
Su periodo en el cargo termina en el mes de abril, pero qué va a pasar, porque el Consejo de Participación Ciudadana, encargado de realizar el concurso para designar su reemplazo, ni siquiera da luces que indiquen que el proceso ha arrancado. ¿Tendremos por más tiempo a Diana Salazar como Fiscal General, pasado abril?
Esa es una pregunta que el Consejo de Participación tiene que responder, porque los procesos son totalmente independientes y nosotros, me refiero a la fiscalía general del Estado como institución, no como la persona Diana Salazar, vamos a precautelar que la institucionalidad se mantenga, que los casos no corran ningún riesgo y, sobre todo, que el proceso de transición pueda ser manejdo de forma ordenada.
¿Eso significa que usted entregará el cargo cuando tenga a la persona designada?
Eso significa que la institución va a continuar trabajando como desde el primer día.
No se recuerda un periodo de la Fiscalía tan prolífico en cuanto a resultados y, sobre todo, relacionados a peces gordos que han sido sentenciados. Algunos están prófugos, otros encarcelados, muchos relacionados con la política y la justicia. De todos los casos que usted ha manejado, ¿hay, tal vez, un caso en especial que usted lo considere emblemático?
Los casos que manejamos acá en la Fiscalía, al tratarse de delitos, no podrían llamarse emblemáticos, porque emblemático es un ejemplo. Los llamamos casos de connotación y casos complejos también, que hemos tenido que vivir durante todos estos años. El primer caso de connotación y que hemos obtenido una sentencia en la que algunos
ya han cumplido la misma, otros que la siguen cumpliendo y algunos que están prófugos, es el caso Sobornos. También tenemos los casos relacionados con el ex Contralor General del Estado, con el ex Defensor del Pueblo…pero usted me dice relacionados con políticos o con peces gordos, eso pasa porque el cargo de Fiscal General conoce personas de esa magnitud. Porque nosotros investigamos, y me refiero al despacho de la Fiscalía General, investigamos personas que tienen fuero de Corte Nacional y que únicamente pueden ser investigadas por la máxima autoridad de la institución.
¿Qué tan difícil es enjuiciar a un Presidente en la República?
Es muy complejo por todo lo que implica, sin embargo, gracias al trabajo en conjunto que hemos realizado con mi equipo de investigación, con el equipo de analistas, con el equipo de la Policía, hemos logrado obtener los resultados que la ciudadanía puede ver ahora.
Usted no se lo piensa mucho, antes de decidir, «voy a investigar a fondo a un Presidente de la República», porque ha sido más de uno.
Ha sido nuestra obligación, para eso fui designada por parte del Consejo de Participación y posesionada en la Asamblea Nacional. No tenemos que ver si es un Presidente de la República o es un asambleísta, tenemos que ver los hechos y qué es lo que ha realizado cada una de las personas. Y después poner sobre la mesa y presentarlo ante los
jueces.
¿Usted siente, al final de su gestión, que algo le faltó y le queda eso pendiente, una deuda para el país?
Tengo la tranquilidad de que hemos cumplido con nuestro labor. Le hemos dado más allá de lo que se debería, 24/7 hemos estado al frente de esta institución. No solamente como máxima autoridad, sino también todo el equipo que está detrás, porque en muchas ocasiones no se ve a aquellas personas que se sientan a mi lado, y aquellas que no se sientan a mi lado y que se encuentran acá en el edificio, procesando, manejando, el equipo de comunicación, todas las personas que trabajan día a día. Por lo tanto, yo pienso que no quedan deudas, refiriéndome a lo procesal. Pero desde el ámbito administrativo, creo que siempre queda temas por hacer. Y sobre todo por la falta de presupuesto y autonomía, que es algo que lo hemos venido luchando, golpeando puertas. Hemos avanzado, sí, pero quedan cosas por hacer.
¿Usted puede decir cómo quedan los niveles de impunidad en comparación a cómo usted encontró la Fiscalía hace seis años?
No soy yo quien tiene que decir eso, sino la ciudadanía. La ciudadanía va a calificar la gestión de esta administración y las pruebas están, los resultados están a la vista de todos.
¿Por qué es tan difícil recuperar el dinero de la corrupción?
Es complicado porque se idean formas complejas y entramados, pero en eso estamos. Por ejemplo, el caso Sinohydro, uno de los casos más complejos y que muchos han criticado a la Fiscalía porque se ha demorado, le ha tomado tiempo. Pero resulta que las operaciones se realizan a través de entidades que se encuentran en otros países. Ahí radica la dificultad de hacer el seguimiento del dinero. Sin embargo, lo hemos logrado y se ha presentado las acusaciones ante los jueces cuando corresponde.
¿Cuándo el dinero de la corrupción es llevado a otros países, a paraísos fiscales, es factible que ese dinero algún día regrese al Ecuador?
Depende mucho de la cooperación internacional. Recordemos que no tenemos la posibilidad de ir a un país y decir esto es le corresponde al Ecuador. Hay que realizar actividades a través de convenios de cooperación, memorandos de entendimiento y relaciones internacionales, pero la labor de la fiscalía concluye cuando se obtiene una sentencia. Una vez que hemos obtenido la sentencia, el proceso de recuperación total ya no le corresponde a la Fiscalía, sino a la Procuraduría General del Estado como representante del Ecuador. Sin embargo, nosotros entregamos los insumos cuando se requiere para este trabajo en conjunto.
Ecuador está en la lista de los países más violentos del mundo por sus altas tasas de criminalidad. ¿Por qué en el Ecuador es tan complicado llegar a determinar a los autores intelectuales de los crímenes? Normalmente se captura a los autores materiales, a los que ejecutaron el crimen. Pero llegar a determinar la autoría intelectual es algo que se ve bastante complicado. ¿Faltan recursos?
Ese es un desafío que tenemos desde el ámbito investigativo. Están las unidades especializadas para llegar a establecer que en aquellos casos relacionados con el sicariato no se quede ahí. Usted tiene toda la razón cuando dice que los autores materiales son capturados. Y sin embargo, siempre generalmente queda la deuda de los autores intelectuales, pero a ¿qué se debe? A estas estructuras complejas que tienen escuela de sicarios y que no saben realmente quién los contrata. Entonces se va «tercerizando», por llamarlo de alguna manera, de una persona a otra persona y a otra persona, y muy difícilmente el autor material conoce quién ordenó realizar esto. Porque siempre va a existir un intermediario, que en ocasiones los realizan desde los centros de privación de libertad. Desde ahí vienen las órdenes. En algunos casos hemos visto que alcanzan a escuchar algo los sicarios. Y dicen bueno, este trabajo lo mandó a hacer tal o cual persona. Pero de ahí, a obtener realmente la prueba, hemos tenido muy pocos casos. Si han habido casos en que se llega a descubrir los autores intelectuales y otros, que continúan los procesos de investigación.

En el caso del crimen de Fernando Villavicencio hubo la expectativa de que la intervención del FBI tal vez iba a conseguir resultados. ¿Ha servido la ayuda del FBI?
El caso de Fernando Villavicencio sobre los autores intelectuales no se ha cerrado, continúa aún en su fase de investigación, y por lo tanto, no podemos referirnos a aquellos elementos que la Fiscalía continúa aún aportando y acopiando.
The Economist publicó en noviembre del año pasado que Ecuador es un narcoestado. Pero la misma revista británica publicó en febrero de este año que usted es la mujer más valiente de América Latina, resaltando el trabajo que usted ha hecho. ¿Cómo compagina estas dos noticias? Por un lado, la primera es desoladora, por otro lado, la segunda da un halo de esperanza.
Justamente, me quedo con la segunda parte, un halo de esperanza. Yo pienso que no todo está perdido. Creo que, si bien, las organizaciones criminales y el narcotráfico han tratado de permear a la institucionalidad, de permear al Estado, no lo están logrando y es precisamente por la resistencia que estamos dando frente a estos grupos criminales. A qué me refiero: cuando hemos develado aquellas tramas que involucran al narcotráfico con la institucionalidad, tenemos como resultado ataques, persecución, amenazas e intimidación. ¿Por qué? Porque el narcotráfico no quiere que las instituciones hagan su trabajo. Pero lo estamos haciendo. Estamos aún a tiempo de rescatar al Estado y ojalá al país. Y ojalá que no caigamos precisamente en esas manos.
¿Usted no comparte la versión de The Economist, que somos un narcoestado?
No puedo decir que comparto o discrepo. Simplemente, esta es mi visión desde mi ámbito que es la investigación. Yo considero que las instituciones estamos luchando, haciendo el trabajo que corresponde. Es muy complicado, sí, porque dentro de las propias instituciones tenemos a personas que ya están también cooptadas por estas organizaciones. Y esa es una deuda que tenemos y que lo hemos iniciado. Por ejemplo, el caso Metástasis. Esa es la mayor prueba de cómo el narcotráfico ha permeado a las entidades del Estado, ya sea Función Judicial, Policía, el SNAI, incluso algunas plataformas de comunicación que también han tenido relación con estos grupos. Entonces, ¿cuál es nuestra labor? Develar. Poner ante los jueces las evidencias que tenemos y que la ciudadanía diga: Ok, no queremos que el Estado sea cooptado por esto, y sobre todo en los partidos políticos. Eso es muy importante.
Por cierto, hablando de Metástasis, el Tribunal de la Corte Nacional determinó en su sentencia que quedan delitos pendientes por investigar.
Y que ya lo estamos investigando también, estamos cumpliendo con una disposición judicial y aún antes de esa disposición de la sentencia, ya hemos nosotros iniciado las investigaciones que corresponden.
¿Metástasis es un caso aislado? ¿En qué nivel estamos contaminados?
Ese es el caso que hemos podido nosotros demostrar ante los jueces y con pruebas reales, por eso tenemos una sentencia. Por supuesto que habrán muchos más, aquellos otros que también están en etapa de investigación y algunos otros que ya han sido procesados. Sin embargo, Metástasis es el más visible. ¿Por qué? Porque implicó a altas autoridades, a estamentos, ya sea de la política, de la Función Judicial, de la Policía. Por eso es, pero a diario, por ejemplo, desde las unidades especializadas que luchan contra la delincuencia organizada, se están revelando tramas de
este tipo.
¿Cuál es la verdadera dimensión del delito de lavado en Ecuador? Porque usted mencionó, por ejemplo, partidos políticos, pero también se habla mucho de hasta equipos de fútbol, negocios inmobiliarios, de carros, empresas.
Y ese también es un trabajo muy difícil y que se ha visto hasta cierto punto invisible. Recuerde usted que hace un par de años, Ecuador pasó el examen relacionado con el análisis sobre la lucha del lavado de activos. Tuvimos una muy buena calificación, y esto sí lo digo con ocho orgullo, gracias a la acción de la Fiscalía que ha tomado muy en serio la investigación relacionada con el lavado de activos. Hemos fortalecido la Unidad Especializada en este tema, que cuenta también con el apoyo de analistas financieros, pero siempre tenemos esta dinámica que nos enfrentamos a aquellos poderosos estudios jurídicos que defienden a los grandes lavadores de dinero. Entonces, ¿cuál es el desafío que tienen los jueces para llegar a tomar una decisión basados en la evidencia, en las pruebas que se presentan? Ya sean movimientos financieros, el análisis de las actividades que realizan, las investigaciones, las fuentes del origen que no pueden justificar o que tienen origen relacionado con actividades como el narcotráfico, pero en ocasiones nos encontramos con temas como que no son acogidos estos elementos. ¿Por qué? No por falta de conocimiento, no por falta de pruebas, sino porque influyen otros factores, ya relacionados con la corrupción que impiden que podamos caminar en ese tema. Por ejemplo, Metástasis también develó la actuación de los abogados en el ejercicio profesional y no estoy de ninguna manera satanizando la profesión. Yo soy abogada también, soy una jurista, pero sí hemos puesto sobre el tablero como actúan las estructuras, los estudios jurídicos para defender a sus clientes de cualquier manera. Todo vale. Eso es lo que se develó en Metástasis, y también en otras tramas como Purga, Plaga, que
involucran a temas relacionados con la Función Judicial.
¿Cómo evalúa usted el papel que cumple en temas de lavado de activos, la Superintendencia de Bancos? Vimos en el caso Ligados que este es un cargo que está en disputa y los consejeros del CPCCS querían poner a su Superintendente de confianza o cercano, por alguna razón.
Todas las Superintendencias son importantes para combatir el lavado. Por eso son órganos de control, y ahí el papel que desempeña cada uno, antes o después, le corresponde responder a esta pregunta a cada uno de los actores. Nosotros desde la Fiscalía hemos cumplido con lo que corresponde, fortaleciendo, como dije, la unidad Antilavado de Activos, presentando los casos ante los jueces, obteniendo sentencia y hemos sido observados por el GAFILAD con buenos resultados.
¿Cuáles cree usted que son sus peores enemigos, los narcos o los políticos?
Yo no sé quiénes son mis enemigos. Esa habría que preguntárselo a ellos. Lo que sí puedo decir es que yo he luchado contra la impunidad y contra el delito. Eso son los enemigos a combatir.

¿Usted cree que vamos a ganar la guerra contra las mafias?
Siempre que la institucionalidad y que los ciudadanos tengan conciencia a lo que nos estamos enfrentando y que no nos atemoricemos. Pero también que tomemos con responsabilidad y con seriedad esta problemática y, también, no dejarnos engañar. Buscar las alternativas y confiar en las personas para poder hacer las cosas.
¿No será el momento, tal vez, de considerar otro tipo de salida o solución, como propone Petro en Colombia, legalizar las drogas?
La Fiscalía está para perseguir al delito. Todas aquellas conductas que se encuentren tipificadas en el Código Penal como tales, la Fiscalía las va a tener que perseguir siempre.
¿Cuál es el método que usted tiene para procesar los ataques en su contra? Le han dicho de todo. Se han metido con usted, con su familia, con su tesis…¿no le dan ganas de responder con el mismo tono?
De ninguna manera. Yo no me puedo rebajar y ponerme al nivel de los delincuentes o de las personas procesadas.
Llama la atención su nivel de protección y de seguridad. ¿Cómo duerme usted sabiendo que afuera hay personas que quieren hacerle daño?
Duermo con la conciencia tranquila porque hago lo correcto. Todas mis actuaciones han sido basadas en la verdad y sí, hay que tomar precauciones, por supuesto. Creo que tampoco se ha visto antes el nivel de exposición de riesgo a diario y las alertas que recibimos sobre presuntos temas que están organizando. Pero esto se debe al trabajo que estamos haciendo y esa es la mayor muestra de que las organizaciones criminales se encuentran preocupadas.
¿Cómo volver a un ritmo de vida normal cuando deje el cargo?
Bueno, tenemos ya un plan, obviamente con un nivel de seguridad, vamos a ver cómo el Estado responde frente a este desafío, porque va a ser un gran desafío también mantenernos a salvo. Pero tengo siempre la confianza y yo creo en Dios. Yo soy una mujer de fe y si él me puso, él me va a sacar, me refiero a Dios y así vamos a continuar. Estaré hasta cuando él lo decida.
¿Y tiene definido usted qué va a hacer después?
Por supuesto, tenemos ya planes.
¿Cuál es el plan?
Ya tenemos los planes, que son al momento de manera familiar, devolverle el tiempo a mi familia.
Hubo bastante gente esperanzada en que usted dé el salto, de su función pública a la arena política. Pero usted no se animó. ¿Por qué?
Porque yo fui designada como Fiscal General y estoy dedicada a realizar investigaciones. Yo tengo una máxima: que mientras estoy concentrada en algo hay que hacerlo bien, dedicarme a eso. También tome en cuenta que eso pudo haber sido un distractor para decir, bueno, le vamos a decir que se dedique a la política, para que deje de investigar y nos quedamos tranquilos. Entonces estoy terminando las funciones de seis años, vamos a ver qué es lo que sucede más adelante, pero yo siempre digo que la función Judicial y la política no tiene que estar mezclada. Hay que separar esos temas. Un funcionario judicial no puede ser un político a la vez.
¿Y ahora que deje el cargo, no dirá de esta agua no beberé?
En este momento estoy todavía como Fiscal General y, como le acabo de decir anteriormente, tengo que devolver el tiempo a mi familia.