En el mar, la vida es más sabrosa y una meta aspiracional de mucha gente es tener una casa frente a la playa. Pero en Punta Blanca, provincia de Santa Elena, la construcción de un nuevo proyecto de departamentos, en un edificio de catorce pisos, ha enfrentado en la Corte a los antiguos moradores con los dueños de la obra. Es un caso resuelto en primera instancia, ordenando suspender los trabajos y revertir los permisos, pero falta la resolución de la apelación para tener una decisión definitiva.
Marlon Puertas
Es pleno verano y en el exclusivo sector de la playa de Punta Blanca, la soleada mañana del pasado 6 de julio, parece ser una más. No hay ruido, no hay turistas, las olas del mar se mueven con ritmo apacible, como casi siempre. A todas luces este uno de aquellos lugares que cualquiera buscaría para desconectarse por completo de la vida cotidiana llena de disputas y polémicas. A primera vista, este es un refugio. Pero no todo lo que brilla por aquí es oro. Ni el silencio que domina significa necesariamente paz o tranquilidad permanente.
Nada de lo que se ve daría lugar a pensar que a quince kilómetros de distancia, en el centro urbano del cantón Santa Elena, específicamente en el despacho que tiene a cargo la jueza Sabrina Plúas, se enfrentan esta misma mañana dos grupos fuertes y poderosos, que provienen de zonas geográficamente diferentes, como son Guayaquil y Cuenca. Quiso el destino, hablando metafóricamente, o tal vez sencillamente los intereses y los negocios, para ser más realistas, que sea Punta Blanca la razón de este choque en los tribunales de la Península. Se trata de una acción de protección presentada por los residentes más antiguos de la zona -muchos que tienen más de cuarenta años arrullándose con el sonido del mar- para frenar la construcción, aprobada legalmente por el municipio, de un nuevo edificio de catorce pisos, proyectado como un fresco negocio inmobiliario que terminará vendiendo departamentos playeros por decenas, para que cientos de personas más disfruten las bondades de la naturaleza costera.
La obra en cuestión comenzó hace semanas, en mayo específicamente. Justo en los días en que se daba el cambio de administración municipal. Se iba un alcalde, Otto Vera, y su reemplazo durante la campaña para la reelección, Luis Segovia, y venía una nueva alcaldesa, María del Carmen Aquino. La casualidad de los tiempos puede dar para pensar. La playa que colinda y que sus privilegiados habitantes gozan, es pequeña y de ahí nace una de las principales razones de la oposición de los actuales moradores: no hay playa pa´tanta gente. Por eso ninguna de las casas o inmuebles que por aquí existen tienen una altura que ni siquiera se acerca a los catorce pisos. Hay de tres, cuatro niveles, y además están en una ubicación más distante del mar.
Líos en la Entrada Cinco
Esta es la conocida Entrada 5, en donde las últimas noticias generadas por aquí no han causado impacto nacional. Pero a pocos kilómetros, en la entrada 1, fue en marzo pasado que dentro de una vivienda, sicarios mataron a tiros a Rubén Chérres, amigo cercano del cuñado presidencial, Danilo Carrera, y dos de sus acompañantes. Es un caso que estremeció por sus implicaciones aún no reveladas y que sigue en activa investigación. Quién sabe hasta cuándo.
Lo que se ha escuchado respecto a la entrada 5 son otro tipo de líos. Teleamazonas informó el pasado 25 de junio que existían quejas por una presunta privatización de espacios en la playa. La reportera constató la presencia de plumas, hitos y plantas bloqueando accesos y estacionamientos de la vía pública y la respuesta de la nueva alcaldesa María de Lourdes Aquino fue que «la administración pasada es responsable de algunas situaciones que se están presentando hoy en día. Podríamos verlo como una privatización que en efecto está ocurriendo en lo que es Entrada Cinco, en Punta Blanca».
No es lo único que se ha informado sobre este sector. El 1 de junio, el director de radio Centro, Juan Benedetti, relató que «por fin Punta Blanca está libre del caos. Las autoridades pusieron orden y desalojaron a comerciantes informales inescrupulosos que se habían tomado por asalto espacios reservados en la playa para el desfogue del mar. La alcaldesa de Santa Elena, el gobernador de Santa Elena y el Ministerio del Ambiente tomaron cartas en el asunto», dijo el comunicador.
El tema actual es la construcción del nuevo edificio con un total de 14 pisos y 42 departamentos, llamado «Mar Blanco». Por eso, el interés estuvo marcado el pasado 6 de julio en la Corte de Santa Elena, en donde la jueza Sabrina Plúas daría a conocer su decisión respecto a la acción de protección planteada por los residentes de la entrada 5 de Punta Blanca, para frenar la obra y revisar su permiso municipal.
Los accionados, empresarios provenientes de Cuenca, rechazaron la suspensión de los trabajos que habían comenzado semanas antes y argumentaron que cuentan con todos los permisos necesarios. En efecto, a su favor tenían los permisos ambientales de la Prefectura de Santa Elena, de construcción de la municipalidad del cantón que tiene el mismo nombre y de la empresa de Agua Potable, Aguapén. El delegado de Aguapén hasta parecía defensor del proyecto, coincidiendo con los accionados en que este no generaba ningún tipo de contaminación.
Pablo Corral, representante legal del proyecto, fue el encargado de rechazar las acusaciones de contaminación. Y hasta devolvió el argumento a los antiguos moradores de la entrada 5 de Punta Blanca, diciendo que sus propiedades cuentan con pozos sépticos que son verdaderos focos de contaminación y terminan con sus desechos directamente en el mar. Por el contrario, alegó, el edificio Mar Blanco contaría con una planta de tratamiento de las aguas residuales para evitar la contaminación. Y finalmente, expuso que el mismo derecho que tienen para vivir en este sector sus antiguos moradores, lo tienen aquellos que pueden decidir de ahora en adelante comprar una propiedad aquí también. Es el derecho a la igualdad, contemplado en la Constitución. Y no solo ese. También el derecho al trabajo, contando las plazas de trabajo que se han generado con la nueva obra.
Los demandantes expusieron sus alegatos para tirar por la borda el proyecto, en la voz de Ricardo Noboa Bejarano, su abogado y también morador del sector durante 45 años. A su argumento de la contaminación que se generaría con este nuevo edificio, se sumó un viejo axioma del Derecho: toda libertad individual termina en donde empieza la libertad de los demás.
«Por un momento, ubiquémonos en el sitio donde se quiere construir. Si este edificio grande se lo levantara en Playas, en Salinas, o en Punta Blanca, en aquella extensión que va del peñón de Mar Club hasta San Pablo, en donde existen playas amplísimas, sería diferente», expuso Noboa. «Pero se lo pretende construir en una playa chiquitita, con un acceso pequeño, en el cual en época normal los carros difícilmente pueden circular. Imagínese señora jueza cuando sea un fin de semana o un feriado. Aquí no se trata de oponerse por oponerse, se trata de que esa zona está ubicada en una playa que no tiene más de 2 kilómetros de extensión, con un acceso sumamente pequeño y reducido, consecuentemente, este no es un capricho sino el derecho al buen vivir que tiene un grupo de moradores en el que me incluyo».
Finalmente, recordó una de las sentencias dictadas por la Corte Constitucional, respecto al principio de precaución: «El principio de precaución determina que en caso de dudas sobre el impacto ambiental, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras, eficaces y oportunas. Cuidemos lo que puede pasar, dice la Corte Constitucional».
Con todas las cartas puestas sobre la mesa, la jueza Sabrina Plúas tomó su decisión: declarar con lugar la acción de protección planteada porque el permiso de construcción otorgado por la municipalidad de Santa Elena carece de motivación, viola la seguridad jurídica y afecta el buen vivir de los moradores de Punta Blanca. Como consecuencia, revocó el permiso de construcción y decidió mantener paralizada la obra.
Esto es por el momento. Pablo Corral, representante de los constructores, anunció en la misma audiencia su decisión de apelar. Y será una sala de tres jueces de la Corte Superior de Santa Elena, la que adoptará una decisión definitiva. Las partes en conflicto ya se preparan para el nuevo round.
