Las cartas están sobre la mesa. El oficialista Lenin Moreno o el opositor Guillermo Lasso. Uno de los dos ocupará el sillón de Carondelet durante los próximos cuatro años. Así lo decidieron 10.5 millones de ecuatorianos que acudieron a las urnas el pasado 19 de febrero, de los cuales, 1 millón votó entre blanco y nulo. Se trata de los dos candidatos que a simple vista más gastaron durante la campaña electoral, que en primera vuelta los enfrentó con los también presidenciables: Cynthia Viteri (quien obtuvo el 16.32% de la votación), Paco Moncayo (6.71%), Abdalá Bucaram (4.82%), Washington Pesántez, Iván Espinel y Patricio Zuquilanda, que sumaron los tres juntos el 4.7%. Los finalistas Moreno de AP y Lasso de CREO obtuvieron el 39.36% y el 28.09% respectivamente.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) estableció un monto de $1.922.404 como límite de gasto electoral para los binomios presidenciales durante la campaña de primera vuelta. Se trata del resultado de multiplicar $0.15 por 12’816.698 electores que contiene el padrón electoral. Adicional a eso, el CNE entregó el 30% del monto mencionado ($576.504) para la promoción de cada uno de los ocho candidatos. Es decir, que $4.614.011 del dinero de los ecuatorianos fue destinado a los presidenciables, y un total de $24.058.639 se adjudicaron a las organizaciones políticas, si se toman en cuenta los dineros asignados para la promoción de los candidatos a asambleístas provinciales, nacionales y parlamentarios andinos, que se enfrentaron por un escaño en estas elecciones.
Durante los 45 días que duró la campaña electoral de la primera vuelta, y que se extendió desde el 3 de enero al 16 de abril, los presidenciables difundieron su imagen y propuestas a través de radio, prensa, televisión y vallas publicitarias, utilizando el fondo de promoción entregado por el CNE. El resto de pagos debieron devengarse del monto límite para el gasto electoral. Según detalla el Reglamento para el Control de la Promoción o Publicidad y Gasto electoral, cada partido debió contabilizar los desembolsos realizados en: honorarios profesionales a nacionales y extranjeros durante la campaña (incluidos beneficios de ley, movilizaciones, viáticos y subsistencias); gastos en actos proselitistas como mítines, concentraciones, caravanas y asambleas; gastos administrativos en sus sedes de campaña (incluidos arriendos, servicios básicos, telefonía, internet, materiales y suministros de oficina); gastos en la elaboración de artículos promocionales, de imprenta y similares, como pancartas, hojas volantes, folletos, gigantografías, afiches, esferográficos, calcomanías y confecciones (camisetas, gorras, banderas, etc.); además de gastos en propaganda virtual como la creación de páginas web y la colocación de anuncios de internet en las versiones digitales de los medios de comunicación.
Aunque la campaña por el balotaje comenzó mucho antes de que se proclamen los resultados, este viernes inicia oficialmente según el cronograma del CNE. Serán 20 días en que los candidatos podrán desembolsar $769 001,88 por concepto de gasto electoral, y además, recibirán la misma cantidad por parte del Consejo Electoral que la noche del 3 de marzo último reformó el reglamento para incrementar el monto de promoción electoral.
‘No se puede coartar el derecho de los candidatos’
El Reglamento establece que los gastos ejecutados por las organizaciones políticas en la pre campaña debían ser imputados al límite de gasto electoral fijado en $1.922.404 en la primera vuelta, que en teoría tenía que ser respetado por todos los candidatos. En la práctica, la campaña empezó mucho antes del anuncio oficial de los postulantes a la presidencia y el despliegue propagandístico y proselitista durante la víspera y los 45 días dispuestos para su desarrollo, careció de estándares de regulación por parte del ente de control. Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral no fijó ninguna normativa respecto al tamaño, dimensión ni lugar donde colocar carteles, murales, ni cualquier otro tipo de publicidad electoral. Tampoco estableció el registro de las sedes de campaña establecidas por cada organización política, sin importar lo que se gaste en ello. Esto, con la finalidad de no limitar los derechos políticos de las organizaciones según le dijo a La Historia la vicepresidenta de la Junta Electoral de Guayas Gabriela Muñoz. «Ellos hacen todo lo que crean que pueden hacer durante su campaña, pero se recoge la evidencia y de allí vienen las sanciones… No se puede coartar el derecho de poder ejercer su campaña electoral, recordemos que la finalidad de la campaña es posesionar su imagen ante el electorado, para que la ciudadanía conozca quienes son los candidatos». En ese mismo sentido, Muñoz indicó que el Código de la Democracia tampoco establece la exigencia de registrar las centrales políticas.
En contraparte, la funcionaria señaló que el Consejo Nacional Electoral cuenta con una Unidad de Fiscalización y Control del Gasto Electoral, que está desplegada por todo el país y que se dedica a levantar información sobre la publicidad, propaganda, centros de campaña y actividades que realizan los sujetos políticos. «¿Qué hacemos como CNE? Comparamos la información que presentan los responsables de manejo económico (que deben llevar en detalle y en un libro diario los gastos de cada organización política) versus la información que hayamos levantado. Si es que ellos no han declarado cierto tipo de actividades o gastos y nosotros sí los tenemos -o ellos mismos declaran que se están excediendo en ese gasto-, se elabora un expediente que se remite al Tribunal Contencioso Electoral que es el ente jurisdiccional que resolverá», señala Muñoz.
Para tener una idea de los ingentes gastos en los que han incurrido las principales candidaturas presidenciales, indiferentemente a lo que estipula la ley, La Historia realizó un seguimiento de las actividades del primer mes de campaña (enero) y registró multitudinarios encuentros que significaron desembolsos onerosos según las fuentes consultadas. En esos baños de masas que se dieron los aspirantes a la presidencia, se evidenció como el oficialista Lenin Moreno gastó decenas de miles de dólares al día, en montajes de imponentes tarimas en distintos puntos del país. Seguido del candidato opositor Guillermo Lasso, que tampoco escatimó en gastos para promocionar su imagen.
En campaña, todo cuesta plata
Así mismo, La Historia registró los costos de los eventos de presentación de las principales candidaturas presidenciales, que según el Reglamento para el Control de la Promoción o Publicidad y Gasto electoral, debían contarse como parte de la precampaña y restarse al monto establecido para el periodo de campaña, comprendido entre el 3 de enero al 16 de febrero último. Comenzando de mayor a menor, el movimiento Alianza País de Lenin Moreno fue el que más gastó en su presentación oficial como candidato, que se realizó el 1 de octubre del año anterior en Quito. Moreno dio el “sí acepto” para representar al oficialismo en la contienda electoral, en un evento multitudinario en el estadio del Aucas, cuyo alquiler asciende a $25.000. El partido de gobierno colocó 5.000 sillas y tuvo que dejar una garantía de $10.000, según refirió el responsable de marketing del Aucas Andrés Sáenz. “Todavía no se devolvió porque tuvieron un problema en el césped, que se hizo amarillo y lo seguimos recuperando. Nos rompieron unas vallas, hubo unos baños rotos. Hay que hacer una inspección para ver”, explicó Sáenz. Mientras que el montaje del escenario que compartió Moreno con el presidente Rafael Correa y el vicepresidente y candidato a la reelección Jorge Glas, tuvo un costo aproximado de $22.000. La Historia consultó los costos referenciales de este y otros eventos con varios empresarios de la industria del espectáculo, y obtuvo cifras referenciales de dos promotores bajo la condición que sus nombres se mantengan en reserva pues participaban de la realización de eventos en la campaña electoral.
Solo cuatro días antes de aceptar la candidatura presidencial por AP, Moreno encabezó otro evento masivo en la Tribuna Sur de Quito con motivo de su regreso desde Ginebra. En ese montaje, Alianza País habría gastado alrededor de $12.000 según los expertos consultados, que coincidieron en que los eventos del gobierno eran los más costosos por su despliegue en sonido, y el uso de pantallas LED y robótica en las tarimas. Queda fuera de este cálculo el gasto en artistas, gigantografías, afiches, pancartas, banderas y camisas; además del gasto en movilización de los asistentes, que suelen llegar desde distintos puntos del país para las concentraciones de AP. Sin mencionar el costo de alquiler de equipos para la difusión de los eventos, que en el caso del oficialismo cuentan con un amplio despliegue y son pasados en vivo a través de internet y de los canales en poder del gobierno. Un caso emblemático fue la transmisión del lanzamiento de la candidatura de Moreno en el estadio del Aucas, por parte de los canales TC Televisión, Gama TV, Ecuador TV y El Ciudadano TV, lo que provocó la denuncia de la oposición sobre el uso de bienes públicos para beneficiar al oficialista Moreno. Los reclamos no llegaron a mayores porque el Tribunal Contencioso Electoral archivó la causa.
La presentación de las candidaturas de los opositores Guillermo Lasso y Cynthia Viteri, coincidieron en el sitio seleccionado: el coliseo Voltaire Paladines Polo ubicado al norte de Guayaquil. Solo en el alquiler de ese local, el movimiento Creando Oportunidades (Creo) de Lasso y el Partido Social Cristiano (PSC) de Viteri gastaron $15.000, “más una póliza de $30.000 a través de una aseguradora”; según indicó la encargada de la Federación del Guayas para estos asuntos, Betsy Farfán. El montaje del escenario de Lasso costó alrededor de $7.000 mientras que el de Viteri, que fue más sencillo, alrededor de $4.000. Aunque al igual que en el caso de los eventos de Moreno, dentro de esos cálculos solo se incluye sonido, tarima e iluminación. La presentación de la presidenciable Cynthia Viteri se realizó el 29 de septiembre pasado en el marco de “La Unidad” que fracasó poco después, mientras que el del líder de Creo Guillermo Lasso se desarrolló exactamente un mes después, el 29 de octubre, y fue aprovechado para anunciar que Andrés Páez sería su binomio. Por su parte, el cuarto finalista en la contienda electoral Paco Moncayo, eligió a la plaza Belmonte de Quito para proclamarse el 1 de octubre pasado como el candidato presidencial por los movimientos de izquierda agrupados en el Acuerdo Nacional por el Cambio. En este caso, el partido de Moncayo (Izquierda Democrática) gastó alrededor de $2.500 en el alquiler de la plaza y aproximadamente $5.000 en el escenario.
Ya en campaña oficial, el partido de gobierno continuó gastando, a mano suelta, durante los 45 días que duró la primera vuelta. Solo por citar el mes de enero, desde el día 3 (fecha de inicio) hasta el 31, Lenin Moreno encabezó 17 mítines desde grandes escenarios levantados para ese fin. Por ejemplo, el 26 de enero tuvo un encuentro con agricultores en el estadio de Babahoyo (Los Ríos) Rafael Vera. Solo en el alquiler del espacio (cancha y tribuna) AP pagó $4.000 según un funcionario del municipio, mientras que según los expertos consultados, el montaje de la tarima, equipos de sonido y pantallas LED, habría llegado a los $20.000. Ese mismo día, el oficialista también estuvo en Quevedo, donde presidió otro acto similar cerca del río de igual nombre.
A partir del análisis realizado y a diferencia del resto de candidatos, todos los eventos que presidió Moreno durante el mes enero, fueron de grandes dimensiones y en ocasiones, a ritmo de dos diarios. Está el caso de Los Ríos del 26 de enero, el caso de Portoviejo y Chone, en Manabí, el 13 de enero, donde se montaron sendos espectáculos en las calles para que intervenga el presidenciable. Hubo casos en los que el alquiler del espacio costó mucho menos que el montaje, como en el coliseo de Loja, donde estuvo el 18 de enero para otro mitin. Además, tuvo grandes encuentros en espacios cerrados, como el Teatro de la Casa de la Cultura en Quito, que tiene un costo de alquiler de $2.500 y fue utilizado por el oficialista para una reunión con jóvenes. Esto, según las averiguaciones que hizo La Historia del precio de varios locales ocupados por los candidatos.
Lasso también gastó en el alquiler de varios espacios para la realización de concentraciones, como en la explanada del Centro de Convenciones de Guayaquil, cuyo precio referencial es de $4.000 según la encargada. Fue allí donde comenzó su campaña el 4 de enero pasado, sobre un escenario que tuvo un costo aproximado de $10.000 según los promotores consultados. A día siguiente se presentó en la plaza Belmonte de Quito, en un evento similar. Durante enero, según el registro de LaHistoria, el candidato opositor tuvo 16 mítines sobre tarima, de los cuales, solo cinco fueron concentraciones grandes. Aparte de las ya mencionadas, tuvo una concentración el 12 de enero último en la plaza Otorombo de Cuenca y actos masivos en los cantones Babahoyo y Quevedo de la provincia de Los Ríos el 21 de enero. La mayoría fueron tarimas medianas con una carpa encima.
Los candidatos finalistas Moreno y Lasso, fueron los que más gastos y actos masivos tuvieron durante la campaña de primera vuelta. La tercera finalista, Cynthia Viteri, al menos durante el mes de enero, tuvo varios recorridos en distintas provincias, actos medianos de presentación de sus planes de gobierno con distintos sectores, convocatorias a ruedas de prensa en hoteles de Quito y Guayaquil, y apenas tres eventos que requirieron del montaje de tarimas pequeñas. Algo similar pasó con el representante de las izquierdas Paco Moncayo, quien se enfocó en numerosas caminatas y caravanas en distintos puntos del país, un par de eventos grandes en Guayas de la mano del prefecto Jimmy Jairala, y otras cinco concentraciones de menor tamaño. Mientras que Dalo Bucaram se concentró en la región Costa, principalmente en la provincia de Guayas, donde permaneció la mayoría del mes de enero e intervino en al menos 8 eventos con montajes medianos y pequeños. (Todas las actividades de los candidatos las puede explorar en el mapa interactivo).
Este 10 de marzo empezó oficialmente la campaña electoral para la segunda vuelta, aunque desde hace varias semanas, los candidatos le han dado la vuelta al país sin escatimar en gastos. Entonces, el cumplimiento del límite de gasto electoral queda en manos de la Unidad de Fiscalización del CNE y en la buena voluntad de las organizaciones políticas, que tienen un plazo de 90 días después de los comicios para presentar las cuentas de la campaña. Además de una prórroga de 15 días si no cumplen con la entrega del informe en el periodo inicial. Caso contrario, el Reglamento para el Control de la Propaganda establece que las delegaciones electorales deben remitir la denuncia y el expediente al Tribunal Contencioso Electoral.
Caso aparte es el gasto en redes sociales que en esta campaña marca récords de gastos, facilitados porque en este mundo virtual no existe ningún control de la autoridad electoral. Esto será considerado en un capítulo especial de este informe.
Los partidos políticos tendrán que rendir cuentas del gasto, pero también de los financistas de sus campaña, en un país caracterizado por la opacidad en temas electorales. Pero esa ya es otra historia.