Gobierno vs. Pueblo Shuar: un conflicto sin vía de solución

Para ingresar a la comunidad de San Carlos de Limón, perteneciente al cantón Limón Indanza, provincia de Morona Santiago, es necesario recorrer durante hora y media un camino de tierra, angosto y zigzagueante, para luego abordar una tarabita que se desliza por encima del río Zamora durante cinco minutos. En ese trayecto –que a los novatos les produce algo de vértigo– es posible contemplar la majestuosidad de la Cordillera del Cóndor, un punto del sur de la Amazonía ecuatoriana que aún permanece intacto, pero que dentro de poco se convertirá en una gran mina de cobre a cielo abierto. El sitio forma parte de las 41 760 hectáreas concesionadas a la empresa china Explorcobres S.A. (EXSA) para el desarrollo del proyecto San Carlos-Panantza, mismo que ha presentado trabas por la oposición de las comunidades shuar de la zona, que apoyadas por organizaciones indígenas, regionales y nacionales, reclaman la ancestralidad de esas tierras. La tensión comenzó en agosto pasado, cuando un ingente operativo policial y militar desalojó a ocho familias, un total de 32 personas, que conformaban desde hace una década la comunidad shuar de Nankints en un terreno que fue comprado por la minera china para establecer su campamento. A partir de entonces, se han desencadenado una serie de enfrentamientos, allanamientos y detenciones, además de la muerte de un policía, la militarización de la zona, la declaratoria provincial de Estado de Excepción que se mantiene desde mediados de diciembre y el intento fallido del gobierno por clausurar la ONG Acción Ecológica, que fue acusada de apoyar acciones violentas.

La principal estructura del pequeño centro poblado de San Carlos de Limón, pueblo cercano a la comunidad de Nankints tomado por los Shuar por unos días en diciembre para tratar de  frenar el avance de las fuerzas del orden, es una cancha de usos múltiples, techada y encementada, donde hoy media centena de militares han tendido sus carpas para guarecerse durante las noches. Un número parecido de policías, que permanecen en el lugar, han ocupado algunas de las casas de la comunidad y el centro de salud, que desde hace varios meses perdió a su único médico.  Si no fuera por la presencia militar y policial, San Carlos luciría desolado. Tal como lucen las comunidades shuar de Tsuntsuim y Kutukus, ubicadas varias horas a pie del lugar, según comenta el capitán Garzón, al frente de ese regimiento temporal. Cada día, un escuadrón compuesto por 34 militares peina el perímetro durante seis horas. En ese tiempo atraviesan las poblaciones en mención, cuyas casas y escuelas lucen abandonadas. El objetivo de los operativos, en los que se emplean drones y helicópteros, es mantener el orden y llevar un registro de los pobladores “para que no haya personal extraño”, refiere Garzón y añade que durante las últimas semanas de enero que ha estado a cargo, la situación ha sido de completa calma. Pero desde la entrada en vigencia del Estado de Excepción el 14 de diciembre último, la dirigencia indígena viene alertando del desplazamiento de varias poblaciones de nativos a causa del asedio de la Fuerza Pública.

Justamente esta semana arribó a Quito un grupo de mujeres shuar, que respaldadas por la dirigencia femenina de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), dieron una rueda de prensa en la que expusieron las condiciones en las que dejaron sus hogares. Una de ellas era Claudia Chumpi de 18 años y originaria de la comunidad de Tsuntsuim, quien aseveró que un escuadrón policial y militar llegó disparando, allanó sus casas y rompió sus puertas. Con su hijo de pocos meses en brazos, Chumpi narró que mujeres y niños huyeron a las montañas, donde dos de sus tías que estaban en avanzado estado de gestación, dieron a luz en medio del monte. “Quiero pedirle a Rafael Correa que nos devuelva nuestro territorio porque eso es nuestra vida, nuestra tierra”, exclamó la mujer tras exigir al Presidente de la República la desmilitarización de la zona. Chumpi agregó que después de caminar durante días llegaron a la comunidad del Tink, donde se refugian de momento, aunque pasan privaciones y alrededor de 30 niños no pueden ir a la escuela. Un equipo que recorrió la provincia de Morona Santiago, intentó llegar al Tink luego de que el presidente encargado de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FISCH), Ruperto Tsanimp, informara sobre la presencia de 80 personas desplazadas en esa comunidad. Pero el pésimo estado de la vía de tierra lo impidió.

En su relato, Claudia Chumpi dijo que moradores de San Carlos de Limón sustrajeron sus cocinetas y cilindros de gas durante el operativo que los desplazó. En contraparte, el presidente de San Carlos,  Franklin Domínguez, culpó a un grupo de colonos e indígenas shuar de la comunidad de Chumpi, de causar desmanes en el centro poblado e intentar extorsionar a algunos de sus coterráneos. No precisó nombres.

Comuneros preocupados por el impacto de la minería

Para llegar a San Carlos de Limón hay que atravesar seis controles policiales y militares, incluido el de la parroquia Santiago de Panantza (cantón San Juan Bosco), a la que se llega por una vía de segundo orden que se desprende de la carretera Gualaquiza-San Juan Bosco. Aunque las cosas en Panantza, centro poblado habitado por colonos que en su mayoría también se oponen a la operación minera,  lucen en aparente tranquilidad, han pasado pocas semanas desde que la Policía allanó varias casas de la localidad y detuvo a cuatro integrantes de la Junta Parroquial, a quienes la Fiscalía intentó incriminar en la muerte del policía José Mejía en un presunto enfrentamiento en el campamento minero la Esperanza, establecido sobre los cimientos de lo que fue la comunidad de Nankints. Luego el Presidente Correa sostendría que Mejía recibió un tiro de fusil en la cabeza, durante la  emboscada de un grupo shuar a un camión militar. A falta de pruebas, la Corte Provincial de Morona Santiago liberó a los comuneros el 13 de enero pasado.  “Lo cogieron peor que a un criminal y lo treparon al carro a lo bruto. Esa gente no tiene alma”, relata Julio Reinoso, padre de uno de los detenidos. Reinoso no solo se refiere al trago amargo que pasó la familia por la detención injusta de uno de sus miembros, sino a la preocupación por la explotación de cobre que se desarrollará en el lugar.  “Cuando comience la minería habrá que salir, qué más queda si con la contaminación no se puede vivir ni tener ganado”, dice en referencia a su actividad productiva. “Aquí hay fuentes de agua por todo lado y todas serán contaminadas”, apunta y añade que  Santiago de Panatza desaparecerá, puesto que la reserva del mineral se encuentra justo debajo del centro poblado. “No tenemos a donde ir”.

Milton Reinoso, vicepresidente de la Junta Parroquial de Panantza que permaneció un mes detenido, comparte la preocupación de su padre. Sostiene que es mínima la información que tienen sobre el proyecto minero y que a pesar de que la mayoría de los habitantes están en contra de la minería a gran escala, no están organizados para hacerle frente. Otro punto en el que coinciden padre e hijo, es en la convivencia pacífica que han tenido durante años con las comunidades shuar que habitan en la zona, incluida la desaparecida Nankints. Según dijeron ambos, en estos últimos meses no han tenido conocimiento de ningún grupo armado shuar que haya causado disturbios, tal y como ha difundido el gobierno nacional en cadenas de radio y televisión.

El vicepresidente de la parroquia, de 34 años, habla también de lo que fue su detención y denuncia maltrato policial durante el traslado a la cárcel de máxima seguridad de Latacunga, provincia de Cotopaxi. Según cuenta, el día que ocurrieron los enfrentamientos que le costaron la vida al policía y provocaron la declaratoria de Estado de Excepción, él estuvo fuera del pueblo. “Por precaución cogí a mis niños y nos fuimos a San Juan Bosco, con mi papá y  con mi esposa”, señala y añade que “la gente tenía miedo de que haya alguna bala perdida”. Aun así, pocos días después la policía irrumpió en su domicilio y se lo llevó esposado. “Se llevaron a todos los de la Junta Parroquial que lograron encontrar”, asegura Reinoso. “Lo peor fue el traslado desde Macas (capital provincial) hasta Latacunga en un carro donde llevan a los delincuentes más terribles”, continúa. Según explica, les esposaron las manos en la espalda y los subieron en una especie de cajón de acero sin ventanas ubicado en la tolva de una camioneta. Y sin la posibilidad de agarrarse, hicieron un trayecto de 270 kilómetros a toda velocidad por una vía atiborrada de curvas. “Nunca se detuvieron al pasar por los rompe velocidades (estructuras en la carretera para disminuir la velocidad de los autos). Todos salimos disparados de un lado al otro. Nos golpeamos la cabeza, sangramos por la nariz. También nos vomitamos”, recuerda Reinoso y añade que los policías que los trasladaban, los presionaban para que confiesen su participación en el crimen. La versión la corrobora John Marín, hermano del presidente de la Junta Parroquial que también fue detenido, Danny Marín de 29 años. Dice que toda la familia sufrió durante la detención, sobre todo su cuñada que se encuentra embarazada.

La preocupación de los comuneros de Santiago de Panantza, la comparten los pobladores de San Carlos de Limón. Uno de ellos es Oswaldo Domínguez, tío del presidente de la comunidad. Domínguez confiesa con un halo de arrepentimiento, que durante años fue partidario de la explotación minera en la zona pues pensaba equivocadamente que traería mejoras en salud y educación, además de fuentes de trabajo. “Desgraciadamente la empresa minera me utilizó (…) nunca nos dio una información, nunca nos ayudó con ciertos proyectos con más visión al futuro. Lo que nos ha dado es un poco de pollos”. El campesino reclama por la falta de socialización del proyecto minero San Carlos-Panantza. “No han dicho donde es el pozo de relave, dónde van a poner las escombreras, de cuánto por cuánto va a ser el tajo(…) mi preocupación principal es, de aquí a quince años, dónde nos van a reubicar”. A él le preocupa el precedente que se sentó en Tundayme (cantón El Pangui en la vecina provincia de Zamora Chimchipe), donde la filial de Explorcobres, Ecuacorriente, ejecutó varias servidumbres mineras que provocaron el desalojo de la comunidad de San Marcos. El presidente de San Carlos, Franklin Domínguez, discrepa con la visión de su tío Oswaldo. “Un caso es el proyecto y otra la empresa”, asegura y explica que aunque desconfía de la minera china por sus antecedentes, no puede oponerse al proyecto hasta conocer con claridad todas sus implicaciones.

En la ruta a San Carlos de Limón, se atraviesa por la derribada comunidad de Nankints, ahora convertida en el campamento La Esperanza de la minera EXSA.  Se trata de un perímetro cercado y rodeado de roscas de alambre de púas, en el que destacan varios puntos de vigilancia, elevados y resguardados por saquillos de arena. Varios policías, protegidos con cascos y armados con fusil, inspeccionan cada vehículo que pasa por la vía y toman los datos de cada uno de sus ocupantes.

Pueblo shuar pide la libertad de su presidente

A diferencia de los comuneros y colonos que habitan en el área de concesión del proyecto San Carlos-Panantza, el pueblo shuar de Morona Santiago está medianamente organizado. Así lo sostiene Ruperto Tsanimp, presidente encargado de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FISCH). Tsanimp, quien se desempeñaba como dirigente de tierras, es el reemplazo temporal de Agustín Wachapá, presidente de la federación detenido desde el pasado 21 de diciembre tras un allanamiento a la sede de la organización en Sucúa, norte de la provincia. Wachapá está acusado de incitación a la discordia, por un post publicado en Facebook, en el que desconoce al presidente Correa, pide la salida de los militares y la movilización de la Amazonía y el país. “La Nacionalidad Shuar y Achuar jamás se rendirá y peor entregará las minas de nuestro territorio. Retroceder nunca. Rendirse jamás”, apunta parte de la publicación.

Tsanimp despacha en la oficina de la Presidencia de la FISCH, donde aún perduran las secuelas del allanamiento policial del 21 de diciembre pasado. A primera vista se observa una puerta rota y un escritorio vacío tras la incautación del computador. “Forzaron todas las puertas y se llevaron otras computadoras”, sostiene Tsanimp, quien luego comienza una larga exposición sobre los problemas que enfrenta el pueblo shuar de Morona. Según dice, en la provincia existen 500 comunidades y 46 asociaciones, que reúnen a 120 000 habitantes afiliados a la FISCH. Ellos conforman las bases de la federación y la voz dirimente en toda posición que adopta la organización. Pero la vigencia del Estado de Excepción, que restringe el derecho a la libre circulación y reunión, a la inviolabilidad del domicilio y a la libertad de expresión e información, impide que sesione una gran Asamblea que planea reunir a más de 600 dirigentes.

A diferencia de los presidentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), Jorge Herrera y Marlon Vargas respectivamente, y de su antecesor Agustín Wachapá,  el titular encargado de la FISCH Ruperto Tsanimp concuerda con el desalojo de la comunidad de Nankints, pues dice que se había asentado en terrenos comprados por la empresa EXSA. “Respetamos la propiedad privada”, refiere. Aunque alerta que esa posesión de 80 hectáreas es la puerta de entrada para ocupar los territorios del pueblo Shuar-Arutam.

La liberación de Wachapá es clave para bajar la tensión

La falta de comunicación directa entre la directiva de la FISCH y sus bases, ha ocasionado desinformación y desconfianza en las comunidades shuar que se encuentran en la zona de influencia del proyecto San Carlos-Panantza. Según asegura el presidente encargado, hay temor de que se infiltren informantes, e incluso una comitiva de la federación que visitó varias semanas atrás a algunas de las comunidades ubicadas en la zona del proyecto les explicó que no debían ceder y ponerse a favor del gobierno. “Ellos dicen: ‘Nosotros somos guardianes del bosque amazónico, nosotros tenemos que defender nuestro territorio”, señala Tsanimp. Consultado sobre el asesinato del policía Mejía, que el gobierno atribuye a un grupo shuar armado, el titular de la FISCH dice que la directiva desconoce del asunto, aunque duda de la culpabilidad de indígenas de su nacionalidad, dado que no manejan armamento de grueso calibre.  De igual forma, Tsanimp  ignora los detalles de la retención de dos militares en la parroquia shuar de Taisha, al norte de la capital provincial, Macas. Se trata de los oficiales Luis Rodríguez y Paúl Pazmiño, retenidos durante ocho días por “un pequeño grupo armado irregular”, en palabras del ministro de Defensa Ricardo Patiño, que pretendían canjearlos con un detenido. Tras esa insinuación del gobierno, trascendió de manera extraoficial que se buscaba un canje por el presidente electo de la FISCH Agustín Wachapá, aunque ningún funcionario lo dijo de forma explícita.

Tanto el ministro Patiño, como el ministro Coordinador de Seguridad César Navas, han sostenido que el grupo responsable del secuestro no representa a la comunidad shuar. Incluso Patiño agradeció a dirigentes de la parroquia Taisha, que sirvieron como mediadores para la liberación pacífica de los subtenientes. “Organizaciones de la zona entendieron que no podían permitir que se confunda esta acción de este grupito con toda la comunidad”, aseveró el Ministro de Defensa el pasado 30 de enero. “Entiendo que la Fiscalía ha emitido boletas de detención para los presuntos sospechosos de este secuestro”, añadió.

Unos días antes, en una rueda de prensa conjunta con Patiño, el ministro César Navas se refirió a la declaratoria de Estado de Excepción. “Hemos tratando de ir modulando y focalizando el Estado de Excepción a las áreas de mayor impacto, con una intervención donde Policía Nacional y Fuerzas Armadas que ha recuperado la convivencia social pacífica en poblaciones de San Carlos de Limón”, sostuvo. Ni Patiño ni Navas se refirieron a las denuncias de la dirigencia indígena sobre el desplazamiento de comunidades shuar a causa de la militarización. Organizaciones como la CONAIE han pedido la intervención de instancias como la ONU y el Vaticano dentro del conflicto por la minería a gran escala, pero la posición que ha dejado claro el presidente Correa, es que no entablará ningún diálogo hasta que se capture al responsable de la muerte del policía José Mejía.

Tensión se trasladó de San Carlos-Panantza a Taisha

Dos días antes de la liberación de los militares, un equipo llegó hasta la entrada de la parroquia Taisha, una vía de lastre de 87 kilómetros, cuyo ingreso se encontraba bloqueado por un centenar de efectivos del ejército. Ese sector y el de la comunidad de San Carlos, fueron los únicos sitios militarizados identificados durante el recorrido por la provincia. En el trayecto a Taisha, varios indígenas shuar de poblaciones aledañas mostraron su preocupación por las restricciones de circulación. Por ejemplo, Samuel Awanch de la comunidad Tutinentza, no lograba encontrar un vehículo que lo acerque a él, a su esposa y bebé hasta su domicilio, y en medio de una lluvia torrencial, se refugiaba en los vestigios de una construcción abandonada. “En Taisha está todo tranquilo, no hay alarmas. El único problema es que no entran carros”, sostuvo y añadió que no entiende las razones de la captura del titular de la FISCH. “Es absurda esta militarización del Estado”, dijo por su parte Manuel Najandey de la comunidad de Cuchaentza. Según sostuvo, a falta de medios de transporte, tuvo que caminar tres horas en medio de la lluvia para salir a la carretera principal. Así mismo, se quejó por la detención de Agustín Wachapá.  “Tiene que concientizar el Gobierno Nacional para soltarnos a nuestro presidente”, exclamó. Es que la detención de Wachapá ha causado desazón en el pueblo shuar, además ha incrementado el abismo con el gobierno nacional, que ha cerrado cualquier posibilidad de acercamiento mientras no se capture a los culpables del crimen del policía. Ruperto Tsanimp teme que esa posición del estado conduzca a una guerra civil y asevera que es necesaria la liberación de Wachapá para bajar la tensión del conflicto.

El llamado de Tsanimp tiene especial significado para la familia del detenido, sobre todo para su esposa, su bebé de cuatro meses y su madre, que ven pasar los días entre carencias e incertidumbre. Ambas están alojadas en las instalaciones de la FISCH, en de los cuartos ubicados en la parte posterior del establecimiento, y cuentan con apenas un colchón, unas sillas plásticas, una cocineta y unas ollas vetustas donde cuecen los pocos alimentos que les proporcionan sus familiares cercanos. Es que Agustín Wachapá era su sostén. Según relata su esposa, Tania Shiki, se encontraban en esa habitación cuando llegó un grupo de policías fuertemente armado, que entró por la puerta y la ventana, y los esposó a ambos y dejó al bebé botado en el colchón. “Mi hijo está enfermo, no sé cómo curarle, se me espantó, pasa temblando. No sé por qué entraron agresivamente a cogerlo a mi marido como que fuera un delincuente. Él no tiene nada que ver con el caso de Nangaritza (Nankints)”, dice Shiki entre lágrimas. Mientras que su suegra, una anciana de 79 años que no habla español, expresa su dolor e indignación en su lengua natal: el shuar. “Ella dice que Agustín es su último hijo y que en caso de enfermedad ha sido el que la ha atendido y ahora no cuenta con su apoyo. Dice que él no es un criminal, no es un delincuente ni un ladrón, entonces por qué tuvieron que detenerle. Le pide al presidente Correa que se sensibilice y le dé la libertad”, alcanza a traducir Gabriel Unup, hermano de Agustín, quien por un error del Registro Civil lleva un apellido distinto.  “Queremos como familia y como pueblo que de forma inmediata le den la libertad, porque no tienen razón alguna para que esté detenido en la cárcel”, dice por su cuenta Unup. “Lo tienen secuestrado”, aseveraron en repetidas ocasiones otros miembros de la familia que estaban presentes.

“Un saludo fraterno desde la región Sierra. Hoy como presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar, privado de libertad por este gobierno que ha tratado de buscar los intereses de su bolsillo, mientras el pueblo shuar ha defendido los intereses colectivos (…) Hoy más que nunca quiero recalcar ante diferentes instancias nacionales e internacionales, la violación de los derechos consagrados en la Constitución”, dice parte de un mensaje de voz grabado por Agustín Wachapá desde la cárcel de Latacunga y que fue difundido el miércoles anterior por redes sociales y la radio La Voz de Arutam, emisora de la FISCH que suele mantenerse al margen de los temas noticiosos y que cuenta con una programación principalmente cultural, según explicó uno de sus operarios Bartolomé Kumpanam.  Pero el mensaje de Wachapá, que llamó a defender el “pulmón de la Amazonía” y que se dirigió a su pueblo en su lengua, provocó el disgusto del gobierno y un nuevo allanamiento de la federación, esta vez a la cabina de la radio, donde incautaron todos sus equipos de transmisión. “El pueblo Shuar es permanentemente violentado en sus legítimos derechos por parte de un estado que demuestra su incapacidad para resolver conflictos generados por él mismo al militarizar los territorios de las nacionalidades”, sentenció la CONFENIAE en un comunicado en el que rechazó la irrupción. Un capítulo más de una pugna que no encuentra vías de solución.

 

 

Este artículo fue realizado por LaHistoria.ec para Mongabay Latam