4000 hectáreas en la parroquia El Morro del cantón Guayaquil están en pugna durante 10 años. Todo comienza por el ofrecimiento de la Revolución Ciudadana de expropiar estos predios para entregarlos a migrantes con el objetivo de que los hagan producir. El Plan Tierras de ese gobierno fracasó y con el transcurso del tiempo nuevos actores incursionaron en la disputa de la hacienda Ayalán. Ahora sus propietarios, camaroneros y migrantes retornados tienen papeles a su favor y reclaman tener derechos sobre el bien. El Ministerio de Agricultura ha decidido retomar el plan inicial con los migrantes, pero antes debe resolver todo un entuerto jurídico creado por esta misma oficina, durante distintas gestiones.
Por Marlon Puertas
Devastar un bosque nativo cuesta USD 2 millones en Ecuador, pagados con fondos públicos. Eso ocurrió en la hacienda Ayalán, ubicada en la parroquia El Morro del cantón Guayaquil. Un amplio terreno de no muy fácil acceso al que se llega por la vía a Playas y en el que a primera vista todo parece ser una extensa zona que no está siendo plenamente aprovechada. No quedan mayores indicios de que aquí, hace apenas 9 años, todavía se podía apreciar el color verde de un amplio bosque, que además era el refugio natural de animales silvestres que ahora ya no se ven más. Las afectaciones a la naturaleza resultan irreversibles.
Y todo ese daño tuvo financiamiento del Ministerio de Agricultura, que en 2013 contrató el desbroce del bosque con un presupuesto de USD2 millones por un total de 3500 hectáreas. Un monto que no deja de llamar la atención a José Ignacio Jorgge Bejarano, quien conoce muy bien de los valores que se pagan por hectárea para dejar libre el terreno y listo para futuras siembras. «Allí hubo un sobreprecio descomunal», opina sobre lo que se pagó para eliminar los árboles en terrenos que siguen siendo de su propiedad, hasta hoy. Esto último es el segundo aspecto irregular de este tema: el ministerio de Agricultura disponiendo de los terrenos de una hacienda que todavía tiene otros propietarios, miembros de la familia guayaquileña Jorgge. El tercer punto que llama la atención es la cantidad que el Estado pretendió pagar por esta inmensa zona, en un proceso de expropiación y posterior mediación: menos de lo que canceló por el desbroce, USD1 millón quinientos mil dólares, cantidad que no ha sido aceptada por sus legítimos propietarios.
Todos estos detalles forman parte de un largo proceso en el que participan varios actores que intentan convertirse en los protagonistas principales y finales de lo que ya parece una película de suspenso que no tiene desenlace.
A NOSOTROS NOS OFRECIERON EN ESPAÑA
Si en algo coinciden los migrantes retornados que se reunieron en el Terminal Terrestre de Guayaquil para contar sus testimonios sobre este tema, es que todos ellos estaban por su cuenta trabajando duro en España -allá por los años 2000 al 2010- para intentar enviar algo de remesas a Ecuador, como parte de esa inmensa ola de compatriotas que salieron expulsados del país por el congelamiento de depósitos y la crisis bancaria.
Fue así que por el 2012 llegaron a Madrid, Barcelona y otras ciudades españolas, funcionarios del gobierno de Rafael Correa para hacerles un ofrecimiento tentador: que regresen a Ecuador para ser propietarios de tierras agrícolas. María Cisneros emigró cuando tenía 23 años y su primer trabajo fue cuidar ancianos y hacer limpieza por lo que ganaba 600 euros al mes. No era mucho, pero ella conseguía sobrevivir en la cara Europa. Después fue camarera de hotel, cajera de supermercado, niñera. Hizo de todo. Hasta que a los diez años de haber llegado a España se enteró de la oferta de retorno con propiedad incluida, tal como lo pintó el gobierno de la Revolución Ciudadana. Esta milagreña ahora asegura que se lo creyó todo, razón fundamental que tuvo para finalmente emprender el regreso.
Así como ella, Leonardo Díaz, Jorge Ricaurte, Issac Chumbay y algunos más como Lorena Alarcón, que a diferencia de sus compañeros, migró hasta Houston, Estados Unidos, cruzando en un bote el río fronterizo al salir de México. Esta mujer de 52 años y oriunda de Naranjal, llegó con el trabajo asegurado en un chifa, como parte del paquete de servicios ofrecido por un coyotero de Quito. Lo primero que ganó fue para pagar su deuda con el traficante de personas.
Historias así se repiten con frecuencia. Pero los que regresaron convencidos con los ofrecimientos, fueron alrededor de 400. Con el paso de los años, la mayoría perdió las esperanzas y dejaron abandonada la causa; incluso unos cuantos volvieron a migrar. Ahora son alrededor de cien los que siguen pendientes para que se concrete la promesa que les hicieron hace una década. Pasó el gobierno de Correa, terminó el gobierno de Moreno y ahora tienen la esperanza de que sea el gobierno de Lasso el que los haga propietarios de las tierras de Ayalán. Aunque Lasso nunca les ha ofrecido nada.
El proyecto político «Plan Tierras» se puso en marcha el 22 de agosto de 2012 por Resolución Nº 295 del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, con la que resuelve declarar de interés social y de ocupación inmediata el predio denominado Hacienda Ayalán, en una superficie de 4.137,40 hectáreas en la parroquia rural El Morro, cantón Guayaquil, provincia de Guayas. Meses después, en enero de 2013, la embajadora de Ecuador en España, Aminta Buenaño, les decía a los migrantes que la idea era que la tierra sea de quienes la trabajen: «Estamos pendientes todos en el gobierno de que este proyecto se haga en su debido tiempo», prometió.
El siguiente paso fue presentar por parte del Ministerio de Agricultura la demanda de expropiación. Eso ocurrió el 17 de junio de 2013, recayendo el libelo en el juzgado séptimo de lo Civil de Guayas, que al admitir a trámite el proceso ordenó la ocupación inmediata por parte del Proyecto Unificado de Acceso a Tierras y Productores Familiares, sobre la totalidad del inmueble materia de expropiación. Con la demanda planteada y la consignación respectiva, vía transferencia bancaria a la cuenta del juzgado, se evidenció la acreditación de USD1´521.901,00, con fondos del Ministerio, pidiendo la expropiación urgente del inmueble de 4.137,40 hectáreas de propiedad de la compañía Valoriani.
Pese a estar acreditado en el juzgado el valor determinado por avalúo catastral de estas tierras, los propietarios de la empresa Valoriani, se negaron a cobrar. Entonces se llegó a un punto muerto.
Mientras esto ocurría, ese mismo año 2013, un nuevo actor se sumó: la empresa camaronera Cofimar pagó a Valoriani USD200.000 por una promesa de compraventa de 600 hectáreas de Ayalán, que formaban parte de las 4137 hectáreas declaradas de interés social y demandadas en expropiación por el Ministerio de Agricultura. El negocio pretendido de la camaronera era por un valor total de USD1.200.000 y los USD200.000 eran un anticipo, explica el abogado de la empresa, Xavier Valverde. Desde entonces, esta empresa ocupó los terrenos y ha invertido más de USD10 millones para la producción acuícola que no ha parado, relata Valverde. El propio Ministerio de Agricultura le ha concedido vía adjudicaciones más tierra a esta camaronera, a razón de un valor de USD148 por hectárea, «que es lo que establece la ley. No hay cómo pagar más ni menos», sostiene el abogado Valverde.
Ya para 2014, el gobierno de Correa se preocupó de que no avanzaba la expropiación y la ofrecida entrega de las tierras a los migrantes. Fue el Canciller Ricardo Patiño el que llegó a Madrid para poner excusas y justificar «que no podemos estar en todo». Reconoció las fallas y «hablar otra vez de una hoja de ruta ya me da hasta vergüenza».
Pero ni Patiño pudo hacer nada. El juicio de expropiación en Ecuador se fue de largo y no recibía sentencia «porque los jueces sabían que incurrirían en una ilegalidad si concretaban ese despojo», dice José Jorgge, de la empresa Valoriani, propietaria de la hacienda Ayalán.
Lo que sí ocurrió fue que mediante Acta de Acuerdo Total de Mediación No. 0010-CMAT-2016-QUI del 17 de enero de 2017, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca y la compañía VALORIANI S.A., arribaron a un consenso en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado, bajo el amparo jurídico otorgado por la Procuraduría General del Estado, mediante oficio No. 09122 de 13 de enero de 2017. Parecía que por fin se pondría fin al conflicto de tierras en Ayalán pero eso apenas fue la expectativa. La realidad fue diferente.
La realidad fue que un mes después del acuerdo de mediación, el 21 de febrero de 2017, la Autoridad Agraria Nacional otorgó Actas de Ingreso para Labores Agrícolas sobre el predio de Ayalán a un grupo de diez Asociaciones Campesinas y una cooperativa. Quienes formaban parte de estas asociaciones comenzaron a llegar a estas tierras y empezaron a sembrar. Ellos aseguran que los terrenos son fértiles y producen desde maíz, plátanos, uvas y otras frutas. Cuentan para ello con un canal de riego que cruza la propiedad.
En marzo de 2017, el juzgado Civil de Guayaquil dispuso el archivo del juicio de expropiación debido al desistimiento de las partes. Pero el acuerdo firmado por la Mediación de la Procuraduría tampoco se ejecutó, según José Jorgge, «por incumplimientos de la otra parte». Una vez más, el Estado ha intentado pagar lo establecido en la Mediación, pero Valoriani se rehúsa a recibir el dinero.
El golpe de timón lo dio en su último acto la ex ministra de Agricultura Tanlly Vera, quien renunció el 15 de septiembre de 2021 y, un día antes, el 14 de septiembre, decidió “revertir la declaratoria de interés social y ocupación inmediata del predio denominado hacienda Ayalán, realizada mediante resolución administrativa N. 527 de 08 de noviembre de 2013 y resolución administrativa 301 del 21 de julio de 2014. Disponiendo la devolución del predio de la hacienda Ayalán a favor de la compañía VALORIANI S.A.”.
Esta acción de salida de Vera tomó por sorpresa a todos. En virtud de dicha resolución comenzaron a la par procesos de revisión de adjudicaciones de terrenos de Ayalán hechas a camaroneras en el año 2021. Estas empresas se defendieron y presentaron pedidos de medidas cautelares autónomas. Un juez de Samborondón se las concedió.
En septiembre del año pasado comienza también a intervenir en este tema el asambleísta de Pachakútik, Ricardo Vanegas. Su primera acción fue pedir información al recién llegado ministro de Agricultura, Pedro Álava, quien en noviembre de 2021 resolvió dejar sin efecto la resolución de Tanlly Vera en la que revertía la declaratoria de interés social de Ayalán y ordenaba devolver el predio a sus dueños.
El asambleísta Vanegas dice que interviene en este caso porque se trata de claros intereses de «los traficantes de tierras». Ni siquiera valida que las organizaciones que buscan ser adjudicadas estén integradas por migrantes retornados, sino por aprovechadores que andan buscan terrenos para invadirlos, en una práctica recurrente. Y que no defiende a las camaroneras, sino la seguridad jurídica.
El ministro Álava estuvo hasta mayo de 2022. Desde el 4 de ese mes, se sumó otro actor, el nuevo ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, quien reconoce que quienes estuvieron al frente de esta Cartera antes no hicieron bien las cosas y enredaron todo en Ayalán. Ahora, con Manzano al frente, el Ministerio ha comenzado procesos de reversión de adjudicaciones hechas con irregularidades a empresas camaroneras. Un informe establece que “con base a la información remitida por la Dirección Distrital Guayas, esta Subsecretaría ha podido advertir irregularidades en los procesos de adjudicación realizados dentro del predio Ayalán, toda vez que los mismos fueron tramitados por posesión agrícola, cuando en realidad debieron tener un tratamiento como procesos de redistribución”. Adicionalmente, solicitó que se inicien los procedimientos administrativos de Revisión de Oficio contra los predios adjudicados dentro del predio Ayalán.
El propósito del ministro Manzano es que finalmente se concrete el ofrecimiento que se les hizo a los migrantes retornados y adjudicarles las tierras, una vez solucionado también el eterno conflicto con la empresa de la familia Jorgge, que sigue latente.
Por este hecho, el asambleísta Ricardo Vanegas, quien está a favor de las camaroneras, ha puesto en la mira al ministro Manzano. Y ha comenzado a recoger firmas para llevarlo a juicio político y conseguir su censura y destitución. Todo un propósito que lo justifica con la causal de incumplimiento de funciones. Manzano, por su parte, sostiene no estar amedrentado y lo toma casi como una consecuencia normal de topar fuertes intereses. Y por si no bastara todo el enredo legal, la Fiscal Diana Salazar sumó un hilo más, al abrir en agosto pasado una indagación previa por el supuesto delito de tráfico de influencias.
La familia Jorgge, por su lado, en su balance solo acumula pérdidas: «Con este cuento destruyeron 3500 hectáreas de bosque seco, guayacanes, algarrobos, cultivos, 200 hectáreas de maíz, 80 bovinos, 300 cabras, 10 hectáreas de papaya. Están ocupando y viviendo en mi casa. Millones de dólares se han esfumado», se queja Jhonnie Jorgge Álava.
