gana su esposa Eleonora por lavar y planchar ropa a domicilio, no le alcanzan ni para la comida, y su hijo varón de 21 años tampoco puede ayudar. El joven, que está casado y tiene una bebe, trabajaba en una empresa de seguridad que brindaba servicio al Cuartel Modelo pero fue despedido de un momento a otro tras la detención de su progenitor. Podría manejar la vieja camioneta Nissan pick-up y reemplazar a su padre en los fletes, pero el vehículo sigue retenido para investigaciones y no saben cuándo lo liberarán. La situación es drástica y Eleonor Anchundía ha tomado una decisión acorde. Hará huelga de hambre hasta el día de la audiencia de su esposo, para presionar por su liberación.